¿Por qué crea el estado desempleados que no quiere contratar?

Artículo publicado originalmente en la sección Luces Rojas de InfoLibre.

El trabajo es toda actividad productiva que realiza el ser humano. Trabajan el médico cuando trata a sus pacientes, el maestro cuando imparte sus clases, o el obrero que coloca ladrillos con maestría. Lo hacen también la madre que cuida de sus hijos o la mujer que desempeña labores de voluntariado en una ONG. La diferencia entre los primeros y los segundos es que a cambio aquéllos perciben una retribución dineraria, es decir, poder adquisitivo que da derecho a participar en el reparto de los bienes y servicios producidos en la economía de mercado que se encuentran a la venta solo a cambio de dinero creado por el gobierno o los bancos. Se desarrollan sin embargo numerosas tareas excluidas del ámbito del mercado, asignadas por cierto con mayor frecuencia a las mujeres en las sociedades patriarcales.

Un trabajador vende sus servicios al mercado porque quiere conseguir dinero a cambio. El empleo es siempre un fenómeno monetario. Por eso podemos definir el desempleo involuntario como mano de obra ofrecida al mercado a cambio de moneda del estado que no encuentra comprador. Este empleo puede ser comprado por el sector privado o por el estado. Si existe desempleo involuntario es porque ni el sector privado ni tampoco el gobierno quieren aumentar sus gastos para ocupar esos recursos ociosos.

Para entender esto describamos un escenario. Supongamos que partimos de un período en el que existe plena ocupación. En esta situación, de equilibrio inicial, supongamos que nadie ahorra, es decir todo el mundo gasta su renta íntegramente y por tanto todo lo que se produce se vende. El gasto de todos es igual a las rentas —salarios, beneficios, impuestos, alquileres, intereses, etc.— de todos y por fuerza es igual también a toda la producción de la economía. Esta identidad se mantiene siempre a nivel macroeconómico:

INGRESO=GASTO=PRODUCCIÓN

Si por la razón que sea (porque los hogares y las empresas decidan que quieren reducir su deuda, porque haya una situación de incertidumbre o porque los extranjeros decidan no comprar nuestros productos) en un período posterior cambia el comportamiento del sector no gubernamental —en el que incluimos a hogares, empresas y al sector exterior— y éste prefiere ahorrar una parte de su renta entonces una parte equivalente de la oferta de bienes y servicios se quedará sin vender. En ese caso las empresas tendrán que reducir su oferta y es probable que despidan a algunos de sus empleados.

El trabajo no es un rábano

Nadie puede obligar al sector privado a consumir más de lo que quiere o a ahorrar menos. ¿Qué puede hacer un gobierno cuando aumenta el desempleo? Desde la escuela neoclásica nos dicen que la respuesta es bajar el coste de los salarios ya que el trabajo sería como cualquier otra mercancía. Si por ejemplo cae la demanda de rábanos en el mercado los productores podrían darles salida tirando los precios. Decimos entonces que la curva de demanda de los rábanos tiene una forma descendente hacia la derecha en el eje de ordenadas: a menor precio mayor cantidad vendida y viceversa. Si creemos que el trabajo es como los rábanos entonces la prescripción para acabar con el desempleo es sencilla: bajar los salarios. Sin embargo, el mercado de trabajo remunerado no es como el de los rábanos. Para la mayoría de las personas los salarios son su principal fuente de ingresos. Bájense los salarios y observaremos una caída en el consumo de los consumidores y en las ventas de las empresas provocando nuevas caídas de empleo. El economista Esteban Cruz y este autor ya explicamos en un artículo anterior la paradoja de los costes. Los ahorros en costes salariales pueden ir acompañados de menores ventas que deterioran la tasa de beneficios de los empresarios y por tanto desaniman el empleo (Cruz & Medina Miltimore, 2016).

El siguiente gráfico, elaborado por el economista Luis Gómez con datos de los ejercicios 2008 a 2014, demuestra que la caída de los salarios, lejos de haber aumentado el empleo tuvo el efecto contrario. Luis Gómez explica que al iniciarse la crisis se desechó primero a los trabajadores ocasionales y jóvenes que eran también los peor pagados. Esto tuvo el efecto aparente de mostrar un crecimiento salarial asociado a un aumento del desempleo. Los economistas neoliberales y la Comisión Europea utilizaron este efecto estadístico para justificar el ataque contra los trabajadores iniciado en 2010. Sin embargo, después de 2010 la caída del empleo fue muy intensa pese a que también cayeron los salarios. La caída de los salarios ha sido inútil para crear empleo.

Las recetas prescritas por el dogma vigente fueron acompañadas en 2010 por un giro incomprensible hacia la austeridad. Desafiando toda la evidencia en contra de la utilidad de fijar unos objetivos de déficit, los dirigentes europeos llegaron a asumir una superstición aberrante, la ‘austeridad expansiva’ que es a la ciencia económica algo así como el hielo ardiente, la sosa cáustica potable o el plomo ligero. Esta doctrina oximorónica afirmaba que un recorte de los gastos públicos liberaría recursos para que el sector privado los empleara de forma más productiva acelerando la recuperación. Esta hipótesis fue introducida por Francesco Giavazzi y Marco Pagano en 1990 en un trabajo que presentaba las reestructuraciones fiscales de Dinamarca e Irlanda en los años 80 como ejemplo (Giavazzi & Pagano, 1990). Los autores, que observaron cómo recortes en el gasto público coincidieron en el tiempo con una recuperación de esas economías, olvidaron tener en cuenta que esos países, relativamente pequeños, consiguieron salir de sus crisis económicas gracias a la expansión de sus exportaciones a otros países europeos que sí aplicaron políticas fiscales expansivas.

La hipótesis fue vendida a los responsables de la UE por Alberto Alesina en un discurso ante la reunión del ECOFIN que tuvo lugar en Madrid en 2010 en Madrid. En esta intervención aseguraba que los «ajustes fiscales, aunque sean grandes, que reducen los déficit presupuestarios, pueden conseguir una reducción relativamente rápida de los coeficientes de deuda sobre el PIB sin causar recesiones». Añadió que « (…) una política fiscal anticíclica basada en incrementos de gasto durante recesiones y aumentos de impuestos para corregir los déficits durante una expansión es probable que sea contraproducente además de implicar un avance inadvertido del tamaño del gobierno cuando éste ya está en torno al 50% del PIB en algunos países europeos. (…) [L]as distorsiones políticas (…) retrasan la reducción de los déficit además de las inevitables ‘demoras de larga duración y variables’ asociadas con la política fiscal en una democracia, que incluso en el caso de las expansiones fiscales hacen que esta herramienta sea torpe para la gestión del ciclo de los negocios» (Alesina, 2010).

A esta perversión doctrinal se añadió el diseño contraproducente de una unión monetaria uno de cuyos puntales, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), imponía un límite al déficit público del 3% sobre el PIB. Este límite podría ser efectivamente excesivo en una situación en la que la economía crece a buen ritmo y empiezan a producirse tensiones inflacionistas. Sin embargo en una situación de recesión lo conveniente puede ser que el déficit público alcance un valor superior a ese guarismo. Forzar una economía a entrar en una senda de reducción de déficit puede ser contraproducente no solo porque dificulte la salida de una situación económica desfavorable profundizando el desempleo sino también porque puede convertir el “objetivo” en uno móvil. Si la política fiscal prudente y razonable fuera aumentar el déficit pero un gobierno decide someterse a los dictados del PEC lo que sucederá casi con total seguridad es que no consiga sus objetivos. El efecto recesivo de tales políticas podría profundizar la caída en la recaudación o provocar caídas en el Producto Interior Bruto (PIB), el denominador de este coeficiente de deuda que nos imponen los Tratados de la Unión Europea, convirtiéndolo en un objetivo móvil que, cuanto más se esfuerza el gobierno en conseguir, más se aleja. Un objetivo de déficit sobre el PIB resulta extremadamente ambiguo e impreciso. De hecho el dato del cociente entre déficit y PIB ni siquiera nos da mucha información acerca del posicionamiento presupuestario del gobierno. Según las circunstancias, un aumento de este coeficiente puede reflejar una política consciente del gobierno por estimular la economía, la entrada en funcionamiento de los estabilizadores automáticos durante una recesión o incluso un posicionamiento fiscal contractivo.

Las finanzas funcionales dictan la fiscalidad responsable

Un gobierno responsable debe encargarse de que las personas que hayan perdido su puesto de trabajo vuelvan a encontrarlo. Depende del estado movilizar esos recursos ociosos gracias a su capacidad fiscal. Para comprender este protagonismo del estado hay que entender antes cuál es la función de la fiscalidad. Al imponer tributos a la población el estado pretende encauzar recursos reales hacia los fines públicos. La forma en que opera este mecanismo es que el estado genera demanda por su moneda al imponer un tributo que los ciudadanos solo pueden pagar con ella. Para conseguir esa moneda hogares y empresas ofrecen sus servicios al estado. Naturalmente esta oferta incluye la oferta de empleo. De esta forma el sector privado obtiene la moneda con la que puede saldar su deuda con el estado.

El sector privado tiene unos objetivos de consumo y ahorro que no necesariamente serán compatibles con comprar toda la oferta disponible de bienes y servicios a la venta. Pero el estado siempre puede comprar la diferencia. Si el estado impone tributos demasiado elevados o no gasta lo suficiente dejará en manos del sector privado una cantidad de dinero insuficiente para saciar sus necesidades de consumo y sus objetivos de ahorro. En estas circunstancias surgirá el desempleo involuntario. Hay personas que quieren dinero del estado y no lo encuentran. Existe pues una demanda por el dinero del estado que no se ha satisfecho y por tanto los agentes económicos no mantendrán un nivel de gasto agregado que adquiera todo lo que está a la venta en la economía. Si existe producción que se queda sin vender el desempleo aumentará. Esa oferta total de bienes y servicios por supuesto incluye la oferta de mano de obra.

Los impuestos son el mecanismo que utiliza el estado para canalizar recursos reales hacia los fines públicos. Si el gasto es insuficiente o los impuestos son demasiado altos la manifestación será el desempleo. Como decía Warren Mosler “¿Qué sentido tiene que el estado no contrate a todos los trabajadores que ha dejado desempleados?”. En una situación de desempleo elevado la única respuesta sensata es que o bien el estado baje los impuestos para dejar mayor poder de compra en poder del sector no gubernamental y aumente su gasto o bien aumente el gasto público para comprar la producción que el sector privado no quiere adquirir. Las políticas tradicionales ponen mayor poder de compra en manos del sector privado confiando en que éste lo destine a crear empleo. Este mecanismo indirecto en el que la política fiscal trata de “cebar la bomba” de la demanda normalmente resulta decepcionante. La forma más directa, eficiente y económica de crear empleo es que el estado contrate a todos aquellos que quieren trabajar y no encuentran empleo en el sector privado mediante un programa de empleo garantizado. Este programa permitiría atender muchos de los múltiples problemas sociales que el estado ahora no atiende de forma adecuada. El desempleo es la prueba de que el déficit fiscal es insuficiente. Es hora de que el estado asuma su responsabilidad en el problema del empleo y aumente el déficit.

Referencias

Alesina, A. (2010). Fiscal adjustments: lessons from recent history. Abril 2010. Discurso ante la reunión del Ecofin de Madrid el 15 de abril de 2010.

Cruz, E., & Medina Miltimore, S. (2016, 02 01). Daños irreversibles: el FMI descubre la paradoja de los costes. Retrieved from Luces Rojas. Info Libre.: http://www.infolibre.es/noticias/luces_rojas/2016/02/01/danos_irreversibles_fmi_descubre_paradoja_los_costes_44074_1121.html

Giavazzi, F., & Pagano, M. (1990). Can Severe Fiscal Contractions Be Expansionary? Tales of Two Small European Countries. NBER Macroeconomics Annual 5, 75–111.

Daños irreversibles: el FMI descubre la paradoja de los costes

2 de diciembre de 2015. 

Este artículo apareció publicado en la sección Luces Rojas del periódico InfoLibre el 1 de febrero de 2016

El FMI parece desconcertar a la opinión pública al emitir consejos contradictorios sobre moderación salarial, pidiéndola insistentemente a determinados países para después desmarcarse recientemente de tal propuesta a nivel agregado en un reciente informe titulado “Moderación Salarial en las Crisis”. Esta revelación esconde una lógica macroeconómica correcta que es corroborada por la realidad tras muchos años de sufrimiento individual y colectivo inútil e irreparable, y que intentaremos esbozar a lo largo de las siguientes líneas.

Desde las instituciones dominadas por la ortodoxia económica llevan años denunciando la rigidez de nuestro mercado laboral, a la cual culpan de mantener artificialmente elevado el coste del trabajo. (Estas instituciones nunca aclaran por qué la tasa de desempleo es el doble en Andalucía que en Euskadi con la misma legislación laboral). La teoría neoclásica, tal y como se enseña en las facultades de economía, considera al trabajo igual que cualquier otro recurso que contribuye al proceso productivo. Si la oferta supera la demanda, para restaurar el equilibrio del mercado bastaría con bajar su precio —el salario— para que aumentara esta y cayera aquélla. Un salario más bajo también contribuiría a reducir la oferta pues algunos trabajadores la retirarían.

Muchos economistas, siguiendo esta lógica, afirman que todo el desempleo es voluntario, ya que lo único que habría que hacer para “vaciar” este mercado sería ofertar nuestros esfuerzos y habilidades a aquel precio por el que las empresas, como demandantes, estén dispuestas a comprar todo el trabajo disponible en el mercado. Por tanto, si no bajan los salarios es porque los trabajadores aplicarían prácticas de colusión para impedirlo o porque las normas no son flexibles, impidiendo que el mercado se ajuste.

Es en este punto donde aparecen en el análisis las rigideces y la habitual cantinela de “flexibilizar” el mercado de trabajo con la que los medios de comunicación y creadores de opinión nos aturden. Los trabajadores que ya tienen un empleo difícilmente aceptarán una bajada de salario para unas mismas condiciones laborales particulares, lo cual crea – dicen –  un conflicto en el mercado laboral entre individuos con trabajo e individuos desempleados. La conclusión derivada del análisis convencional lleva inevitablemente a culpabilizar a los sindicatos y a la regulación que protege los derechos de los trabajadores por mantener unos “privilegios” que distorsionan el equilibrio en el mercado laboral. Dentro de este planteamiento surgen las reformas laborales del PSOE en 2010 y del PP en 2011, que han permitido precarizar el empleo y destruir puestos de trabajo, sustituyendo uno bien pagado por uno o más con menores costes para la empresa. Las prescripciones económicas de Ciudadanos proponiendo la reducción del coste del despido, —sustituyendo las indemnizaciones por la llamada mochila austríaca— y la eliminación de la distinción entre contratos temporales y fijos responden a esta forma de pensar.

Es intuitivo pensar que una persona que está dispuesta a trabajar a un salario más bajo, quizás encuentre empleo. Sin embargo, la idea de que la reducción de los salarios eliminará el desempleo es incorrecta, pues se basa en una clásica falacia de composición. Al reducir la fuerza de trabajo a la condición de una mercancía cualquiera, se incurre en la falsa deducción de que lo que es cierto para una persona que está buscando empleo, también lo es para todos los trabajadores considerados en su conjunto. El gran economista John Maynard Keynes ya advirtió en los años 30 que el empeño en aplicar políticas de reducción salarial para acabar con el desempleo estaba condenado al fracaso. Veamos por qué.

Uno de los hechos más difíciles de entender de nuestro sistema económico es que se considere normal que haya fábricas ociosas y personas en busca de trabajo y que, al mismo tiempo, siga habiendo necesidades humanas insatisfechas. Ello se debe a que nuestro sistema económico está organizado de forma que el objetivo de producir mercancías no sea la satisfacción de necesidades mediante el intercambio, como estudiamos en las universidades, sino la obtención de beneficios privados. En una economía capitalista, si los que dirigen el proceso de producción no creen que vayan a obtener beneficios, no lo iniciarán, dejando los recursos ociosos.  

La razón por la cual las empresas invierten es la tasa de beneficios esperada, que determina la cantidad de bienes y servicios producidos, el número de trabajadores contratados, y el número de personas que quedan sin empleo. Estas expectativas dependen de dos factores muy diferentes pero que se influyen mutuamente:

- Las condiciones de costes relacionadas con la compra de factores de producción y la obtención del producto.

- Las condiciones de demanda relacionadas con la tasa esperada de utilización de la capacidad productiva instalada.

Si las condiciones de demanda son buenas, es probable que las condiciones de costes sean malas. ¿Por qué? Algunas de las cosas que mejorarían las condiciones de costes producirán el efecto contrario en las condiciones de demanda. Por ejemplo, si todas o muchas empresas consiguen reducir sus salarios, sus condiciones de costes mejorarán (a menos que disminuya también la productividad), pero probablemente sus condiciones de demanda empeorarán.

Las ventas de las empresas dependen de que los trabajadores y trabajadoras tengan renta suficiente para adquirir los bienes y servicios que éstas ofertan, y los salarios constituyen, con gran diferencia, la principal fuente de renta de las personas. Al reducir los costes salariales los empresarios no encontrarán demanda para sus productos. Así, una reducción de los salarios puede empeorar la tasa de beneficios y dar lugar a una reducción de la inversión y el agravamiento del desempleo. Los economistas no ortodoxos denominan a este fenómeno “la paradoja de los costes”.

Cabe preguntarse por qué los empresarios en su conjunto tendrían interés en mantener a una parte de la población desempleada y reducir los salarios de los que emplean en el mercado de trabajo. Como al FMI, a las asociaciones de empresarios no debería costarles entender la paradoja de los costes.

Podríamos encontrar una explicación en la conducta egoísta de unos empresarios que buscan maximizar sus beneficios sin darse cuenta de que el empeño de todos en el mismo fin les lleva a una trampa de demanda deprimida. Pero no podemos subestimar ni la competencia entre empresarios como fuente de incertidumbre para cada empresa a nivel individual, ni los intereses de clase para mantener a la clase trabajadora disciplinada

El economista polaco Michal Kalecki demostró cómo los empresarios, como propietarios de los medios de producción, deciden el nivel de inversión de la economía, y por extensión de la producción y empleo. Puesto que la participación de los salarios en la economía es una función del grado de monopolio, a mayor grado de monopolio menor es la cuota en el reparto de la renta para los trabajadores, por lo cual las empresas perseguirían la concentración de la actividad para asegurarse mayores beneficios, estableciendo acuerdos con otras empresas que diesen lugar a una estructura de mercado oligopólica. De otra forma, la obligación de invertir continuamente en la búsqueda de ventajas tecnológicas para sobrevivir a la competencia, llevaría a un nivel en el cual el desempleo escasease y se hiciesen fuertes los trabajadores en la negociación salarial, reduciendo la tasa de beneficios del conjunto de los empresarios.

Puede que los empresarios tomen decisiones que vayan en detrimento de la sociedad, pero no necesariamente de sus intereses. La amenaza creíble del paro fortalece su poder de negociación y reduce el de los sindicatos. Es fácil ver cómo el poder de los sindicatos es residual en aquellos sectores donde las empresas pueden amenazar con deslocalizar su producción o externalizar los servicios hacia otros países con menores salarios y también en situaciones con un desempleo elevado.

Muchos países han aplicado políticas de contención salarial con la intención de ganar competitividad y cuota de mercado. La política de crecimiento basada en exportaciones no beneficia a los trabajadores pero si permite que los capitalistas de los países netamente exportadores arrebaten beneficios a los capitalistas de los países con déficit comercial. Pero aquí caemos en otra paradoja: si todos los países implantan políticas de moderación salarial simultáneamente, cae la demanda efectiva en su conjunto y, por tanto, se exacerba la caída en las expectativas de beneficios. La lógica capitalista que busca la rentabilidad a toda costa es claramente ineficiente. Esta carrera hacia el mínimo común denominador salarial conduce la economía global a una demanda agregada anémica. Es esta situación la que ha advertido el FMI. La victoria ideológica del capitalismo ha tomado una deriva suicida.

                No hay motivo para tolerar los costes que el desempleo impone a la sociedad. La incertidumbre a la que se ven abocadas las personas desempleadas o atormentadas por tal posibilidad no solo deprime sus decisiones de gasto, también afecta a sus capacidades y relaciones personales. Como dijo el presidente Roosevelt, « ningún país, sin importar su riqueza, puede permitirse el derroche de sus recursos humanos. La desmoralización causada por el desempleo masivo es nuestra mayor extravagancia. Moralmente es la mayor amenaza a nuestro orden social.» Este despilfarro de recursos es una lacra que solo una ideología fundamentalista impide resolver. Debemos acabar con esta permisividad exigiendo que el Estado asuma su responsabilidad y resuelva esta ineficiente dinámica intrínseca al funcionamiento del sistema capitalista, dándole una utilidad social a todos los recursos que están parados.  Ante la limitada posibilidad de que otras economías extranjeras absorban la producción nacional y la anemia de la demanda interna, necesitamos un Estado emprendedor que no se vea atado de pies y manos presupuestariamente, libre de la perniciosa disciplina que pretende neutralizar el ejercicio de la democracia misma. Solo el Leviatán puede evitar que el capitalismo se destruya a sí mismo y a la sociedad.

Sobre los autores:

Esteban Cruz Hidalgo es Licenciado en Economía y Máster en Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas, especialidad Economía, Empresa y Trabajo. Miembro da ATTAC Extremadura, del Instituto de Economía Política y Humana y de La Asociación por el Pleno Empleo y la Estabilidad de Precios.

Stuart Medina Miltimore es vicepresidente de la Asociación por el Pleno Empleo y la Estabilidad de Precios. Además es economista y MBA por la Darden School de la Unversidad de Virginia. Acumula más de 30 años de experiencia profesional en los sectores de material eléctrico, TIC y biotecnología. Fundó en 2003 la consultora MetasBio desde la que ha asesorado a numerosas empresas de diversos sectores.