No hay dinero para las pensiones

El presidente Eme Punto Rajoy ha hecho esta declaración hace unos días:

"Es fácil decir 'suban las pensiones', pero si no hay dinero no se puede tomar el pelo"

Sin que sirva de precedente, por una vez le daré la razon. Es cierto que el gobierno no tiene dinero.

No tiene sentido que el gobierno tenga dinero porque el dinero del estado es solo una deuda del estado. ¿Para qué querría el gobierno una deuda consigo mismo? Esto sería tan absurdo como crear una hucha para pagar las pensiones del futuro.

Es más, un gobierno ni siquiera debe ahorrar porque, si lo intenta, solo lo puede conseguir metiendo a familias y empresas en deuda. El ahorro del gobierno no tiene sentido macroeconómico. Es mejor que un gobierno no ahorre.

Así pues, Sr. Eme Punto Rajoy, tiene más razón que un santo: no hay dinero. Pero igualmente Vd. nos está tomando el pelo. Porque Vd. tiene el poder de crear dinero.

Le voy a explicar cómo puede crear dinero.

El gobierno crea dinero cuando gasta. Basta con darle a un botón y -¡presto!- el gobierno ha creado el dinero. El 97% del dinero tiene forma electrónica; es un mero apunte contable registrado en un ordenador. Ese dinero se crea cuando un funcionario del Tesoro le da a una tecla de un ordenador.

Supongamos que un jubilado tiene derecho a una pensión mensual de 1.000 euros. Todos los meses un ordenador de la Tesorería de la Seguridad Social genera una orden automática de transferir 1.000 euros desde su cuenta a la del jubilado. Ya ni siquiera es necesario que lo haga un funcionario, ya ve Vd., Señor Eme Punto. Lo que sale de la cuenta de la Tesorería son ceros y unos. Lo que entra en la cuenta del jubilado son ceros y unos.

Lo siento por los tecnoutópicos del bitcoin. El dinero digital fue inventado hace décadas. ¡Y es más seguro que un Bitcoin!

¿Qué es lo que recibe ese jubilado? Un crédito fiscal que el jubilado u otra persona a la que le transfiera ese dinero del estado podrá utilizar para saldar sus impuestos en el futuro.

Sí, Señor Eme Punto, es así de sencillo. Así que le voy a explicar cómo puede usted conseguir ese dinero para subir las pensiones.

Vaya al Congreso de los Diputados y proponga una ley para acabar con ese engendro llamado "Factor de Sostenibilidad de las Pensiones". A continuación haga un decreto para que las pensiones suban al menos tanto como los precios. 

¿Ve como es fácil encontrar el dinero? Sólo tiene que reconocerles más créditos fiscales a los jubilados. El jubilado puede optar por ahorrar sus créditos fiscales (difícil, las pensiones no dan para tanto) o gastarlos y entregárselos a otro contribuyente que le deba más dinero a Hacienda.

Cuando un contribuyente paga sus impuestos ese crédito fiscal se cancela, se destruye. ¡Abracadabra!

Vd. tiene ese poder, Señor Eme Punto. Así que lo que ha dicho me indica dos posibilidades sobre Vd.:

• Vd. es un ignorante porque no sabe cómo funciona nuestro sistema monetario.
• Vd. es un mentiroso

Lamentablemente me da la impresión de que Vd. es ambas cosas a la vez.

Cuando crees que eres Robin Hood también creerás que te tienen que rescatar

Artículo publicado originalmente en el Blog de la Fundación Alternativas el pasado 25 de enero de 2018.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se está esmerando. Ha empezado el año introduciendo en el debate político, dominado desde hace meses por el ‘monotema’, un asunto de calado social. Para ello ha echado mano de una obsesión de Ferraz: las pensiones y su sostenibilidad. La campaña comenzó con alarmismo por el agotamiento de la hucha de las pensiones. Me asombra el celo del PSOE al reivindicar su gestión del Fondo de Reserva, nombre técnico de esa alcancía donde el Estado guarda deuda emitida por él mismo. Me sorprende porque la invención de esa hucha se inspira en principios neoliberales de capitalización de las pensiones incompatibles con los de solidaridad intergeneracional propios de nuestro sistema de reparto. En otro artículo he argumentado que la hucha de las pensiones no es una bandera de la izquierda. Poco importa. Se trataba de captar la atención de sus envejecidas bases electorales para poder presentarles su propuesta estrella de la temporada. La cuesta de enero parece época propicia para reflexionar sombríamente sobre excesos y presupuestos domésticos.


Tranquilos, señoras y señores mayores: el PSOE tiene el plan que sosegará las inquietudes que previamente les han inoculado. Prometen levantar 2.745 millones de euros anualmente con dos nuevos impuestos a la banca y a las grandes empresas y la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social para las rentas superiores a 45.000 euros brutos anuales. Nos dicen que es justo que la banca rescatada ahora nos rescate pagando un nuevo impuesto incremental sobre el impuesto de sociedades del 8% y otro impuesto del 0,1% sobre las transacciones financieras que ordenen empresas con una capitalización de mercado superior a los 1.000 millones de euros (la mayoría de las empresas del IBEX 35 superan esa capitalización). “Rescate por rescate”, nos cuenta el PSOE.


¡Qué imprudencia poner al Estado en situación de dependencia de las grandes empresas!


Vaya por delante que no objeto al aumento de los impuestos sobre las rentas altas y las grandes empresas. En este país el Estado lleva demasiando tiempo tratándolas con algodones. El pilar fundamental de nuestro sistema tributario son los llamados impuestos directos que recaen mayoritariamente sobre las rentas del trabajo. Los gobiernos del PSOE y del PP llevan décadas reduciendo la progresividad de los impuestos discriminando gravemente las rentas del trabajo respecto a las rentas del ahorro. Según datos facilitados por la AEAT, el tipo efectivo tributado sobre las rentas del ahorro no superó el 10% en 2014 mientras que, para las rentas del trabajo, el tipo medio efectivo fue del 14%.


La causa de mi crítica a la idea del PSOE no procede de un aborrecimiento por la creación de nuevos impuestos, sino de las premisas de origen ideológico neoliberal que la contaminan. Implícitas en la propuesta de crear impuestos finalistas para asegurar las pensiones se hallan una serie de falacias que proceden de la escuela económica neoclásica y que llevan décadas aprisionando ideológicamente a los partidos socialdemócratas. Refleja creencias como que el Estado tiene que financiar su actividad mediante impuestos o el temor reverencial a los déficits y deuda públicos, a los que se atribuyen supersticiosamente todo tipo de males como el improbable crowding out del sector privado o la generación de amenazas inflacionistas. En las mentes progresistas estas falacias desembocan en otra más que les es peculiar: la falacia de Robin Hood. Es decir, creer que el estado necesitaría extraer dinero de los ricos antes de financiar los servicios públicos.


Esta creencia coloca al Estado en una posición de debilidad, subalterna al gran capital, de pedigüeño que tiene que extraer una limosna de los ricos para redistribuirla hacia las clases medias (recordemos que en España la política social nunca fue pensada para atender las necesidades de los pobres).


La creencia en el estado Robin Hood es una desgracia para los políticos progresistas porque la disposición emocional del capitalismo oligárquico condiciona las políticas sociales. Los progresistas han tolerado el libre movimiento de capitales cediendo a argumentos de eficacia en la asignación que son bastante cuestionables. Recordemos que fue el PSOE el que negoció el Tratado de Maastricht. El temeroso socialdemócrata está persuadido de que si enojamos al capitalista con un exceso de tributación trasladará sus depósitos bancarios a otros lares más acomodaticios.


Craso error porque, lejos de necesitar los impuestos para financiarse, el Estado tiene la capacidad de crear el dinero. En cambio, las grandes empresas y las personas adineradas solo son meros usuarios de una divisa que ha creado el Estado, único monopolista en su emisión. El Estado consiente que los bancos participen de ese monopolio creando instituciones que estabilizan el sistema bancario y aceptando el dinero crediticio como medio de pago para liquidar las deudas tributarias. Pero, lejos de necesitar el dinero de los oligarcas, el Estado puede crearlo a coste cero. El sector privado, salvo que se dedique a la falsificación de moneda, no puede crear moneda. Si estudiamos el balance consolidado del sector privado solo el Estado y las exportaciones pueden entregarles los activos financieros que permiten que tenga una posición de ahorro neto positivo.


Cuando el Estado paga una pensión simplemente está creando dinero. De hecho lo que hace es una anotación contable en el banco del pensionista. Un jubilado podría perfectamente quedarse delante de la pantalla de su ordenador y observar cómo el día de abono de su pensión los dígitos que representan su saldo bancario aumentan en el importe de su pensión. Ese dinero no sale de una empresa o de un banco, lo crea el Estado. El Gobierno no necesita que Robin Hood se lo quite a los ricos.


La función de los impuestos, frente a lo que cree el equipo de Pedro Sánchez, no es la de financiar al Estado sino la de crear demanda por la moneda que ha éste introducido en la economía al ejecutar el gasto público. Los impuestos además destruyen el dinero creado por el Estado.


Un político armado de este conocimiento puede diseñar impuestos más eficaces. Puede utilizarlos para drenar poder de compra si la inflación mostrara su patita aunque hace años que no la vemos por estos lares. También puede someter a los ricos a mayor tributación, no para sacarles un dinero que el Estado no necesita, sino para evitar que consuman una cuota de los recursos reales desproporcionada como cuando construyen mansiones horrorosas o impedir que retengan poder de compra en lugar de reintegrarlo al circuito económico. Los impuestos pueden servir para pastorear las actividades del sector privado alejándolo de aquéllas socialmente indeseables y encauzándolo a otras socialmente más útiles y beneficiosas (por ejemplo desincentivando el uso de combustibles fósiles).


Tratados de Maastricht


Cierto es que el ingreso de España en la Unión Monetaria Europea ha limitado ese poder de nuestro Estado, cesión que no fue inocente pues respondía al designio neoliberal de someter completamente nuestra sociedad a las "fuerzas del mercado". Aun así, los mecanismos operativos de nuestro sistema monetario siguen siendo esencialmente los mismos aunque estén muy condicionados a la aplicación de límites arbitrarios señalados en los Tratados de Maastricht, esos que negoció el PSOE.


Para asegurar las pensiones no hace falta ningún impuesto. Basta con que la población adulta tenga empleo en actividades que produzcan bienes y servicios en suficiente cuantía como para que haya un excedente que se destine a los jubilados. Un impuesto sobre las transacciones financieras no sirve para ese propósito.


El impuesto sobre las transacciones financieros es una vieja bandera de algunos movimientos progresistas. Tradicionalmente se ha postulado como herramienta para contener el desarrollo de una actividad crediticia generadora de burbujas y especulación dentro del modelo de capitalismo financiarizado. ¿Tiene mérito la propuesta del PSOE entonces como instrumento contra la financiarización? Es improbable. El impuesto a las transacciones parte de una visión de economía de mercado según la cual ésta se puede regular alterando los precios de forma que tal impuesto introduciría fricciones sobre las transacciones financieras desincentivándolas y reduciendo así su volumen. Pero un impuesto como sugiere el PSOE del 0,1% realmente no parece tan gravoso como para conseguir ese fin. Este empeño en mandar tenues señales al mercado se parece a pretender que se puede apagar un incendio echando cubitos de hielo. Si el PSOE considera que estas transacciones son dañinas deberían proponer su prohibición o limitación con ­ ¡válgame Dios!­ regulación eficaz, la prohibición de aquéllas que son claramente lesivas o incluso, — ¿por qué no?— la nacionalización de bancos.


Así pues ¿para qué queremos ese nuevo impuesto? Ni va a cumplir con el propósito de financiar las pensiones, como he explicado, ni va a desincentivar el desarrollo del capitalismo financiarizado.


Subir los impuestos a las grandes empresas de mayor capitalización no me parece mal pero hay que entender qué se pretende conseguir. Me parece mucho más acertado un impuesto que contribuye a mejorar la equidad fiscal. Por eso me permito hacerle una sugerencia al PSOE: someter a las rentas del ahorro a la misma presión fiscal que se aplica ahora a las rentas del trabajo.


Concluyo compartiendo con ustedes la principal razón de mi perplejidad. ¿A qué viene esa obsesión con la sostenibilidad de las pensiones? ¿Por qué es ésa la única partida cuya sostenibilidad está en cuestión y no, por ejemplo, el presupuesto de la Casa Real, el de tendido de kilómetros de AVE o el de Defensa? ¿Por qué tienen que ser las pensiones las únicas prestaciones sociales que se ‘financian’ a través de un presupuesto segregado de los generales del Estado? ¿Acaso tenemos una caja de la sanidad pública, otra para las políticas educativas, u otra para defensa? No necesitamos que rescaten al Estado; dejen de amedrentar a la población.

EL ESTADO COMO ARQUITECTO DEL FUTURO

Seguimos con la serie sobre la Carta de Madrid que elaboramos conjuntamente Red MMT España y Rete MMT Italia. Puedes encontrar el texto complete en este enlace. También puedes mostrar tu adhesión en esa página de Red MMT.

Es el motivo por el cual considero al estado como trascendental. Siguiendo las políticas motivadas por las leyes verdaderas de la economía, el Estado permite a las personas, cada uno como individuo libre y autónomo, acceder a un nivel superior de conocimiento, felicidad, descubrimiento de su futuro: el acceso al Universo.

Alain Parguez

El estado es el sujeto que ha configurado el planteamiento socio-institucional sobre el cual el capitalismo se ha desarrollado y ha tomado forma. La autoridad política no debe solo actuar a posteriori en la cura de las patologías del capitalismo, sino que es fundamental para alcanzar el progreso económico y social actuando también a priori, estableciéndose como “arquitecto del futuro”. El estado arquitecto del futuro es la clave para la emancipación, la libertad, la esperanza. Es un elemento de estructura, no de superestructura.

El estado es el único sujeto dotado de la capacidad financiera que permite realizar las inversiones sobre el futuro y afrontar los retos históricos a los que el sector privado no puede y no quiere enfrentarse. Es el único que pude garantizar el acceso universal a los derechos fundamentales para el pleno desarrollo y la participación económica y social de la persona. Es el único que puede hacerse garante de la construcción de una auténtica democracia económica, política y social.

Es el único que puede diseñar el sistema de forma tal que las relaciones de fuerza que se desarrollan en la sociedad no lleguen nunca a ser tan desequilibradas como para consentir a las patronales de la aristocracia capitalista determinar en soledad el devenir histórico de las naciones, tal como ha sucedido casi siempre hasta hoy.

Investigación científica y médica básica, dotación de infraestructuras materiales e inmateriales, inversiones con largos periodos de retorno social, frecuentemente implican elevados riesgos de fracaso y tal cantidad de previsión y “paciencia” que nadie en el sector privado está en condiciones de encargarse de ellas¹.

El primero de los “sectores estratégicos”, la primera inversión real para una comunidad, son la infancia y la juventud. Las capacidades que los niños desarrollarán en el futuro serán las únicas capacidades de las cuales las sociedades del futuro estarán dotadas. Los niños son la inversión de largo plazo más importante que se pueda hacer, y están entre los primeros damnificados por la plaga de la austeridad.

Por inversión en la infancia y la juventud se entiende la asignación de recursos en todas aquellas actividades que fomentan el desarrollo personal, el crecimiento también de aquella imaginación necesaria para la completa expresión de la capacidad creadora del individuo y, por consiguiente, de la sociedad. El acceso a aquellas experiencias, a los caminos de la vida que forman al hombre incluso antes que al trabajador. El acceso universal al descubrimiento de la naturaleza, a la práctica deportiva como actividad social y cultural antes que física, a la producción artística y artesanal, al descubrimiento del territorio, y ciertamente a la instrucción de calidad para una igualación sustancial de las oportunidades. Igualdad de oportunidades como condición confirmada a lo largo de todo el recorrido vital de las personas, y no solo “una tantum” cuando éstas entran en liza. “No basta con garantizar oportunidades al inicio de la carrera”² y no es permisible ni mucho menos poner un privilegio – el acceso a las experiencias que fomentan el desarrollo pleno de la persona – “como legitimación de un segundo privilegio (una condición económicamente más elevada)”³.

El estado debe favorecer el acceso a un nivel superior de conocimiento interdisciplinar que permita a las personas madurar en el conocimiento del propio “yo histórico”, desarrollando la habilidad para perseguir objetivos corales, creando conjuntamente las condiciones para una pacífica co-evolución entre hombre y naturaleza articulada en una relación simbiótica y no ciegamente predatoria.

1 Como demuestran los trabajos de la profesora Marianna Mazzucato

2 De La economía del bien común, op. cit.

3 De La jungla retributiva de Ermanno Gorrieri, el Mulino, Bologna, 1972

ACCESO UNIVERSAL AL TRABAJO DIGNO

“Pero la libertad sin justicia social puede ser también una conquista vana. Pero díganme, en conciencia, ¿pueden considerar verdaderamente libre un hombre que tiene hambre, que está en la miseria, que no tiene trabajo, que es humillado porque no sabe cómo mantener a sus hijos y educarlos? Éste no es un hombre libre. Será libre de blasfemar, de imprecar, pero ésta no es la libertad que yo pretendo”

Sandro Pertini, Presidente de la República Italiana entre 1978 y 1985

Con desempleo 0% entendemos una situación en la cual está ausente el fenómeno del desempleo involuntario, una situación que puede ser garantizada de manera persistente en el escenario macroeconómico. Para que esto suceda es necesario que toda la fuerza de trabajo disponible sea siempre comprada.
Se parte de la premisa y se recuerda que la oferta de trabajo, simétricamente, corresponde a una demanda de moneda (quien vende trabajo lo hace a fin de adquirir moneda); mayor será la cantidad de divisa de la cual las personas tendrán necesidad, y por consiguiente, de trabajo que ofrecerán en el “mercado del trabajo”, precisamente por causa de la imposición. Por otro lado, solo el estado tiene la posibilidad de efectuar un gasto que asegure que toda la fuerza de trabajo sea comprada dado que la moneda necesaria para pagar los impuestos puede provenir solo del gasto estatal¹.
Es pues, ante todo, necesario “regular” los niveles de gasto y tributación de forma tal que se mantenga en la economía un nivel de gasto agregado suficiente para comprar todo el trabajo ofertado. Cuanto más se abstiene el privado de gastar, por tanto, más alto deberá ser el gasto público. Cuánto más se aumenta el nivel de tributación, tanto menos podrán gastar los agentes del sector privado², y más deberá el estado aumentar su gasto público para mantener niveles de gasto agregado en el sistema tales que toda la fuerza de trabajo sea “comprada”.
No hay límites a la capacidad nominal de gasto del estado monopolista de la divisa, todo limite al déficit público es auto-impuesto y, si el estado gasta fijando el precio de la propia divisa anclando el importe de una unidad de gasto al importe de una unidad definida y estable de trabajo comprado, se mantiene la relación entre creación de riqueza real y de divisa³ y se maximiza la estabilidad de los precios⁴.
El Estado realiza este “anclaje” fijando la cantidad de trabajo que el agente privado debe suministrarle a cambio de una unidad de divisa, y asegurando que cualquier sujeto privado que pretende adquirir una unidad de divisa podrá siempre hacerlo, en cualquier momento presente y futuro, suministrando al estado la cantidad de trabajo que ha sido identificada por el mismo estado como el equivalente estable por unidad de divisa.
El problema de la sostenibilidad de la deuda pública no existe para un estado monopolista de la divisa. Para comprender a fondo esta afirmación también aquí es necesario dar un salto ideológico, para cuya comprensión se remite al lector a la bibliografía y, en concreto, se le invita a leer Los siete fraudes inocentes capitales de la política económica de Warren Mosler.
Garantizar el pleno empleo es de por sí también un mecanismo de equidad territorial, además de social.
A nivel territorial, el desempleo tiende a concentrarse siempre en las mismas zonas debido a dinámicas intrínsecas al capitalismo. Esto desencadena fenómenos de despoblamiento y desarraigo demográfico forzado de los territorios desfavorecidos, con difusión endémica de patologías sociales tales como trastornos psicofísicos, alcoholismo, violencia doméstica y suicidios, que comprometen el potencial económico de las comunidades, la equidad, la dignidad de los individuos, la cohesión y el equilibrio social.
Dentro del marco de las finanzas funcionales antes descrito, a fin de estabilizar la economía al nivel de pleno empleo, de asegurar auténticamente el acceso universal al trabajo poniendo fuera de mercado las formas de trabajo degradantes y con remuneraciones de miseria, debe implantarse un Plan de Empleo de Transición.

1 Toda moneda recaudada con la los impuestos es moneda que ha sido antes creada con el gasto público. Los impuestos no pueden pagar el gasto público sino, al contrario, es la moneda creada con el gasto público que permite la recaudación de los impuestos.

2Cuanta más alta es la tributación, tanta mayor necesidad tendrán los agentes económicos de obtener la moneda y por tanto de vender mayor cantidad de su propio trabajo.

3 Riqueza financiera neta en una divisa, es decir activos financieros detentados por el sector privado (el conjunto de todos los sujetos privados, residentes y no residentes sobre el territorio del país considerado) cuyos pasivos correspondientes son detentados por el sector público, entendido como consolidación entre banco central y secretaría del tesoro.

4 Para profundizar http://www.levyinstitute.org/pubs/wp_864.pdf

Unemployment and Money de M.Polanyi

Este vídeo diseñado por Karl Polanyi es una maravilla. Explica gráficamente la teoría general del empleo, el interés y el dinero de John Maynard Keynes. Le falta la aportación fundamental de la teoría monetaria moderna. Pero es impagable. Dura 40 minutos pero merecen la pena.

Por cierto¡qué envidia de esos magníficos economistas de los años 30 y 40! Los economistas de hoy en su mayoría son unos pseudocientíficos y farsantes al servicio de la oligarquía.

Firma la Carta de Madrid

Red MMT está recogiendo firmas de adhesión a su documento fundacional, la Carta de Madrid. Enviaremos una carta a los diputados con todas las firmas recogidas con una petición para que se discuta un plan de empleo garantizado.

Encontrarás la página en este ENLACE.

A ritmo de fado o flamenco: ¿qué hacemos si el Banco Central Europeo suprime el programa de compra de activos?

En julio de 2012 el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, anunció que su entidad haría todo lo posible por salvar el euro. Esas palabras bastaron para calmar los mercados y disipar la prima de riesgo. Aun así fue necesario que el Tribunal de Justicia Europeo respondiera las objeciones del Tribunal Constitucional Alemán y dos años más de deflación antes de que el emisor europeo se animara a aplicar las llamadas políticas de flexibilización cuantitativa a través del Programa de Compra de Activos (o APP por las siglas en inglés Asset Purchase Programme). El programa asignaba el 90% a la compra de bonos del tesoro y otras agencias reconocidas y el 10% a emisiones de organizaciones internacionales y bancos de desarrollo multilaterales. También establecía un límite cuantitativo del 33% sobre el total de las emisiones. Las compras siempre se hacen en el mercado secundario para que la ficción de que los precios se forman en los mercados pudiera mantenerse y de ellas debían encargarse los bancos centrales nacionales en un 80%.

El programa ha inyectado más de 80 mil millones de depósitos al mes en la zona euro aunque el ritmo ha caído a 60 mil millones al mes. Pese al triunfalismo y los comentarios ufanos de cierta prensa y de las jerarquías comunitarias, ha tenido una importancia limitada. Los programas de flexibilización cuantitativa, como ha explicado recientemente un importante trabajo publicado en el boletín del Banco de Inglaterra, simplemente canjean unos activos por otros. Es decir, los bancos centrales compran deuda pública, que paga un interés, y entregan a los inversores cuentas de depósitos en los bancos comerciales con la esperanza de que estos fondos se inviertan en la economía productiva. Es bastante probable que una parte se destinara a la especulación bursátil y que otra se dedicara a la devolución de préstamos para reparar los balances de las endeudas empresas europeas. Una expansión fiscal habría sido mucho más eficaz.

A pesar de todo es innegable que parte ha debido ir a inversiones reales. Sin embargo el efecto más interesante ha sido que ha permitido a los gobiernos como el español seguir ejecutando un gasto fiscal deficitario. Mejor era un estímulo capado en su eficacia que nada. Gran parte de la recuperación económica de España a partir de 2014 se debió precisamente a la posibilidad de incumplir los objetivos de déficit gracias al apoyo del BCE.

Otro efecto positivo es que los bonos comprados han acabado en el balance del Banco de España ayudando a hacer más sostenible nuestra deuda exterior. Hemos comprado bonos a bancos alemanes y franceses y a cambio estos han obtenido cuentas de reservas en sus respectivos bancos centrales. La contrapartida a estas compras ha sido un incremento de los saldos negativos del Banco de España en TARGET2, el sistema de compensación de pagos del Eurosistema, pero estos no devengan intereses y no son pasivos exigibles a diferencia de las emisiones del Tesoro.



Sin embargo en el pecado las autoridades europeas llevan la penitencia. Al limitar las emisiones de deuda hemos llegado a un punto en que al BCE se le están acabando los títulos disponibles para comprar. De hecho para algunos países los bancos centrales ya han excedido los límites consentidos por el programa APP (a lo que el BCE ha hecho la vista gorda, demostrando que prefiere violar los tratados y sus propias normas antes que dejar que se caiga el tinglado de la moneda común).

En el escenario actual de cierta recuperación económica y aproximación cuando no rebasamiento de límites de adquisición de activos muchos pronostican que el BCE reducirá el ritmo de compras en los próximos meses. Añadamos a esto que el mandato de Draghi está cercano a su fin y que es más que probable que se imponga un candidato alemán, Jens Wiedmann, conocido por su intransigencia y hostilidad al programa de flexibilización cuantitativa. Es posible que el APP se cancele en 2018.

En esas circunstancias la economía europea empezará a parecerse a un bajel que no puede navegar por falta de viento. Ante este escenario de calma chicha la presión de los mercados sobre la deuda pública española puede regresar. Es improbable que el gobierno de Rajoy no insista en su continuación pues es conocido su comportamiento obsequioso ante los alemanes y que hará cuantas genuflexiones sean necesarias para colocar a Guindos como vicepresidente de la entidad. Por tanto la presión para que España reduzca el gasto público o suba los impuestos en 2018 aumentarán. El retorno a la austeridad puede acabar con el ciclo de crecimiento económico, que pese a su evidente inequidad social, permite un crecimiento del PIB y una creación de empleo de baja calidad.

Si un gobierno de izquierdas lograra desalojar al gobierno de derechas ¿qué política debería tomar si el BCE abandona el APP y quiere acometer un ambicioso programa de creación de empleo público y mejora de las políticas sociales?

Sabemos que la izquierda se ha congratulado por una supuesta superior gestión del gobierno socialista de Portugal, que ha conseguido reducir su déficit fiscal a la vez que hacía políticas más sociales. Aquí la izquierda demuestra ser prisionera del pensamiento económico neoclásico y carecer de discurso propio. En realidad, cuando una economía está lejos del pleno empleo, lo que procede es aumentar el déficit público, no reducirlo. Este es la conocida como primera ley de finanzas funcionales postulada por Abba Lerner basada en evaluar el déficit no por el guarismo que representa la fracción sobre el PIB sino por sus impactos en la economía real. Portugal, con una tasa del 9,5%, al igual que España, está muy lejos del pleno empleo.

Al ignorar los criterios de las finanzas funcionales la izquierda cae en la llamada falacia de Robin Hood, la creencia de que se pueden ejecutar políticas sociales sin aumentar el déficit mediante el sencillo mecanismo de subir los impuestos a los ricos. Si bien la diferencia entre la propensión marginal a consumir de los ricos —más baja— y la de los pobres —más alta— puede tener un pequeño expansivo, este sería insuficiente para sacar a España de una profunda recesión causada por unos deteriorados balances en el sector privado y que se manifiesta en una altísima tasa de desempleo. Es fundamental entender algo que a los jerarcas de Bruselas no les entra en su limitada imaginación: el déficit del sector público es el ahorro del sector no público. En este momento el sector privado necesita ahorrar, reparar sus balances, y el estado tiene la obligación de llenar la brecha en el gasto agregado que dejó desocupado el sector privado.

Un nuevo gobierno de izquierdas deberá pues elegir entre someterse a su fatal destino (el fado portugués) o ponerse flamenco ante las autoridades de Bruselas. En nuestra opinión un nuevo gobierno de progreso debería evitar las suertes de Portugal y del Gobierno de Syriza. El primero se ha mostrado sumiso y el segundo inicialmente rebelde pero, desprovisto de una hoja de ruta clara, poco tardó en rendirse ante los chantajes del Eurogrupo y el BCE.

Un gobierno eficaz debe portarse con osadía y astucia. En primer lugar debería exigir una extensión del programa APP ampliando tanto los límites cuantitativos como su duración. Pero además el gobierno debe suministrar los activos que necesita comprar el BCE emitiendo nueva deuda. Por tanto el Gobierno de España debería incumplir los límites de déficit. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento no lo permite pero existe un pequeño resquicio. El PEC fue flexibilizado para que tuviera en cuenta los períodos de dificultad económica. Los gobiernos pueden alegar que el déficit obedece a una circunstancia inusual, a una grave recesión económica o una circunstancia temporal ya que «las previsiones indican que el déficit disminuirá por debajo del valor de referencia tras la finalización de la circunstancia inusual o recesión». Es evidente que el gobierno de Rajoy debería haber clamado al cielo ya que se le exigía un ajuste demasiado rápido en una situación catastrófica.

No podemos olvidar que la UE exige que se tenga en cuenta la evolución del déficit estructural. La regla de oro, consagrada en los pactos europeos y en nuestra constitución mediante la reforma exprés del artículo 135, exige que el déficit estructural sea inferior al 0,5% del PIB o al 1% si la deuda está por debajo del límite del 60%. El ‘déficit estructural’ corresponde a una hipotética situación de pleno empleo. El problema es cómo se define ésta. Si aceptamos que una tasa de desempleo no aceleradora de la inflación (NAIRU) del 16% es pleno empleo entonces estamos perdidos. Pero si luchamos por exigir que una definición de pleno empleo es el 2%, como tiene Islandia actualmente, entonces es evidente que nuestro déficit estructural está sobreestimado y existe más margen para reducirlo. Es conveniente aclarar que no creemos en el principio neokeynesiano de que el déficit fiscal debe estar equilibrado a lo largo del ciclo económico. La posición normal de un gobierno es tener un déficit fiscal si se pretende evitar una recesión. Pero las reglas de juego son otras.

Si, pese a estas buenas razones, las autoridades de Bruselas amenazan con imponer la multa prevista en los tratados por incumplimiento del PEC en el brazo corrector, creemos que es mejor anunciar que el Gobierno la pagará pero que seguirá en su intención de incumplir los límites cuantitativos de déficit y deuda ante la situación de alarma social y económica existente.

Sin embargo, como ha comprobado el gobierno de Syriza, el poder efectivo lo tiene quien controla el BCE. Si el emisor decidiera no comprar nuestra deuda pública un programa de expansión del déficit sería imposible. Por eso nuestra recomendación a ese futuro gobierno de izquierdas es exigir una reforma de los tratados que obligue al BCE a comprar toda la deuda pública emitida sin imponer límites cuantitativos al gasto público. También debería luchar por eliminar los límites arbitrarios del Tratado de Maastricht. Si eso no es posible debe negociar una ampliación de los límites.

A largo plazo un gobierno de izquierdas convencido de la bondad del proyecto europeo debería pedir la creación de una instancia federal que ejecute una política fiscal común. A fin de aclarar las dudas entendemos que una unión fiscal no tiene nada que ver con lo que propone Alemania: un reforzamiento de la supervisión europea sobre nuestras cuentas públicas acompañado de un fondo monetario europeo de carácter anticíclico. Una unión federal significa dotar a una instancia como la Comisión Europea de un presupuesto equivalente a entre el 15 y el 20 por ciento del PIB europeo que pueda por tanto ejercer modificaciones discrecionales del gasto público de suficiente amplitud para compensar las oscilaciones inevitables del gasto agregado del sector privado e incluso transferir rentas a zonas en crisis.

Estas propuestas son contrarias a los intereses de Alemania y, en el entorno político europeo actual, en el que al frente de los gobiernos de los principales países se sientan políticos conservadores o neoliberales, es improbable que sean aceptadas.

Si el flamenco no es posible y el futuro gobierno de izquierdas prefiriera el ritmo de fado no podrá ejecutar las políticas que sus votantes esperan de ellos causando un nuevo desencanto entre sus bases electorales. Eso es lamentable pero no fuimos nosotros quienes animamos a los políticos españoles a entregar nuestra soberanía monetaria a un organismo multilateral que se adhiere a los dogmas neoliberales. La unión monetaria y económica europea es como un pasillo con muchas puertas a la derecha pero pocas a la izquierda que además dan a habitaciones muy estrechas.