29 de diciembre de 2019
Fondo Monetario Europeo; este trinomio a más de uno debería
ponerle los pelos de punta y la piel de gallina. Recuerda demasiado a ‘Fondo
Monetario Internacional’, esa institución con un nefasto registro histórico de intervenciones
impuestas a países en vías desarrollo y, más recientemente, a otros que
creíamos desarrollados en la Europa meridional. El liderazgo europeo no advirtió
inicialmente el desacierto de proponer que el Mecanismo Europeo de Estabilidad
(MEDE) pasara a adquirir esa denominación de terribles resonancias en los
borradores del tratado de reforma que iba a incorporar esta institución
intergubernamental al ordenamiento de la UE. En un momento de lucidez se abandonó
esta pretensión. Tampoco parece que vaya a incorporarse a los tratados
europeos.
El problema del proyecto europeo es que se presenta a menudo
como federalizante cuando realmente se trata de una unión de estados que se
someten voluntariamente a tratados intergubernamentales que sirven a sus
gobiernos para justificar reformas estructurales, es decir reformas impopulares
al servicio de elites oligárquicas. En la reforma del MEDE los gobiernos
europeos siguen con este tradicional juego de apariencias. Entre sus objetivos declarados
están el establecimiento de una unión de capitales y evitar la repetición de la
inestabilidad financiera producida en la década pasada. Este tratado de reforma
está a años luz de un proyecto que habría planteado un gobierno federal con
capacidad de gestionar un presupuesto que representara al menos el 15% del PIB
y de emitir deuda pública respaldada por el Banco Central Europeo (BCE). En vez
de esto tendremos otro acuerdo que establece una jerarquía de naciones con
acreedores en la cúspide y deudores en la base. Algo no muy diferente a la
relación entre Europa y las naciones del antiguo imperio colonial francés en África
obligadas a utilizar como moneda el franco francés.
Recordemos que el MEDE se creó como acuerdo
intergubernamental para gestionar los instrumentos de rescate de los países PIIGS
(Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España) cuando la crisis financiera global
(CFG), iniciada en 2007, puso al descubierto el talón de Aquiles de la unión
monetaria europeo: la carencia de un banco central que actuase como prestamista
de último recurso de los estados. Habiendo renunciado a sus soberanías
monetarias, los estados exponían sus emisiones de deuda pública a los caprichos
del mercado.
La CFG se llevaría por delante muchos bancos. Ante un deterioro
de los balances de los bancos privados y sin fondos europeos de garantía de
depósitos ni de resolución bancaria, ni un banco central que actuase como
prestamista de último recurso, los estados se enfrentaron a la misión imposible
de rescatar su sistema financiero sin contar con la capacidad de emisión
requerida. Recordemos que el Banco Central Europeo (BCE) tiene vetada la
financiación directa a los estados en los Tratados de la Unión Europea (TTUE) y
tampoco estaba claro en 2010 que le estuviese permitido comprar su deuda
pública en los mercados secundarios.
Por otra parte, resultaba evidente que, ante una caída de la
recaudación causada por la crisis económica, los estados podrían tener
dificultades para hacer frente a los vencimientos de su propia deuda. Al
renunciar a su soberanía monetaria ésta ya no estaba denominada en su propia
divisa sino en euros, a todos los efectos una moneda extranjera. Su situación
por tanto no difería mucho de la de un país dolarizado cuyo gobierno debe
hacerse con las divisas antes de gastar o pedirlas prestadas obligándose a
conseguirlas en el futuro. Como hemos visto en Argentina recientemente y en los
países PIIGS entre 2010 y 2012, ante la menor suspicacia, los inversores se
desprenden de sus títulos de deuda provocando la caída de su precio y la
correlativa subida de los rendimientos exigidos por el mercado.
Hubo un tiempo en el que se llegó a considerar la
posibilidad de que países como España o Irlanda podrían quebrar. En un
escenario cada vez más caótico algunos gobiernos de la zona euro concedieron
préstamos a Portugal, Grecia, Irlanda y Chipre con el acompañamiento del Fondo
Monetario Internacional. Estos préstamos se instrumentaron a través del MEDE,
un acuerdo intergubernamental que quedó fuera de los TTUE. Los estados que
recibieron estas facilidades financieras tuvieron que someterse a una estricta
condicionalidad supervisada por una troika que integraban el BCE, el Fondo
Monetario Internacional y el MEDE. España también fue “socorrida” por el MEDE.
Se creó un instrumento específico para recapitalizar los bancos españoles, una
línea de crédito de hasta 100 mil millones de euros de los que el gobierno de
Rajoy dispuso inmediatamente de 40 mil millones de euros. En ese momento el
ministro Montoro prefirió negar la evidencia afirmando que aquello no era un
rescate aunque lo pareciera. Pero si parece un pato y hace “cuacua” es un pato.
¿Un ejemplo de solidaridad europea? Es debatible. Los países
rescatados fueron sometidos a drásticos programas de recortes para cumplir con
objetivos de deuda y déficit que dificultaron su recuperación económica. Grecia
fue sometida a una administración de tintes coloniales donde las actitudes
insolentes de ministros con moto y chupa de cuero se castigaban con la
expulsión del gobierno y muchos de sus activos públicos vendidos. Los más
suspicaces han argüido que, en realidad, estos rescates se diseñaron para
salvar a los bancos franceses y alemanes cuyas carteras estaban lastradas por
deuda pública y privada de los PIIGS.
En opinión de este autor, lo que evitó la ruina del Estado Español
y otros como el italiano o el portugués, no fue el MEDE sino el anuncio de
Mario Draghi de que el BCE haría cuanto fuese necesario para sostener el euro,
una iniciativa mucho más eficaz que el préstamo. El italiano ha demostrado ser
uno de los más astutos políticos de la zona euro y su jubilación quizá sea una
mala noticia para la zona euro. Un oportuno pronunciamiento del Tribunal de
Justicia Europeo permitió una interpretación de los TTUE que habilitaban al BCE
para que iniciase sus compras de deuda pública en los mercados secundarios
dentro del llamado programa de compra de activos (APP). Estas operaciones financiaron
a los estados de la eurozona por la puerta de atrás. Con la intervención
draghiniana —permítaseme este neologismo— los inversores comprendieron que la
deuda pública de países como Italia, España, Portugal e Irlanda contaba con el respaldo
del BCE. Las primas de riesgo de los rendimientos de la deuda pública de los países
periféricos, cayeron rápidamente. La deuda pública española, italiana,
portuguesa e italiana recuperaba su condición de activo sin riesgo lo cual
permitía a los gobiernos responder al reto de restructurar a sus sectores
financieros. La situación ahora es mejor que hace unos años e incluso se
sobresuscribe la deuda del Tesoro Español en las subastas que se rematan con rendimientos
negativos.
La simple observación de la experiencia reciente debería
habernos convencido de que la solución para la inestabilidad financiera no era
el MEDE sino el apoyo de los bancos centrales a los gobiernos. El liderazgo
europeo sin embargo parece que sigue ilusionado con el juguete MEDE quizá
porque lo crean más eficaz para disciplinar a los vagos del Sur. Esto es una
mala noticia. La condicionalidad de las ayudas financieras a la aplicación de
políticas de austeridad no solo dificultó la recuperación de nuestras economías
periféricas, sino que también cercena cualquier proyecto ambicioso con
pretensiones de transformar nuestro tejido productivo, por ejemplo con un plan
de trabajo garantizado, un green new deal,
un plan de reindustrialización o un plan de inversión en I+D. Esta obsesión por
las finanzas “responsables” nos condena al estancamiento económico cuando no al
atraso. El rigor mortis de las economías periféricas.
Un mercado de deuda pública de gran liquidez no es una
cuestión baladí. El economista experto en banca y sistemas financieros, Hyman
Minsky, explicaba que debido a su actividad crediticia los bancos acumulan en
sus balances activos con poca liquidez. Pero a la vez en su pasivo hay
depósitos a la vista y a plazo que son exigibles a corto plazo. Por ese motivo
necesitan mantener en sus carteras instrumentos que puedan realizarse con gran
rapidez para responder a salidas inesperadas de caja. Estas posiciones deben
cotizarse en mercados muy líquidos y profundos de forma que, si varios bancos
intentan realizar sus posiciones a la vez, no colapsen el mercado lo cual comprometería
su acceso al dinero requerido. Uno de los instrumentos preferidos de la banca
para realizar posiciones tradicionalmente han sido los títulos de deuda
pública. Por eso existe una gran demanda para las emisiones del tesoro.
Esta demanda se ha visto estimulada por las reformas microprudenciales
introducidas a propuesta de los acuerdos de Basilea 3 y recogidas en la
normativa europea y española que han reforzado los coeficientes de activos muy
líquidos que deben mantener las entidades financieras en sus balances.
Actualmente, se les exige que mantengan un ratio de liquidez a corto plazo
equivalente al 100% de los flujos de fondos netos que podrían esperarse en
graves condiciones de tensión calculados para un período de 30 días.
En ausencia de un gobierno federal europeo con capacidad de
gestionar un gasto público que suponga un porcentaje significativo del PIB de
la zona euro y de una tesorería europea, lo prudente es que sean los estados
los que emitan activos financieros sin riesgo y que puedan ejecutar políticas
anticíclicas potentes y eficaces. El APP del BCE debería ser permanente y no
estar condicionarlo a ejercicios de virtuosismo presupuestario. Una mejor
comprensión del sistema bancario y de las instituciones que deben respaldar una
moneda nos habrían llevado por este camino. En su lugar los líderes europeos han
optado por la multilateralidad y el rigor mortis.
Los países de la zona euro han negociado modificaciones al
tratado del MEDE que pretenden llevar la zona euro a la mentada unión de
capitales. Crean un fondo de resolución bancaria europeo pero sigue sin
incorporar un pilar básico como sería un seguro de depósitos europeo sin el
cual los estados podrían ver su solvencia comprometida ante una gran crisis
bancaria al carecer de un banco central propio. La reforma pactada crea un
'cortafuegos' para la Unión Bancaria, una solución de emergencia para
situaciones en las que los recursos del Fondo Único de Resolución Bancaria no
son suficientes para hacer frente a una quiebra bancaria. En la peor tradición
europea la financiación que aporte el MEDE a un estado miembro estará
condicionada a programas de ajuste macroeconómicos —es decir, austeridad y
suspensión de la democracia. La reforma
del MEDE le otorgaría más poderes de supervisión sobre los estados sometidos a
rescate.
Este tratado tiene que ser ratificado por los estados en
diciembre para que entre en vigor en enero de 2020. Pero en Italia se han
encendido todas las alarmas por los riesgos que suponen para la supervivencia
de ese Estado nación y para el sistema financiero. El líder del M5S y ministro de Exteriores, Di Maio, ha
dicho que se debería retrasar la firma de la reforma. La Lega, el partido de
derecha populista, también se ha mostrado crítico ante la potencial pérdida de soberanía.
Por supuesto, el europeísta Partido Democrático, ha dicho que el tratado es
cosa hecha y que no hay vuelta atrás. Pero Di Maio ha anunciado que estaban
trabajando desde su partido para introducir reformas al tratado. Matiza que hasta «que tengamos
una idea clara de la situación, no se firma nada y no se aprueba nada». Ha
afirmado que el Parlamento italiano evaluará y votará todos los cambios del
nuevo tratado antes de que la UE lo firme previsiblemente en el primer
trimestre de 2020 (Redacción de La Vanguardia, 2019).
Encuentro comprensibles las objeciones de los partidos
italianos a la reforma del MEDE. Entre otros motivos, por las posibles
consecuencias de las cláusulas de acción colectiva que el nuevo tratado obliga
a incorporar a las nuevas emisiones de los estados. Entre las emisiones de
deuda pública hay múltiples tipos y categorías de títulos con distintas
condiciones y derechos reconocidos a favor de los tenedores. Ante la necesidad
de afrontar un proceso de reestructuración de la deuda pública de un estado
algunas clases de tenedores pueden oponerse eficazmente a un plan que no les
convenga, negándose a participar de forma que una minoría más combativa podría
asegurarse mejores condiciones. Estas cláusulas deberán incorporarse
obligatoriamente a todas las emisiones a partir de 2022 para evitar este tipo
de posicionamientos ventajistas de determinados colectivos de bonistas. Además
el MEDE se convertiría en el ente que negociaría las condiciones de
reestructuración suplantando a los estados emisores.
Ésta reforma otorga un gran poder al MEDE en detrimento de
la soberanía nacional. Esto es de por sí inquietante pero hay más. El nuevo
tratado abre la puerta a que las emisiones de los estados europeos puedan ser reestructuradas
y, por consiguiente, dejan de ser el activo sin riesgo que buscan incorporar
los bancos a sus carteras. Ante cualquier dificultad se podría presentar un
escenario de profecía autocumplida en el que los inversores decidieran
desembarazarse de sus posiciones de deuda pública. Esto podría provocar caídas
de precios, un aumento de las rentabilidades exigidas, mayores dificultades
para atender el servicio de su deuda y una nueva huida de inversores que desembocara
en una reestructuración obligada y una inevitable intervención del MEDE con la
consiguiente pérdida de soberanía y la imposición de, planes de austeridad draconianos
de carácter procíclico que seguirían profundizando la crisis.
Además el sistema financiero podría encontrarse con dificultades
para conseguir realizar sus posiciones creando tensiones de liquidez e insolvencias
en el sistema financiero. Estas situaciones activarían el recurso al fondo de
resolución bancario y a los fondos de garantía de depósitos que todavía son
nacionales deteriorando aún más la solvencia de los estados y aumentando las
posibilidades de que se vean obligados a recurrir al MEDE.
La reforma propuesta no representa un avance en la
integración europea. No ayuda a los estados con las economías más debilitadas por
años de austeridad y elevadas tasas de desempleo a recuperar la senda del
crecimiento y el progreso. Tampoco contribuye a mantener la estabilidad
financiera. La activación de nuevos préstamos en una próxima crisis financiera
destruirá los gobiernos democráticos sometiéndolos a una administración foránea
con consecuencias impredecibles.
Como es tradición, en España se ha eludido cualquier debate sobre
la reforma del MEDE. Nadie quiere ser señalado como culpable de leso
europeísmo. Los medios españoles suelen hablar con desprecio de la política
italiana poblada por partidos populistas y ultraderechistas. Allí la política
se ha vuelto menos políticamente correcta. Pero quizá su sistema sea más funcional
que el nuestro donde se considera de mal gusto debatir sobre cuestiones
cruciales como son la soberanía nacional, la democracia o la estabilidad de
nuestro sistema financiero. Nadie nos agradecerá nuestro sumiso europeísmo.
Napoleón Bonaparte decía que la mano que da siempre queda encima de la que
recibe. No olvidemos que tenemos más papeletas para ser la mano que recibe.
Referencias
Redacción
de La Vanguardia. (11 de 12 de 2019). Italia apoyará la reforma del MEDE,
aunque debatirá cualquier cambio en enero. La Vanguardia. Obtenido de
https://www.lavanguardia.com/politica/20191211/472181229340/italia-apoyara-la-reforma-del-mede-aunque-debatira-cualquier-cambio-en-enero.html
