La izquierda se tira piedras sobre su propio tejado al adherirse a la teoría de la equivalencia ricardiana

Reproduzco un artículo de opinión publicado en www.redmmt.es originalmente

Llevamos dos semanas observando atónitos las rebajas tributarias clasistas y reaccionarias que están proponiendo los gobiernos autonómicos de derechas. Igualmente nos han descolocado unos partidos de izquierda que han saltado como un resorte a denunciar el inminente colapso del estado del bienestar que van a provocar esos regalos tributarios. A nivel nacional la trifulca la han abierto las comunidades autónomas gobernadas por la derecha. A nivel internacional, la guinda la ha aportado el Reino Unido con el plan más ambicioso de Europa de protección a hogares y empresas de la subida de los precios energéticos y un plan de estímulos fiscales para evitar la marcha hacia la recesión basado en rebajas de impuestos para los ricos (les presentamos la ‘trusseconomics’, una versión moderna del caducado “trickle down econonomics” de la era Reagan que traducimos al castellano libérrimamente como ‘economía de los despojos’) que ha coincidido con malas decisiones del Banco de Inglaterra. Stephanie Kelton no ha podido evitar la tentación de hacer un acertadísimo juego de palabras con el apellido de la nueva primera ministra.

La reacción de la izquierda ha demostrado que es prisionera del peor pensamiento neoclásico en cuestiones de hacienda y de que se ha tragado no sólo el anzuelo sino también la caña de pescar entera de la teoría de equivalencia ricardiana. Esto explica por qué la izquierda tiene serios problemas para entender cómo hacer realidad sus programas cuando tiene ocasión de acercarse al poder.

Vayamos por partes.

La equivalencia ricardiana, otra viga del edificio neoclásico en ruinas que se viene abajo.

La equivalencia ricardiana (…) afirma que el sector privado reacciona ante las noticias de un aumento del déficit público reduciendo su consumo ahora para ahorrar en previsión de mayores impuestos en el futuro para cubrir ese “agujero” fiscal.

Primero entendamos qué es la equivalencia ricardiana. Esta teoría es un postulado de la teoría dominante neoclásica que afirma que el sector privado reacciona ante las noticias de un aumento del déficit público reduciendo su consumo ahora para ahorrar en previsión de mayores impuestos en el futuro para cubrir ese “agujero” fiscal.  Además parte de un supuesto de que existe una alberca de fondos prestables limitados. Por ello exigirá mayores tipos de interés por sus préstamos al gobierno puesto que se postula que aumentará el riesgo de impago el gobierno. Es una superchería que asume una perfecta racionalidad de unos hogares visionarios.

Este concepto solo tiene sentido bajo un régimen de patrón oro: el Estado ha tomado oro prestado luego en el futuro me lo va a quitar a mí para devolverlo a los prestamistas. No tiene ningún sentido en un sistema de moneda fiduciaria. El Estado crea nuevos fondos cuando gasta y los destruye cuando recauda impuestos. De hecho ese déficit crea un ahorro financiero neto para el sector privado así que es imposible que el sector privado se pueda angustiar por culpa del déficit actual.

Los déficits públicos del pasado no implican que el Estado tendrá un superávit fiscal en el futuro. De hecho los Estados suelen estar en déficit casi todos los años y solo durante un fuerte período de crecimiento se alcanzan superávits fiscales gracias al efecto de los estabilizadores automáticos.

Por tanto un déficit fiscal hoy ni implica mayor presión fiscal en el futuro, ni —¡presten atención, políticos y opinadores progresistas!—  compromete la capacidad de gasto del Estado ni ninguna prestación del estado del bienestar en el futuro. Si aprenden esto quizá algún día lleguen a ser gobernantes eficaces.

Una recaudación disparada que no se puede gastar.

Hay que entender la coyuntura que ha desencadenado esta serpiente de veranillo de San Miguel. La recuperación económica tras el fin del estado de alarma causado por la pandemia y la subida de los precios —provocada por los precios de la energía, la guerra de Ucrania y un diseño ortodoxo de un mercado eléctrico oligopolizado— han causado un rápido crecimiento de la recaudación que muchos gestores públicos han presentado como una buenísima noticia, un hito histórico. El informe mensual de la Agencia Tributaria nos informa de que:

«Hasta julio los ingresos crecieron un 18% (16,2% los ingresos brutos y 9,4% las devoluciones realizadas). En el mismo periodo los ingresos en términos homogéneos aumentan un 17,5% (hasta junio, 16,7%). La base imponible agregada de los principales impuestos creció en el primer semestre un 15,7%.

(…)

Los elementos que explicaban el crecimiento en los meses anteriores y que continuaron haciéndolo en julio son por orden de importancia: el crecimiento de los ingresos por IVA consecuencia de la mejora del consumo y de las subidas de precios; el aumento de los ingresos del IRPF, fundamentalmente por las retenciones del trabajo y vinculado a la creación de empleo y a los incrementos en salarios y pensiones medias y en el tipo efectivo; y las menores devoluciones realizadas a comienzos de año en el Impuesto sobre Sociedades (el primer pago fraccionado ingresado en abril tuvo también un buen comportamiento, pero se comparaba con un periodo de 2021 con ingresos extraordinarios). A estos elementos se añade el considerable aumento de los ingresos por la cuota positiva de la declaración anual del IRPF del ejercicio 2021.»

Parece evidente que los políticos se han sorprendido del normal funcionamiento de unos estabilizadores automáticos que, en esta ocasión, se han pasado de frenada. Sin embargo esto ha creado un problema insospechado.

Resulta que las administraciones autonómicas se han encontrado con unas entradas de caja que no pueden gastarse porque el Gobierno de España impuso un incremento del techo de gasto ridículo, 0,7% más que el año anterior. Eso es en términos nominales. Si tenemos en cuenta el efecto de la inflación ese aumento es una reducción en términos reales.

Una recaudación disparada y una reducción del gasto público en términos reales conducen a un superávit fiscal que drena dinero de la economía. Es una política dura de austeridad inoportuna que puede cargarse la recuperación económica tras la pandemia. Estas son las consecuencias indeseables de la reforma del artículo 135 de la Constitución, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera  y del Tratado de la UE, del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y demás restricciones institucionales impuestas desde la UE que han creado una auténtica camisa de fuerza para que la política fiscal actúe con eficacia cuando es necesario para gestionar el ciclo económico.

Mientras tanto en Europa nadie parece preguntarse por el papel de la política fiscal en la ralentización del crecimiento en el continente. Se prefiere achacar toda la responsabilidad a la guerra de Ucrania. Los países europeos caminan como zombis hacia la recesión por culpa de estas normas.

Las administraciones autonómicas se han encontrado ante un dilema: o devolver el dinero a los bancos (lo cual equivale a la cancelación de ese dinero) o a la ciudadanía mediante una reducción de impuestos.

Rebajas fiscales con sesgo de clase

Abrió la tanda de rebajas tributarias el gobierno conservador (PNV+PSOE) del País Vasco con una deflactación del IRPF en todos los tramos del 5,5%. La semana pasada el recientemente reelegido presidente de Andalucía, el conservador Moreno Bonilla, anunció la bonificación del 100% del impuesto sobre el patrimonio. Posteriormente hicieron lo propio las Comunidades Autónomas de Murcia y Madrid anunciando también deflactaciones del IRPF. Moreno Bonilla utilizó la retahíla de argumentos reaccionarios propios de un partido ultraconservador: ese Impuesto sobre el Patrimonio es doble tributación sobre rentas que ya han tributado —¡como si los asalariados no pagaran impuestos dos veces sobre sus salarios (IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social)!—, así atraemos a billonarios catalanes a Andalucía y otra sandeces similares.

Es evidente que esta figura tributaria ha sido relegada hace años al baúl de los impuestos testimoniales. La recaudación es ridícula y no sirve para corregir las crecientes desigualdades en la distribución de la riqueza. La Encuesta Financiera de las Familias, que publica cuatrienalmente el Banco de España, demuestra con datos esa creciente desigualdad en la distribución de la riqueza donde el top 1%,  año tras años, se zampa un trozo mayor del pastel.

Índice de concentración de la riqueza del 1% más rico de España (Fuente: Encuesta financiera de las familias del Banco de España)

Desde Red MMT creemos que hace falta introducir una figura tributaria que ayude a reducir contundentemente esa desigualdad en el reparto de la riqueza. Pero no porque sea necesario financiar el estado del bienestar con esa recaudación sino porque pensamos que la concentración de la riqueza es una peligro para una democracia ya que conduce a la formación de oligarquías. El actual impuesto sobre el patrimonio no cumple satisfactoriamente esa función así que la propina a los señoritos andaluces va a cambiar poco la situación.

La reacción ricardiana de la izquierda

Siendo deplorable la estrategia fiscal de la derecha —a la que le ha obligado el dogmatismo neoclásico del equipo económico del Gobierno de España y las absurdas normas de las que nos ha dotado la UE, no lo olvidemos— reconocemos que nos ha sorprendido el histerismo en las filas de los partidos de centroizquierda e izquierda. Lejos de reconocer que existía un problema en el funcionamiento de los estabilizadores automáticos y abrir la puerta a un aumento del gasto público o reducciones tributarias han salido en tromba a denunciar el fin del estado del bienestar en las comunidades autónomas gobernadas por los ultraconservadores. Así, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, manifestó que “la cara b de las bajadas de impuestos a los ricos” son los “brutales recortes en los servicios públicos“. El Gobierno de Navarra ha considerado “insolidario” que Andalucía elimine el Impuesto del Patrimonio y reclame más fondos al Estado. El sindicato de técnicos de Hacienda, que también peca de nociones de fiscalidad neoclásica, ha lamentado que la guerra fiscal para atraer ricos empobrece a todos. La ministra Montero ha dicho que “ Madrid intenta imponer un esquema mental por el hecho de ser capital” lamentándose de que “otros compran ese esquema mental que solo puede beneficiar a la capitalidad“. La ministra Calviño ha invocado a los sagrados organismos multilaterales como el BCE, el FMI y la OCDE para justificar la negativa del Gobierno a reducir los impuestos. Le ha faltado invocar a todos los ángeles, arcángeles, serafines, querubines y demás seres imaginarios de los cielos.

Habría sido más pedagógico explicar que había un problema en el funcionamiento de los estabilizadores automáticos. Debería haber tomado la iniciativa con una propuesta de reducción de los tributos de naturaleza progresiva o una flexibilización de las reglas de gasto para las administraciones públicas y una denuncia al armazón institucional de la austeridad fiscal.

La izquierda sigue siendo rehén del peor pensamiento neoclásico sobre la hacienda pública. En nuestra opinión hubiera sido más pedagógico explicar que había un problema en el funcionamiento de los estabilizadores automáticos. Debería haber tomado la iniciativa con una propuesta de reducción de los tributos de naturaleza progresiva o una flexibilización de las reglas de gasto para las administraciones públicas y una denuncia al armazón institucional de la austeridad fiscal. Ahora actúa con retraso y tras haber cedido la iniciativa a la derecha.

Arrepentimiento

Lo decimos porque la realidad tiene la desagradable costumbre de imponerse. El presidente de Valencia tuvo que proponer una reducción tributaria con una deflactación del IRPF hasta en cuatro tramos en rentas inferiores a 60.000 euros.

Finalmente el Gobierno de España ha tenido que reconocer el problema y, dado que no estaba dispuesto a aumentar el techo de gasto y la economía estaba mostrando síntomas de desaceleración, ha tenido que proponer su propia reforma fiscal, pero con efectos solo a partir de 2023. O sea tarde para evitar los efectos de la austeridad fiscal que ya estamos padeciendo.

La reforma tributaria llega tarde

Hoy la ministra Montero anunció la exención del IRPF para las rentas inferiores a 21.000 €, un aumento del tipo de gravamen sobre rentas del ahorro superiores a 200.000 € y una rebaja del tipo de gravamen del Impuesto sociedades para pequeñas empresas al 23%. Es una reforma fiscal que corrige levemente la regresividad de nuestro sistema tributario. Para disfrazarlo de reforma progresiva se ha aplica un impuesto de solidaridad temporal a las grandes fortunas que “abonarán los contribuyentes con una riqueza neta de más de 3 millones de euros en la base liquidable. Entre los 3 y 5 millones, el tipo será del 1,7%; entre los 5 y 10 millones, será del 2,1%; y a partir de los 10 millones, del 3,5%”. Éstas no tienen nada que temer mientras gobierne el PSOE. Sin embargo, no va a llegar a tiempo de evitar los efectos anticíclicos del exceso de recaudación de 2022.

Tildó de “chamanes fiscales” y “populistas” a los presidentes autonómicos de derechas pero Montero tampoco es inocente de chamanerías. La ministra Montero en su rueda de prensa se ha visto obligada a hablar de “pedagogía fiscal”: sigue vendiendo la teoría de que los impuestos financian los servicios públicos. Estamos de acuerdo en que las propuestas de la derecha son regresivas: defienden sus intereses de clase, los de la oligarquía. Pero ella y su gobierno siguen operando bajo un marco mental en el cual unas reducciones tributarias deben quedar compensadas por otros aumentos equivalentes o llegará el día del Juicio Final en el que el Estado del Bienestar se irá al infierno.

Al mismo tiempo la ministra reconoció que la Comisión Europea nos pide una reducción de la diferencia en presión fiscal con otros países europeos. Es curiosa esta fijación con ese guarismo porque donde está la diferencia relevante con otros países europeos es en el porcentaje de empleo público, mucho menor en España, una inversión pública en mínimos históricos y un estado de bienestar raquíticos. Los objetivos de política fiscal deben ser estos y no un porcentaje de recaudación sobre el PIB. Solo sería oportuno aumentar la recaudación tributaria si estuviéramos en una situación de pleno empleo y existieran tensione inflacionarias producto de un exceso de demanda. Esas circunstancias no se dan actualmente ni de lejos en España.

No podemos descartar que en la actitud timorata del Gobierno de España esté pesando el chantaje permanente del BCE que anunció hace poco que condicionaba sus compras de títulos del Tesoro a la aplicación del marco fiscal europeo.

Cruzamos el Canal de La Mancha

En el Reino Unido la nueva primera ministra Truss, un remedo de Margaret Thatcher, anunció la semana pasada un paquete de ayudas a hogares y empresas para aliviar los efectos de la subida de los precios de la energía con topes a las facturas de la energía. No entraremos en los detalles de este plan. Por supuesto la ha acompañado de una reforma tributaria regresiva  —para algo es una conservadora que representa a las oligarquías de su país— aboliendo un recargo a las renta más altas.

Simultáneamente el Banco de Inglaterra ha desencadenado una crisis financiera. Su decisión de interrumpir las compras de bonos del Tesoro británico provocó una caída de su precio y una rápida escalada del rendimiento. Fue una decisión irresponsable que recalca por qué la independencia de los bancos centrales es una pésima idea. Los titulares alarmistas sobre hecatombes financieras no tardaron en aparecer en la prensa financiera.

Pero la reacción entre medios como The Guardian o entre los conservadores asesores económicos del Labour Party, como Simon Wren-Lewis, ha demostrado que son prisioneros de la teoría de la equivalencia ricardiana. No han querido desaprovechar la oportunidad de decir “¿Lo veis? Si el gobierno baja los impuestos ahora los mercados se enfadan y nos castigan porque saben que la deuda podría ser impagable y habrá que subir impuestos o recortar gastos en el futuro”. ¡La izquierda alineándose con el relato de los mercados que castigan a los gobiernos manirrotos! Ver para creer.

Pero correlación no es causalidad. Este episodio es de exclusiva responsabilidad del banco central que se ha visto obligado a rectificar al día siguiente anunciando un nuevo paquete de compras por importe de 65 mil millones de libras “para calmar a los mercados”. Nos ahorraríamos todos estos problemas absurdos si los tesoros dejaran de emitir estos títulos que no son más que una reliquia de la era del patrón oro. Por supuesto que un soberano monetario como el Reino Unido no tiene ninguna restricción financiera ni ahora ni en el futuro para abordar este plan de ayuda de emergencia ni estas rebajas fiscales con independencia de la opinión que nos merezcan.

Conclusión

La equivalencia ricardiana no es relevante en nuestro sistema monetario.

Es importante que la izquierda aprenda cual es la función real de los impuestos y deje de caer en las trampas dialécticas conservadoras. La equivalencia ricardiana no es relevante en nuestro sistema monetario. Para la izquierda esa teoría contiene las semillas de la derrota segura: si hoy la usas contra los gobiernos de derecha, mañana la derecha y los organismos multilaterales te exigirán medidas de austeridad porque el déficit excede de algún umbral mágico que nadie sabe dónde está. La fiscalidad se tiene que valorar en términos de la hacienda funcional: los efectos de los impuestos sobre el crecimiento económico y la distribución de la renta y riqueza. Se trata de aplicar el método científico y no obsesionarse con reglas contables y cabalísticas.

Y no os olvidéis de luchar por recuperar nuestra soberanía monetaria. Sin ella no hay democracia.

Un error en cada encrucijada

 En las últimas semanas se han producido tres eventos que delatan la disfuncionalidad del sistema político europeo. En cada encrucijada los políticos europeos parecen tomar la peor decisión posible por puro dogmatismo y adhesión a conceptos obsoletos. El pensamiento económico neoclásico es un paradigma en degeneración: es incapaz de hacer una lectura correcta de la situación y de proponer soluciones eficaces.

Segregación en las pensiones

En el Congreso de los Diputados se aprobó la Ley que había presentado el ministro Escrivá regulando los planes de pensiones de empleo. Este instrumento incluye la posibilidad de que el Estado promueva este tipo de fondos. En anteriores ocasiones hemos explicado por qué el análisis del pensamiento dominante sobre la existencia de una supuesta restricción financiera que impide el pago de las pensiones dignas es completamente erróneo. La restricción relevante es la existencia de un excedente productivo para atender a la población dependiente.

Sin embargo no esperábamos otra cosa de Escrivá cuya ideología está alejadísima, ya no del socialismo sino de una mínima noción de estado del bienestar. Sabíamos que esta reforma estaba incluida en el paquete de reformas comprometido con la UE en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y advertimos de su llegada. Apenas encontramos eco entre la clase política a nuestra crítica de ese proyecto de Ley pese a habernos dirigido a varios representantes de la soberanía popular pidiendo el voto en contra.

Lamentamos las consecuencias de un desarrollo ulterior de esta ley. Implicará que se destinen recursos públicos a inversiones en los mercados financieros sin existir ninguna justificación económica para ello. Resultará en un sistema de pensiones públicas segregado con pensiones mayores para los funcionarios de mayor rango  que disfrutarán de un plan de pensiones individual. Mientras quedan cientos de miles de perceptores de pensiones miserables. En lugar de mejorar el Gobierno opta por alimentar el negocio financiero. Al mismo tiempo contribuirá a la especulación financiera y al negocio de las entidades bancarias. Resulta un sarcasmo que Escrivá justifique esta ley como una medida para asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones sobre todo cuando ya conocemos que en Chile y EEUU la anterior crisis financiera global dejó a muchos jubilados sin pensión cuando sus ahorros se desvanecieron.

Desaciertos monetarios

El Banco Central Europeo ha inaugurado un verdadero festival de desaciertos con la rueda de prensa que dio Christine Lagarde el pasado viernes 17 de junio en la que la presidente de la institución anunciaba medidas para hacer frente al episodio de inflación. Fundamentalmente se confirma la renuncia a hacer compras netas de títulos del Tesoro de los Estados miembros. También declaró que elevarían los tipos de interés oficiales del BCE en 25 puntos básicos en su reunión de política monetaria de julio. Mientras tanto, el Consejo de Gobierno decidió dejar sin cambios el tipo de interés de las operaciones principales de financiación y los tipos de interés de la facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito en el 0,00 %, el 0,25 % y el -0,50 %, respectivamente.

El efecto fue casi instantáneo. Como predijimos en diciembre que ocurriría cuando el BCE dejara de comprar la deuda de los estados periféricos más endeudados, la prima de riesgo, ha vuelto. El primer día laborable tras la desafortunada rueda de prensa el rendimiento del bono griego a 10 años llegó al 4,5%, el de Italia al 4% y el de España y Portugal al 3%.

La medida es innecesaria porque ¿cómo podría conseguir que baje el precio del gas natural o del petróleo? Desde la TMM hemos explicado reiteradas veces que el BCE solo tiene capacidad de determinar el tipo de interés. Existe abundante evidencia empírica de que no hay una correlación negativa robusta entre nivel de precios y tipos de interés. También sobra evidencia empírica de que los niveles de inversión y consumo dependen más de las expectativas de los agentes económicos que del tipo de interés. Como explica Warren Mosler, el tipo de interés funciona al revés de cómo lo supone el mainstream, es decir, lejos de reducir la inflación puede contribuir a empeorarla, por ejemplo a través del canal de renta o porque las empresas con poder de mercado tengan capacidad de repercutir el incremento de sus costes a sus clientes. Si no sabes qué efecto va a tener manipular el tipo de interés, entonces ¿para qué lo tocas?

La doctrina neokeynesiana (la variante bastardizada del keynesianismo) reniega de la política fiscal y confía fundamentalmente en la política monetaria salvo en el régimen excepcional del límite inferior cero, cuando los tipos de interés ya no se pueden reducir más. Por eso hasta el año pasado incluso antiguos popes del mainstream, como Olivier Blanchard, estaban dispuestos a  admitir que había lugar para aceptar la dominancia de la política fiscal, pero solo temporalmente y bajo las condiciones extraordinarias de bajos tipos de interés (como si los bancos centrales no pudieran controlaros). Pero ante el actual episodio de la inflación los bancos centrales se sienten de nuevo reivindicados en su papel de guardianes no electos de gestión del ciclo económico. Los banqueros necesitan demostrar que son necesarios y que deben actuar ante un episodio de inflación. Es lo único que los legitima ante la opinión pública y no quieren perdir sus empleos. Nunca fue más evidente el argumento para disolver estas entidades e integrar sus funciones en el Tesoro, tal como propone Bill Mitchell.

El BCE sabe que no hay necesidad de elevar tipos de interés. De hecho, aunque han revisado sus proyecciones de inflación al alza para este año, los estudios del banco central reconocen que las circunstancias son transitorias y que los precios volverán a su cauce el año que viene.

«Las nuevas proyecciones de los expertos prevén una inflación anual del 6,8% en 2022, antes de que se proyecte que disminuya al 3,5% en 2023 y al 2,1% en 2024, más alta que en las proyecciones de marzo. Esto significa que se prevé que la inflación general al final del horizonte de proyección esté ligeramente por encima del objetivo del Consejo de Gobierno. Se proyecta que la inflación, excluyendo la energía y los alimentos promedie, 3.3% en 2022, 2.8% en 2023 y 2.3% en 2024, también por encima de las proyecciones de marzo.»

Un escenario que difícilmente puede considerarse alarmante y que solo resulta llamativo porque han establecido un objetivo de inflación inferior pero cercano al 2%. Dejando al margen la racionalidad de fijar un objetivo de inflación rígido, algo que por otra parte carece de soporte teórico salvo el de asegurar un nivel de desempleo acorde a los intereses de las oligarquías, cabe preguntarse: ¿habrían sobreactuado de esta manera si, por ejemplo, el BCE hubiese establecido su objetivo de inflación en el 5% o el 6% este año?

El BCE, como el alacrán de la fábula, no puede ir en contra de su naturaleza. A diferencia del Banco de Japón, que cada vez entiende mejor su papel, el BCE —como el Banco de Inglaterra o la Reserva Federal— ha anunciado subidas de tipos. Eso tendrá un efecto redistributivo —de carácter regresivo— como mucho pero no arreglará el problema de inflación. Lo que sí va a ser dañino es lo de la prima de riesgo. Si se deja que se escape, como en 2010, lo único que se conseguirá es que los Estados periféricos del Sur se vean obligados a implementar medias de austeridad en cuanto vean que tienen problemas para colocar su deuda a tipos de interés razonables y se restablezcan las reglas de equilibrio presupuestario.

La escalada de la prima de riesgo ha alarmado al BCE. Aunque su misión explícita sea asegurar la estabilidad de precios, todos sabemos que, a la postre, toda institución se preocupa por su propia supervivencia. Por eso esta semana la entidad ha empezado a hablar de un instrumento para evitar una “fragmentación” que entorpecería la “transmisión de la política monetaria”. Tras su reunión “ad hoc” del pasado 15 de junio el BCE comunicó que

«Sobre la base de esta evaluación, el Consejo de Gobierno decidió que aplicará flexibilidad en la reinversión de los reembolsos adeudados en la cartera de PEPP, con vistas a preservar el funcionamiento del mecanismo de transmisión de la política monetaria, condición previa para que el BCE pueda cumplir su mandato de estabilidad de precios. Además, el Consejo de Gobierno decidió encomendar a los comités pertinentes del Eurosistema, junto con los servicios del BCE, que aceleren la finalización del diseño de un nuevo instrumento de lucha contra la fragmentación para su examen por el Consejo de Gobierno.»

Neolengua con la que se trata de reconocer que, si la prima de riesgo se dispara como en 2010 estaría en riesgo la supervivencia del euro, es decir, se le podría caer el tinglado al BCE.

No sabemos qué forma tendrá ese instrumento “antifragmentación” aunque es probable que venga condicionado pero no sabemos muy bien a qué. La presión es grande y debe haber una intensa lucha política dentro del BCE y otras instituciones europeas entre representantes de la ortodoxia “austérica” y los partidarios de la supervivencia.

El ministro de Hacienda alemán, Lindner, un conocido halcón de la austeridad y otros colegas suyos ya están exigiendo que se reduzcan los déficits y han menospreciado el riesgo de “fragmentación”. No cuesta demasiado imaginar al sumiso Gobierno de España y a sus dogmáticos ministros neoliberales, Calviño, Escrivá y Montero, plegarse a estas exigencias.

Quedamos a la espera de conocer los detalles del instrumento antifragmentación y su condicionalidad. Pero no resulta sorprendente que el Banco de España haya revisado su previsión de crecimiento para este año al 4,1% y no nos extrañaría ver más correcciones a la baja. Nos arriesgamos a salir de la crisis pandémica en falso y los fondos Next no serán suficientes para evitar la recesión.

La renta disponible de familias españolas está siendo sofocada por una soga de cuatro nudos: recaudación tributaria disparada gracias al efecto de la inflación sobre la base imponible del IVA, encarecimiento de la vivienda gracias a la subida de los tipos de interés, encarecimiento del precio de la energía y una previsible reducción de gasto público. Esto huele a recesión inminente si no se corrige el rumbo.

Estas elites europeas, presas de su propio dogmatismo doctrinal, no dejan de patinar en sus decisiones.

El Banco Central Europeo quiere hacerse notar

 

Otra decisión lamentable

La semana pasada el Banco Central Europeo (BCE) anunció una subida de tipos de interés de 75 puntos básicos. A partir del 14 de septiembre el tipo de interés de las operaciones principales de financiación y los tipos de interés de la facilidad marginal de crédito y de la facilidad de depósito se incrementarán hasta el 1,25 %, el 1,50 % y el 0,75 %, respectivamente. Esta lamentable decisión sigue a otra tomada el pasado mes de julio que criticamos igualmente.

Según la entidad esta medida permitirá una vuelta a la tasa de inflación del 2% que es su objetivo. No les damos crédito dado que tampoco consiguieron ese objetivo durante la larga década en la que los tipos de interés estaban en 0% y sufrimos una prolongada deflación. ¿Por qué deberíamos creer que ahora sí van a conseguir ese objetivo manipulando la variable del tipo de interés?

La halcón Schnabel

Ya lo había anunciado Schnabel en un discurso que pronunció en las convivencias y ejercicios espirituales de banqueros centrales en Jackson Hole: volvían de las vacaciones con ganas de imponer “sacrificios”. En Jackson Hole estos tecnócratas, demasiado bien retribuidos e impasibles al sufrimiento que causan a los demás sus decisiones, han debido calentarse unos a otros con palmaditas en la espalda y palabras de aliento para tomar decisiones duras a su vuelta de vacaciones.

El discurso de Schnabel debe guardarse como oro en paño. Dentro de poco tiempo tendremos que recuperarlo para ver cómo una lógica perversa condujo a efectos sociales indeseables. En él se recogen todos los tópicos neoclásicos sobre la función de los bancos centrales y la política monetaria.

En su arrogancia de banquera central, Schnabel atribuye la “gran moderación” —ese prolongado período de baja inflación— a la actuación de los bancos centrales.

Existe un amplio acuerdo en que una mejor política monetaria fue un factor importante detrás de la Gran Moderación. A medida que los bancos centrales emprendieron la lucha contra la inflación en espiral a fines de la década de 1970 y principios de la década de 1980, redujeron y estabilizaron las expectativas de inflación en niveles que proporcionaron un ancla nominal sólida para las empresas y los hogares.

Cita como evidencia un trabajo escrito por economistas neoclásicos. Disentimos. La gran moderación se puede atribuir a un largo período de petróleo barato y a la brutal desactivación del poder de negociación de la clase trabajadora tras el abandono de las políticas de pleno empleo que habían sido comunes hasta los años 70.

Aunque la propia Schnabel reconoce que han sido la pandemia y el conflicto ucraniano los principales causantes del episodio reciente de inflación trata de justificar su postura de halcón. Su argumento es que existe riesgo de que las expectativas de inflación pierdan su anclaje.

En términos generales, sabemos por qué ocurren estos cambios entre los consumidores que tienen menos conocimientos financieros. Estos consumidores forman predominantemente sus expectativas basadas en experiencias de inflación.  Pero para la zona del euro, la encuesta de expectativas de los consumidores del BCE muestra que las personas que tienen más conocimientos financieros y que se consideran a sí mismas desempeñando un papel relevante en la fijación real de precios y salarios han revisado recientemente sus expectativas de inflación a medio plazo en mayor medida que otros participantes en la encuesta.

¡Pero esas expectativas siguen firmemente ancladas en niveles de inflación muy razonables a medio plazo! No superan el 4% para 2023.

Por otra parte un trabajo de Jeremy B. Rudd, publicado en el boletín de la Reserva Federal hace apenas un año, cuestiona la utilidad de gestionar dichas expectativas.

Los economistas y los responsables de la política económica creen que las expectativas de los hogares y las empresas sobre la inflación futura son un determinante clave de la inflación real. Una revisión de la literatura teórica y empírica relevante sugiere que esta creencia se basa en fundamentos extremadamente inestables, y se argumenta que adherirse a ella acríticamente podría conducir fácilmente a graves errores de política.

¿Se leen los banqueros centrales los trabajos de sus propios investigadores?

Ella no es una mujer timorata. Schnabel es como un panzer alemán. Nos la imaginamos aporreando la mesa en el consejo de gobierno del BCE advirtiendo de las consecuencias ominosas de no actuar ahora. Entre la cautela o actuar con decisión no puede haber dudas para un banquero central a riesgo de que se suelte el ancla de las expectativas.

Hay dos caminos amplios que los bancos centrales pueden tomar para hacer frente a la alta inflación actual: uno es un camino de precaución, en línea con la opinión de que la política monetaria es la medicina equivocada para hacer frente a los choques de oferta.

El otro camino es el de la determinación. En esta senda, la política monetaria responde con mayor fuerza al actual episodio de inflación, incluso a riesgo de un menor crecimiento y un mayor desempleo. Este es el enfoque de “control robusto” de la política monetaria que minimiza los riesgos de muy malos resultados económicos en el futuro.

Los banqueros centrales tiran por la borda la cautela y la sensatez. Es la hora de los banqueros centrales temerarios a los que no les tiembla el pulso. Están decididos a que algunos de nosotros perdamos nuestro empleo. Los neoliberales repiten como un mantra que la inflación es un impuesto sobre los pobres. No nos engañemos: ese argumento es una justificación para dejar a algunas personas desempleadas sin remordimientos. Para que unos conserven su poder adquisitivo otros deben perderlo completamente. Esa es la esencia de la economía neoclásica. El verdadero impuesto a los pobres es crear desempleo para que el terror acechante al paro limite su poder para negociar sus condiciones laborales.

Qué consecuencias tendrá

Sí sabemos que quienes tengan un préstamo hipotecario a tipo variable van a tener que transferir un mayor porcentaje de su renta a su banco. Quienes quieran comprar un bien de consumo duradero financiado a plazos o invertir en bienes de equipo tendrán que pagarlos más caros. ¡Extraña forma de luchar contra la inflación!

No conseguirá reducir el precio del petróleo y del gas.

No conseguirá reducir el precio del gas natural.

No resolverá los cuellos de botella logísticos.

No aumentará la producción de microprocesadores.

Además el BCE cree que sus decisiones van a tener consecuencias negativas para la economía. Así lo anuncian en su página web (versión dummy).

La economía se mantiene por ahora, principalmente debido al turismo

La gente está viajando de nuevo y gastando dinero en servicios. Un número récord de personas tienen trabajo. Pero las empresas están sufriendo los altos precios de la energía y los problemas restantes con la escasez de materiales y equipos.

Las perspectivas para los próximos meses están empeorando.

La economía se desacelerará sustancialmente a finales de este año La alta inflación está frenando la producción de las empresas y el gasto de la gente. El efecto de apoyo de la reapertura de nuestra economía se debilitará. Menos demanda del resto del mundo está pesando sobre la economía. Las personas y las empresas tienen mucha menos confianza porque las perspectivas son muy inciertas.

Si ese es el escenario que prevén y además creen que su decisión de subir tipos de interés va a influir en el nivel de actividad económica ¿por qué lo hacen?

Sí sabemos que quienes tengan un préstamo hipotecario a tipo variable van a tener que transferir un mayor porcentaje de su renta a su banco. Quienes quieran comprar un bien de consumo duradero financiado a plazos o invertir en bienes de equipo tendrán que pagarlos más caros. ¡Extraña forma de luchar contra la inflación!

No creemos que una subida de 75 puntos básicos vaya  a tener un gran impacto en las decisiones de inversión de las empresas. Las empresas toman sus decisiones en función de expectativas de rentabilidad. La variable tipo de interés es simplemente un factor de coste adicional que influirá o no en su decisión en función de que puedan transmitir ese coste a sus clientes. Si están evaluando un proyecto de inversión lo que va a pesar más son los flujos de caja que esperan obtener. Si el gobierno se dedica a hacer una política fiscal contractiva es más probable que eso sí influya. Así pues, la influencia de la decisión del BCE se canalizará sobre todo a través de la presión que ejerce sobre los responsables de la política fiscal.

Naturalmente las cotizaciones de los bancos españoles subieron la semana pasada como la espuma. Son los principales beneficiarios de esta decisión y sus accionistas lo saben. Se produce ahora la venganza del rentista. Ahora bien, la fiesta de los rentistas no va a durar mucho. De entrar nuestras economías en recesión la morosidad y las insolvencias no tardarán en llegar. Veremos dónde quedan las cotizaciones bancarias entonces.

Cotización del Banco Santander

Cotización del BBVA

Cotización del Banc de Sabadell

El Banco Central Europeo debe ser disuelto inmediatamente.

La decisión que sí va a tener un impacto en nuestra economía es la de introducir un instrumento para proteger la transmisión para detener la escalada de la prima de riesgo de los estados meridionales.

Las decisiones del BCE revelan que no han aprendido nada de anteriores crisis económicas. Sus responsables siguen siendo prisioneros de la escuela neoclásica, un edificio que se desmorona. Toman decisiones contradictorias con su propia investigación académica, con los datos que manejan y con la evidencia empírica. Saben que sus decisiones de tipos de interés lejos de resolver problemas los agravan. Sus decisiones son socialmente regresivas y un estorbo. Pero no pueden evitarlo: necesitan sentirse importantes y necesarios. Los banqueros centrales han creído en un relato que condena la política fiscal a la irrelevancia y establece la dominancia de la política monetaria en la gestión del ciclo económico. Para el martillo todo es clavo y el BCE tiene una caja de herramientas limitada. Y además los banqueros centrales son unos narcisistas sociopáticos.

La decisión que sí va a tener un impacto en nuestra economía es la de introducir un instrumento para proteger la transmisión para detener la escalada de la prima de riesgo de los estados meridionales. El problema es que el BCE condiciona las compras de bonos a la aplicación de políticas de ajuste presupuestario y este condicionamiento sí va a conducirnos a una recesión. De hecho el Gobierno de España ya ha anunciado que el techo de gasto crecerá tan solo un 1,1% en 2023 en términos nominales, lo cual, teniendo en cuenta la tasa de inflación, equivale a una reducción de proporciones históricas en términos reales. Cuando se anunció la introducción del instrumento la prima de riesgo cayó rápidamente pero ha rebotado con fuerza en el último mes. El rendimiento del bono español a 10 años está otra vez cerca del 3% y el del italiano ya supera el 4% aunque esta vez se debe en parte a que también ha aumentado el rendimiento del bono alemán a 10 años. Más que reducir el gasto público lo que va a conseguir el BCE es un cambio en su composición: menos gasto social y menos inversiones públicas y más en rentas para billonarios. Justo lo que no necesitan nuestras economías en este momento.

Los bancos centrales occidentales están equivocándose de forma reiterada. El siguiente mapa publicado por Statista demuestra que sólo los bancos centrales de los países asiáticos han comprendido que no es el momento de subir tipos de interés.

Como explica Bill Mitchell en esta entrevista de Carlos García lo mejor para todos sería suprimir los bancos centrales e integrar sus funciones en los tesoros nacionales.

¿Quién dijo recuperación económica? Vuelven los tambores de austeridad

 Publicado originalmente en Hordago

Hace algo más de un año, en abril de 2021, el Gobierno de España hacía público el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia donde indicaba que era “imprescindible y urgente impulsar a medio plazo un proceso de transformación estructural, y llevar a largo plazo a un desarrollo más sostenible y resiliente”. El conflicto bélico en Ucrania así como las consecuencias económicas derivadas, ha roto con aquella apuesta por una salida de la crisis que fuera más allá de las políticas de austeridad. Los últimos anuncios sobre los ajustes en política monetaria y fiscal sugieren que las autoridades económicas españolas y europeas se han arrepentido de estos ambiciosos objetivos. El fantasma de los recortes recorre, de nuevo, el Sur de Europa.

El ajuste monetario y fiscal

Ese amargo recuerdo de las políticas económicas de la contención del gasto público proceden de uno de los miembros de la Troika, el actor central en el ciclo de austeridad anterior. La semana pasada, el Banco Central Europeo (BCE) comunicó una subida de los tipos de interés de referencia en 50 puntos básicos. Además, en julio, suspendió las compras netas de títulos del Tesoro de los Estados europeos aunque la reaparición de la prima de riesgo le ha obligado a introducir un nuevo instrumento para proteger su transmisión, cuya activación está condicionada a la aplicación de ajustes presupuestarios.

En la práctica, el endurecimiento de la política monetaria no será eficaz para frenar el incremento de los precios y, a lo sumo, provocará un encarecimiento de la compra de viviendas, bienes de consumo duradero y de la financiación empresarial. Servirá también para lanzarle a los gobiernos el mensaje de que se acabó el tiempo para implementar medidas de austeridad.

Además, al componente monetario debe añadirse que la política fiscal se ha situado en un posicionamiento cada vez más contractivo. Hasta junio de 2022, la recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) creció un 18,3% respecto al mismo período del año anterior. Incluso las haciendas forales de la ecúmene vasca han anunciado recaudaciones récord este año. Esto se puede atribuir a la vigorosa recuperación del empleo y al efecto de la inflación en la recaudación por IVA, aunque quizá ese estabilizador automático de la política fiscal se esté pasando de frenada.

“Tanto el BCE como los gobiernos nacionales actúan condicionados por su adhesión al pensamiento económico dominante”

Hemos de indicar que tanto el BCE como los gobiernos nacionales actúan condicionados por su adhesión al pensamiento económico dominante. Según este, la inflación es un fenómeno sencillo de resolver con una subida de tipos de interés y recortes de déficit público. Lo que se pretende, entonces, es deprimir la demanda para que caigan la inversión y el empleo y con ellos los precios. Es una solución muy tosca al problema de la inflación, pero la élites económicas no tienen otra: para el martillo del banco central, todo es clavo.

¿Expansión o recorte del gasto?

Sucede que, simultáneamente, el consumo de las administraciones públicas ha encadenado dos trimestres de reducción y parece que las cuentas públicas están evolucionando rápidamente hacia el equilibrio presupuestario. De nuevo, desde el pensamiento económico dominante, esto se considera una noticia positiva. No obstante, es importante entender que el déficit público es, al céntimo, equivalente al ahorro neto del sector no estatal.

Si segmentamos una economía en tres sectores (privado, estatal y exterior) se puede constatar que el ahorro neto de cada uno de ellos suma exactamente cero. En otras palabras, para que el sector privado doméstico pueda ahorrar es condición necesaria que el gobierno o el resto del mundo desahorre o se endeude. Si a la reducción del déficit público, que galopa hacia el superávit, sumamos el deterioro de la balanza comercial por culpa de los precios de la energía importada, entonces resulta sencillo entender por qué el sector privado doméstico se enfrentará pronto a una decisión dolorosa: o bien reduce su ahorro y se endeuda para mantener su nivel de gasto; o bien mantiene sus objetivos de ahorro y reduce su consumo. Dadas las consecuencias de los precios y del encarecimiento de la financiación bancaria sobre la caída del consumo, probablemente el superávit fiscal y el déficit comercial añadirán otra pesada losa sobre las economías domésticas.

A Flourish chart

En efecto, sigue activa la cláusula de escape, medida tomada excepcionalmente en 2020 para permitir que los países aumentasen su gasto ante la crisis del coronavirus, según se recoge en el llamado paquete de primavera del Semestre Europeo. No obstante, Bruselas está presionando al gobierno de España para que inicie el camino del ajuste presupuestario. En sus recomendaciones al Gobierno de España para 2023 pide “garantizar una política fiscal prudente, en particular limitando el crecimiento del gasto corriente” y “una reducción creíble y gradual de la deuda”. También Alemania ha exigido al gobierno de España que empiece a ajustar sus cuentas. Asimismo, los medios de comunicación más influyentes, siempre adeptos al pensamiento neoliberal, conminan al gobierno para que tome medidas de contención del déficit.

Cabe una consideración añadida respecto a las falsas imágenes sobre la expansión del gasto público que puede ofuscar nuestra perspectiva sobre los tambores de austeridad. La semana pasada el Gobierno anunció que el techo de gasto crecería en 2023 un 1,1%. Ahora bien, si lo ajustamos por el dato de la inflación –que en junio llegó al 10,8%– ello equivale a una contracción del gasto en términos reales. En palabras más didácticas, si la administración gasta 1000 un año y al año que viene gasta 1010, entonces ha aumentado el gasto un 1%, pero sólo en términos nominales, porque, si la inflación es de diez puntos, en términos reales se están reduciendo el gasto en un 8,2%.

Pese a las bondades atribuidas a los desembolsos económicos en el marco de los fondos Next Generation EU, lo cierto es que hasta la fecha ascienden a 24.000 millones €, menos del 1% del PIB español por anualidad. Desde luego, una mirada unidimensional hacia los fondos europeos no puede compensar el que podría ser uno de los mayores recortes de la historia económica reciente. Menos aún frenar el reciente episodio de inflación y los problemas energéticos causados por el conflicto ucraniano, detonantes del acto de constricción por la política fiscal expansiva acordada en 2021.

Una respuesta inadecuada

La racionalidad de un ajuste presupuestario es cuestionable cuando, en términos reales, el PIB español sigue por debajo de los niveles previos a 2020. El desconcierto es mayor si consideramos que la tasa de desempleo sigue por encima del 12%, por encima del no menos preocupante 8,75% en el que se sitúa en el País Vasco. Es indefendible argüir que nuestra economía ha agotado su capacidad productiva y que nos enfrentemos a un episodio de recalentamiento de la economía española que exija una política contractiva y, mucho menos, austericida.

En el ámbito de la política monetaria, las decisiones del Banco Central Europeo también resultan incomprensibles. El mismo BCE publicó hace poco tiempo un informe de la situación, cuyo análisis consideramos más correcto, donde se confirmaba que los cuellos de botella logísticos que habían constreñido las cadenas de suministro globales empezaban a despejarse. Del mismo modo, su presidenta Christine Lagarde mostraba haber entendido que elevar los tipos de interés no afectaría a los precios del gas natural y del petróleo, los causantes directos del episodio reciente de inflación.

En suma, la subida de tipos de interés no conseguirá ningún efecto real sustancial más allá de encarecer un poco más la financiación para la compra de vivienda, de bienes duraderos y la inversión empresarial. Es decir, reducirá el poder de compra de la mayoría y, en el caso de la inversión empresarial, aquellas empresas con mayor poder de mercado simplemente repercutirán a sus clientes el mayor coste. Es más probable que subir los tipos de interés ayude a encarecernos la vida que a abaratarla.

Por último, parece dudoso que una subida de 50 puntos básicos en los tipos de interés tenga la entidad suficiente como para enfriar la inversión y la actividad económica lo suficiente como para hundir la demanda y obrar la caída de precios por esa vía. Entonces ¿por qué lo hacen?

“Los banqueros centrales necesitan justificar su existencia porque saben que la política monetaria no puede remediar el actual episodio de inflación”
Da la impresión de que el BCE actúa como el proverbial perro guardián que se pone a ladrar cuando pasa un transeúnte por la calle. Éste pasará de largo puesto que no tenía ninguna intención de entrar en la finca, pero el perro se quedará ufano pensando que han sido sus avisos los que han evitado la intrusión. Los banqueros centrales necesitan justificar su existencia porque saben que la política monetaria no puede remediar el actual episodio de inflación.

El carácter inadecuado de la respuesta fiscal y monetaria queda más patente si tenemos en cuenta que hay abundante evidencia de que el episodio de inflación será transitorio. Hay dos motivos. Uno es que no hay condiciones para que se dé una puja distributiva entre capital y trabajo que desencadene una espiral de precios salarios. Un reciente estudio publicado por el BCE demuestra que, a diferencia del episodio de inflación de los años 70 del siglo pasado, detonado por las sanciones de la OPEP a los países occidentales por su apoyo a Israel, en esta ocasión la clase trabajadora carece del poder negociador para iniciar una dinámica inflacionista de segunda ronda con reivindicaciones salariales eficaces. De hecho, el promedio de subidas salariales negociadas por convenio y firmadas hasta junio en España está en el 2,45% y en el 5% en Euskadi, muy por debajo de la subida del IPC.

El segundo motivo es que en las últimas semanas los precios de materias primas como trigo, maíz, acero o petróleo están cayendo. Solo el precio del gas natural sigue tensionado por culpa del conflicto ucraniano y las sanciones mutuas entre Rusia y los países de la OTAN. Esta caída de precios augura un pronto final del episodio de inflación, pero también nos indica que avanzamos rápidamente hacia la recesión que buscaban los economistas neoclásicos.

La última encuesta publicada de pronosticadores profesionales del BCE demuestra que la inflación puede llegar al 7,5% en 2022, pero prevén una caída de la inflación en 2023 hasta el 3,5%. Esto demuestra que el episodio durará lo que tarden en disiparse los cuellos de botella y tensiones en los mercados de materias primas que lo originaron en primera instancia y que, por tanto, las intervenciones del BCE y las políticas fiscales contractivas no sólo son inútiles sino que son inoportunas.

Nos acecha la recesión

Pese a que es evidente que el episodio de inflación actual es transitorio, la respuesta política está teniendo como efecto una gradual ralentización de las recuperación económica. Ciertamente, España se estaba recuperando con fuerza de la crisis pandémica: la tasa de paro alcanzó un mínimo que no veíamos desde el año 2008 y, si bien los datos de crecimiento del primer trimestre no tuvieron mucho lustre y el INE los ha revisado a la baja, el segundo trimestre el crecimiento fue mucho más positivo. Asimismo, la creación de empleo ha estado en niveles históricos y la reforma laboral ha tenido efectos positivos en la reducción de la temporalidad.

Por eso, si bien es necesario cuestionar la utilidad de la política monetaria para frenar la inflación, lo cierto es que los anuncios del BCE persiguen un objetivo más ambicioso: presionar a favor de un ajuste presupuestario. De hecho, el sesgo contractivo de las políticas fiscales está dando al traste con la recuperación en todas las economías avanzadas. La política fiscal contractiva del gobierno de Joe Biden ha llevado a la economía de EEUU a la recesión, al caer su PIB un 0,9% en el segundo trimestre. En España también empieza a haber síntomas de agotamiento. FUNCAS, el BBVA, el Gobierno y el FMI han producido una cascada de revisiones a la baja del PIB. Por otro lado, el dato de empleo más reciente publicado por el SEPE da cuenta de una caída sin muchos precedentes en julio. El índice PMI cayó en julio por debajo de 50 en España y otros países de la zona euro, un indicador de decrecimiento de la actividad manufacturera.

“La ralentización se puede atribuir a la inflación y las incertidumbres originadas por el conflicto ucraniano y el temor a cortes de suministro del gas en Alemania…aunque aquí nos atrevemos a añadir que la política fiscal ha metido algunos clavos más en el ataúd de la recuperación”

La mayoría de los analistas sugieren que esta ralentización se puede atribuir a la inflación y las incertidumbres originadas por el conflicto ucraniano y el temor a cortes de suministro del gas en Alemania. Muchos análisis coinciden en que el consumo de los hogares se está resintiendo por culpa de la pérdida de poder adquisitivo, aunque aquí nos atrevemos a añadir que la política fiscal ha metido algunos clavos más en el ataúd de la recuperación. Nadie toca los tambores de austeridad con tanta fuerza como el BCE.

Contra la política neoclásica

La respuesta de los economistas neoclásicos a la inflación siempre es crear desempleo. Este es el propósito de subir los tipos de interés y de las políticas de austeridad. Lo hace intencionadamente y lo justifica con la teoría de la tasa natural de desempleo. De esta manera, la miseria moral del pensamiento neoclásico se manifiesta en todo su esplendor: para que unos conserven su poder de compra, otros deben perderlo completamente.

Podría encontrarse alguna justificación para dicha política si nos encontráramos ante un caso de inflación causada por un exceso de demanda, pero este episodio es un caso clásico de inflación impulsada por los costes de la energía. Y no olvidemos que la inflación es siempre un problema distributivo. Ciertamente, el cártel de países productores de petróleo y gas natural ‒Rusia, Argelia, la OPEP‒ nos ha subido los precios de la energía y las empresas energéticas como Repsol o Naturgy nos han repercutido el coste incrementado con sus márgenes de forma implacable. Dado que este es un hecho insoslayable, la cuestión a dilucidar es quién va sufrir el incremento de los precios, es decir, cómo se gestiona el conflicto distributivo y a quién perjudica.

“Quienes están perdiendo la batalla distributiva son los hogares con menor renta, cuyo poder de negociación ha sido laminado por un mercado laboral profundamente degradado”

En este sentido, la población de España tiene muchas papeletas para ser uno de los agraciados a la hora de pagar los platos rotos. La estrategia del pensamiento neoclásico ante la subida de los costes energéticos es ponerle la tapa a la olla a presión y dejar que los precios relativos dentro del sector privado se ajusten a la nueva realidad en función del poder de mercado de cada cual. Por eso, quienes están perdiendo la batalla distributiva son los hogares con menor renta, cuyo poder de negociación ha sido laminado por un mercado laboral profundamente degradado. Al final del día, para que unos conserven su poder de compra otros deben perderlo completamente.

Necesitamos otra política

En mi opinión, la respuesta adecuada ante este episodio de inflación debe tratar de cómo se restablece la relación real de intercambio frente al cártel de países productores y de cómo se amortigua el impacto para la población con menor renta. Los gobiernos no pueden prevenir la pérdida en ingresos nacionales reales como consecuencia de este impacto. Deberían permitir que la totalidad del aumento en el coste de los combustibles pase a los usuarios para animar a conservar energía y a abandonar los combustibles fósiles según ha indicado el propio FMI.

Gestionar el conflicto distributivo es, pues, aceptar que los precios tienen que subir porque lo han hecho los de la energía importada, protegiendo de este modo a quienes tienen menor capacidad de repercutir el incremento. Urge un paquete de medidas sociales, no un paquete de fondos europeos para promover la recuperación de los capitalistas nacionales.

Curiosamente, desde la derecha hay propuestas que abogan por un ajuste fiscal menos riguroso, conseguido mediante alivios tributarios. Se ha pedido incluso paliar el impacto de la inflación con una deflactación del IRPF. La deflactación evita que los contribuyentes, cuyas rentas han sido actualizadas para compensar en todo o en parte la inflación, experimenten una pérdida de poder adquisitivo adicional por un efecto de salto a un tipo de gravamen marginal más alto. Pero conviene recordar que la mayoría de la clase trabajadora no se ha beneficiado de alzas salariales por lo que esta medida interesa a quienes mayor capacidad de negociación conservan para proteger sus rentas.
Socialmente sería más progresista proteger las pensiones y los salarios frente a la inflación. Las recientes subidas del salario mínimo interprofesional han quedado anuladas por la inflación. El SMI debe recuperar ese poder de compra perdido. Otras medidas, como desvincular las revisiones de los alquileres del IPC, el tope al precio del gas natural destinado a producción eléctrica o la rebaja del IVA para la electricidad, van en esa dirección.

Conviene recordar que los precios los suben las empresas, no los trabajadores. Por eso se echa en falta una política antitrust beligerante. Hay evidencia de que las empresas con mayor poder de mercado están repercutiendo sus precios a los clientes finales más allá de lo que justificarían los mayores costes energéticos, como asegura un reciente estudio de Comisiones Obreras. Del mismo modo, muchas empresas multinacionales están subiendo sus precios. El citado estudio del BCE confirma que los márgenes e impuestos unitarios han impactado más en las subidas de precios y que los salarios están perdiendo participación en la renta nacional. Entre las noticias más obscenas al respecto puede señalarse que las empresas energéticas, como Repsol, Iberdrola o Naturgy, reportaron el primer trimestre de 2022 un incremento de sus beneficios si los comparamos con los del mismo período del año anterior.

“No sacrifiquemos la recuperación económica para que sean los más pobres quienes estabilicen los precios. Estamos a tiempo de evitar la recesión si la política fiscal cambia de rumbo”

Poner coto al abuso de posición dominante con una intervención de los precios en los sectores más oligopolizados parece contrario a los sagrados principios de libre mercado que encarna la Unión Europea, pero las circunstancias actuales nos obligan a ser heterodoxos. El Gobierno español ha propuesto nuevos impuestos a los beneficios extraordinarios de la banca y las eléctricas pero, si no se acompañan de topes a los precios, estos oligopolios repercutirán ese coste incremental a sus clientes sin contemplaciones.

No sacrifiquemos la recuperación económica para que sean los más pobres quienes estabilicen los precios. Estamos a tiempo de evitar la recesión si la política fiscal cambia de rumbo. Cuando nos enfrentamos a una crisis climática sin precedentes y a precios de la energía disparados, parece más lógico aumentar la inversión pública para acelerar la transición energética y eliminar la dependencia de los combustibles fósiles. Esta estrategia es la mejor arma de lucha contra la inflación presente y futura. Releguemos los bancos centrales al papel para el que se constituyeron históricamente: gestionar el sistema de compensación de pagos y actuar como prestamistas de última instancia. Como los bancos centrales realmente no saben qué efectos reales van a tener los tipos de interés, quitémosles ese juguete imponiendo el mandato de que se limiten a mantenerlos en 0% a perpetuidad.