Un artículo fallido sobre la teoría monetaria moderna

Recientemente El País, haciéndose eco de la popularidad de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, publicó un artículo en el que menciona la teoría moderna de la moneda (TMM) por primera vez aunque con un lastimoso retraso histórico. Lamentablemente el titular, «¿Y si se imprimiera dinero para algo más que salvar bancos?», delata que la autora ha eludido fundamentarlo en el asesoramiento de expertos en la TMM. Si lo hubiese hecho jamás habría usado la expresión “imprimir dinero”. Actualmente la mayor parte del dinero se genera mediante un teclado de ordenador. Esta objeción no es meramente semántica: la TMM ha centrado una gran parte de su trabajo en la descripción exacta de cómo funcionan nuestros sistemas monetario, basado en moneda fiduciaria, y bancario.

Entristece que la fuente primordial del artículo haya sido un economista que representa a la escuela austriaca, la más reaccionaria existente. El hecho de haber escrito dos panfletos contra la TMM no valida a Rallo como experto, de hecho su crítica está plagada de errores cuando no de falsedades y manipulaciones. Asimismo nos resulta asombroso que se catalogue a Summers o Krugman como economistas de la izquierda. Estos autores se podrían caracterizar mejor como centristas. En todo caso han demostrado una desidia aun mayor que la de Rallo en sus hostiles debates con la TMM.

La autora podría haber consultado en España a conocedores de la teoría mucho más cualificados tales como Eduardo Garzón, Juan Laborda, Esteban Cruz Hidalgo, Miguel Carrión o quien firma estas líneas, entre otros. Intercalar citas esporádicas de una entrevista a Randall Wray no llega a compensar los desaciertos intencionados de Rallo.

El recurso a esta fuente sesgada malogra todo el artículo con errores que no habrían salido de la boca de un economista de la TMM. Por ejemplo, cuando hablamos de emisión de deuda pública describimos una simple operación dirigida a retirar reservas del sistema bancario y definir los tipos de interés de referencia, no la financiación del estado. Cuando se plantea la financiación de un Green New Deal el artículo no consigue explicar algo básico: éste se financiaría simplemente cuando el estado ejecutara los programas de gasto. Cualquier acto de gasto de un estado implica la creación de dinero ex nihilo.

El artículo recoge también el escándalo de Rallo ante la ruptura del “principio generalmente asumido de la independencia del banco central”. Que Rallo y el mainstream defiendan la independencia de los bancos centrales no significa que sea cierta ni deseable. De hecho los supuestamente independientes bancos centrales exhiben una preocupante dependencia ideológica. Por otra parte los bancos centrales, en los estados que disfrutan de soberanía monetaria, siempre han coordinado su operativa con el Tesoro lo cual invalida su teórica independencia. Tal independencia es una fantasía del mainstream dirigida a justificar la despolitización de nuestras instituciones de gobierno económico.

Para la TMM resulta evidente que los impuestos cumplen una función distinta a la supuesta por los economistas tradicionales. Debatir a estas alturas si los impuestos financian a un estado emisor es una cuestión superada y estamos esperando a que los economistas académicos vayan asumiendo esta realidad gradualmente; al igual que el Banco de Inglaterra y otros bancos centrales ya han aceptado que es el crédito bancario el que crea los depósitos bancarios y no al revés. Esto ha sido así desde el derrumbe del sistema de Bretton Woods y, probablemente, desde hace al menos 6.000 años.

La intención de confundir a los lectores se evidencia cuando Rallo trata de encontrar un punto débil en nuestra teoría al afirmar que “la capacidad de endeudamiento no es ilimitada y en el momento en que tu credibilidad se cuestione, el coste de tus bonos se dispara y tu moneda pierde su valor.” Se trata de un argumento de hombre de paja para atemorizar al lector y prevenirlo contra la TMM.

En primer lugar, la TMM en ningún momento afirma que la capacidad de endeudamiento sea ilimitada. El emisor siempre puede comprar todo aquello que se encuentre a la venta a cambio de su moneda. Pero también señalamos límites al déficit público. Éstos no son financieros sino reales. Si un estado pretendiera comprar recursos escasos o que no están a la venta a cambio de su moneda, o si aceptara pagar precios cada vez mayores a cambio de entregar su moneda, entonces sí podría desencadenar un proceso inflacionista.

En segundo lugar, es evidente que el emisor de moneda en régimen de monopolio podrá atender cualquier vencimiento de la deuda en su propia moneda –queda excluido el endeudamiento en moneda extranjera puesto que no la emite. El concepto de soberanía monetaria es, por tanto, crucial.

Cuando Rallo dice, empleando una terminología imprecisa, que el coste de los bonos se puede disparar, entendemos que se refiere a que el rendimiento de los bonos se puede elevar si el déficit público es excesivo. Está invocando la teoría de los fondos prestables que para el pensamiento neoclásico serían limitados y, por tanto, cualquier aumento de la deuda pública supondría un desplazamiento del sector privado. La experiencia japonesa y la europea más reciente, sin embargo, desmienten la teoría de los fondos prestables y demuestran que el rendimiento de la deuda en el mercado secundario está determinado por las intervenciones del banco central. Japón y EEUU prueban que, lejos de causar una subida de tipos de interés, el gasto deficitario crea nuevas reservas que tienden a llevar los tipos de interés a cero. Las teorías monetarias de Rallo, Krugman o Summers —si es que tienen alguna—no puede explicar este fenómeno. 

Rallo cita una intervención del FMI para estabilizar la libra en 1976. Pues bien, esa intervención no habría sido nunca necesaria si el gobierno británico no se hubiese empeñado en garantizar la convertibilidad de la libra a la moneda de otro estado soberano. Reiteramos que la TMM considera que la soberanía monetaria es fundamental para asegurar que los estados puedan alcanzar el máximo espacio fiscal. Además Bill Mitchell ha señalado que el recurso del ministro de Hacienda Healy al FMI fue un ardid para amedrentar a una población a la que se pretendía someter al monetarismo repitiendo el mantra del “no hay alternativa” (http://bilbo.economicoutlook.net/blog/?p=33803).

Es evidente que, para la TMM, la credibilidad de las instituciones es decisiva, sobre todo la capacidad de exigir el cobro de impuestos y de estabilizar los precios determinando lo que el estado exige a cambio de entregar una unidad de su moneda. Es cierto que la TMM entiende que los impuestos pueden utilizarse para luchar contra la inflación, en el caso de que se produjere. Pero la TMM tiene una teoría de la inflación mucho más desarrollada y propone preferentemente otras herramientas de estabilización de precios que Rallo no menciona como el plan de trabajo garantizado o las políticas de gasto público dirigido. No es éste el lugar para comentar por qué se producen procesos de hiperinflación pero nuestra teoría de la inflación ayuda a entenderlos mucho mejor. Los episodios de hiperinflación históricamente sufridos por la República de Weimar, Zimbabue, Hungría o, más recientemente, Venezuela no se derivan de fenómenos monetarios, ya que la masa monetaria suele quedar determinada como variable endógena, sino de la destrucción del tejido productivo como consecuencia de conflictos bélicos o crisis políticas que llevan a la desestructuración de las instituciones.

Afirmar que el primer texto académico sobre TMM se ha publicado este año también es falso. Los proponentes llevan décadas trabajando y han producido una abundantísima bibliografía académica. Lo que han hecho este año Randall Wray, Bill Mitchell y Martin Watts es presentar un manual de macroeconomía pero los textos académicos no se limitan a la producción de manuales.

Nadia Calviño no es Robin Hood (II): los objetivos de la tributación

Artículo de Juan Laborda y Stuart Medina publicado originalmente en Voz Populi el pasado 16/5/2019.

En una entrega anterior explicamos por qué las políticas de consolidación presupuestaria distan mucho de ser progresistas y son irrelevantes para los fines públicos. No nos engañemos, Nadia Calviño no es Robin Hood. Su plan para conseguir el equilibrio de las cuentas del Estado podrá satisfacer a sus antiguos y dogmáticos jefes de Bruselas, pero, quizás sin saberlo, llevará al endeudamiento y al desempleo a muchas familias.

Nuestra crítica no pretende negar la necesidad de mejorar la progresividad de nuestro sistema fiscal sino cuestionar los objetivos de maquillaje contable tan caros a la ortodoxia neoliberal. La subida de impuestos pretendida por el Gobierno se adorna de motivos de equidad fiscal y de la necesidad de extraer dinero de los contribuyentes para financiar gastos sociales. Pero de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. La propuesta del Gobierno de Sánchez satisface los fines pretendidos de forma meramente marginal. Por ejemplo, el cacareado impuesto del 0,2% sobre las transacciones financieras, que grava la compra de acciones de grandes empresas españolas y con el que el Gobierno espera recaudar 850 millones de euros, tiene un tipo tan ridículamente bajo que difícilmente resolverá nada.

Si se pretende desincentivar la especulación financiera sería mejor prohibir directamente algunas transacciones como, por ejemplo, la especulación con derivados financieros sobre materias primas energéticas y alimentos, y/o limitar las actuaciones de los “prop trading” de los bancos sistémicos. Pero si lo que se quiere de verdad es beneficiar a los grupos sociales más vulnerables, habría que sustituir las políticas de flexibilización cuantitativa del Banco Central Europeo por políticas fiscales que destinaran recursos públicos a las clases más desfavorecidas, vía, por ejemplo, la propuesta de trabajo garantizado.

La regresividad fiscal de España

Proponemos otra política fiscal. Pero para ello explicaremos antes cuáles son las finalidades de los impuestos. La principal función de los tributos es generar una demanda de la moneda emitida por el estado. La moneda es aquello que el estado exige en pago de impuestos y que previamente ha entregado a cambio de los recursos que ha obtenido del sector privado. En este sentido la moneda debe considerarse como un crédito fiscal. Pero los impuestos tienen otros objetivos cruciales para los fines públicos. Por un lado, asegurar un reparto más equitativo de la renta y la riqueza, en una sociedad capitalista que tiende inexorablemente a la concentración de las mismas en pocas manos. Reducir la riqueza de las grandes fortunas, vía impuestos, aporta además una ventaja sutil de defensa de la democracia: evitar que dichas élites utilicen su poder de compra para practicar cohecho, influir en la legislación y en las políticas públicas en pro de sus intereses. Por otro lado, los impuestos son muy útiles para desincentivar determinadas actividades que pueden ser nocivas para la salud pública, el medio ambiente o que generan otro tipo costes para la sociedad. Se trata de conseguir una reasignación de recursos del sector privado hacia otros usos más beneficiosos para la sociedad. Los impuestos especiales sobre las labores del tabaco, o sobre el alcohol, o los impuestos sobre los combustibles que emiten gases de efecto invernadero son ejemplos de este tipo de impuestos. Finalmente, otro objetivo vital de los tributos es el de informar a la sociedad, mediante los precios públicos, del coste de determinadas actuaciones del estado.

Los impuestos son muy útiles para desincentivar determinadas actividades que pueden ser nocivas para la salud pública

La política impositiva aplicada en nuestro país ha tendido a favorecer a una clase mimada, especialmente rentista. Y ello tiene sus consecuencias. Si analizamos la equidad de nuestro sistema fiscal, comprobamos que ha fracasado de forma estrepitosa. El coeficiente Gini mide el grado de desigualdad en el reparto de las rentas. Se puede calcular un índice antes y después de impuestos para medir en qué grado éstos contribuyen a mejorar el reparto de las rentas. Según datos publicados por Eurostat nuestro sistema fiscal es, bajo esta perspectiva, de los más ineficientes. España se encuentra entre las naciones más avanzadas que menos consiguen reducir la desigualdad después de impuestos encontrándose más cerca de países como Turquía, México, o Estados Unidos que de los escandinavos.

Con los dos partidos mayoritarios, el camino hacia la regresividad ha sido imparable. Por eso, los pretextos redistributivos en nuestro país tienen una escasa credibilidad a la luz de los antecedentes. Si en 1978 el tipo impositivo más alto cuadruplicaba el más bajo, esta relación no llegaba a dos veces tras la última reforma del ministro Solbes. Actualmente, tras la reforma de Montoro de 2011, el tipo máximo del IRPF es del 52% para las rentas del trabajo y del 27% para las rentas del ahorro. Esta reforma del Gobierno Rajoy trató de cuadrar el círculo de complacer a defraudadores políticamente cercanos, con ventajas y amnistías fiscales, con los objetivos de consolidación fiscal exigidos por Bruselas.

Una alternativa fiscal

¿Cuál sería una política fiscal progresista? Desde nuestro punto de vista aquélla que, en primer lugar, se fijara en redistribuir la carga fiscal y no en maximizarla. Encontraríamos más convincente una política que bajase drásticamente los impuestos que recaen sobre las clases populares. Por ejemplo el IVA, un tributo muy regresivo, tiene una tasa del 21% que debería reducirse. En cambio otros impuestos que son claves en conseguir una mejor distribución de la renta como los de patrimonio y sucesiones deberían experimentar incrementos sustanciales a partir de un umbral razonable que previamente deje exenta a la mayoría de la población.

Las propuestas fiscales del nuevo gobierno deberían ser mucho más ambiciosas. No dejan de ser meros parches o remiendos a las políticas neoliberales, cuyo efecto real sobre la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía, especialmente los trabajadores, es muy limitado. La razón es muy sencilla, no implican un cambio del modelo productivo actual. Cambiar el modelo productivo patrio exige un enfoque estructural de reforma que cambie la balanza de poder y nos lleve de una vez por todas a la eliminación de la pobreza institucionalizada.

Primero, se debe desincentivar a los buscadores de renta. La solución ya fue ideada hace más de 100 años por un economista de San Francisco, Henry George. Se trata de establecer un impuesto sobre el valor de la tierra. Lo hemos comentado y analizado hasta la saciedad.

Una reforma tributaria radical aumentaría la actividad productiva, proporcionando un margen amplio para bajar los impuestos al factor trabajo y a las pequeñas y medianas empresas

Segundo, es necesario introducir un impuesto mínimo para las grandes empresas, apoyando e impulsando el proyecto de Directiva Accis. Hay que recuperar ya, y con carácter de mínimos, la capacidad recaudatoria de un tributo que se ha visto afectada por las maniobras de los grupos multinacionales encaminadas a situar artificialmente sus beneficios en países de baja tributación. Las multinacionales deben pagar sus impuestos en los países donde obtienen los beneficios, siendo necesarias además una serie de actuaciones inspectoras y modificaciones legales que impidan la planificación fiscal agresiva en las operaciones interiores de los grupos empresariales. Para evitar estas maniobras, siguiendo las propuestas del economista Gabriel Zucman, autor de “La Riqueza Oculta de las Naciones”, es necesario que los impuestos se establezcan sobre las ventas, los gastos de personal o las inversiones en inmovilizado material. De esta forma no se jugarían con los intangibles y los precios de transferencia.

Tercero, no hay que eliminar el Impuesto de Sucesiones, solo establecer un mínimo exento del que se beneficie la mayoría de la población, pero no a los más acaudalados. Como detallaban ciertos multimillonarios estadounidenses en un manifiesto contra la pretensión de George W. Bush de eliminar el impuesto de sucesiones en los Estados Unidos, "Eliminar el impuesto de sucesiones sería negativo para nuestra democracia, nuestra economía y nuestra sociedad... Conduce a una aristocracia de la riqueza que transmitirá a sus descendientes el control sobre los recursos de la nación. Todo ello basándose en la herencia y no en el mérito".

Bajo esta reforma tributaria radical aumentaría la actividad productiva, y habría un margen amplio para bajar los impuestos al factor trabajo, a las pequeñas y medianas empresas, y, sobre todo, permitiría reducir de manera ostensible ese impuesto tan injusto que se ceba especialmente con los más débiles, el IVA. Todo lo demás, meros parches y tiempo perdido.

Nadia Calviño no es Robin Hood (I)

Artículo de Juan Laborda y servidor publicado originalmente en Voz Populi

Transcurrido el fragor del combate electoral, el gobierno de Pedro Sánchez ha presentado ante Bruselas su plan para conseguir el equilibrio de las cuentas del Estado. Daría para otro artículo el análisis de cómo el proceso de despolitización neoliberal ha conseguido que los Presupuestos Generales del Estado se sometan a la censura previa de tecnócratas no elegidos democráticamente, convirtiendo a las Cortes en un mero ornamento para salvar las apariencias democráticas. El plan contempla un incremento de los impuestos de 5.654 millones de euros, fundamentalmente recaudados sobre los ricos y un nuevo impuesto sobre las transacciones financieras. Pretenden conseguir el equilibrio en 2022.

Ciudadanos no ha perdido la ocasión de denunciar la ocultación de una subida de impuestos durante la campaña electoral. El Gobierno y sus partidarios no han tardado en reaccionar diciendo que se pretende mejorar la calidad de los servicios públicos. Estos argumentos resuenan entre el electorado de izquierda. El mensaje del PSOE es: "Subimos los impuestos para que los ricos sufraguen un mejor estado social".

Lamentamos disentir. Disfrazado con vestimentas progresistas, la obsesión de NadiaCalviño por el equilibrio presupuestario, esconde un mensaje profundamente neoliberal y antisocial, más alineado con los intereses que representa Ciudadanos.

Inestabilidad financiera y desempleo

La propuesta de Calviño obvia algo tan básico como la identidad de balances sectoriales, un hallazgo del economista británico Wynne Godley. Calviño parece no entender que el déficit del Estado es necesariamente igual al ahorro del sector no público. Si ignoramos el sector exterior, entonces el desahorro del Estado es idéntico —hasta el céntimo— al ahorro de hogares y empresas. Si añadimos que nuestra balanza comercial es deficitaria, entonces el efecto de un equilibrio presupuestario del Gobierno sería endeudar aún más a unos hogares y empresas cuyas tasa de ahorro están en mínimos históricos. Esto solo puede llevar a una nueva crisis financiera como la que experimentamos en 2008.

Calviño parece no entender que el déficit del Estado es necesariamente igual al ahorro del sector no público

Con tasas de desempleo como las actuales lo responsable sería promover políticas de pleno empleo dejando que el saldo presupuestario se cuidara por sí mismo. El guarismo que refleja el saldo de las cuentas públicas no debe ser más que el residuo del conjunto de políticas que aseguren el pleno empleo con estabilidad de precios.

Sin embargo, España cuando suscribió los Tratados de la Unión Europea cedió la gestión de la política monetaria a un organismo supuestamente independiente, pero muy activo políticamente, llamado Banco Central Europeo. Este emisor es el cancerbero de las políticas neoliberales europeas. Si un Estado pretende abandonar el sesgo pro austeridad impuesto por los tratados, intervendrá inmediatamente renunciando a comprar la deuda de ese Estado, frecuentemente invocando argumentos pseudotécnicos.

Si inquirimos por qué los Estados europeos han abandonado la responsabilidad presupuestaria bien entendida, sustituyéndola por la consolidación fiscal, solo cabe explicárselo por la necesidad de crear una falsa sensación de escasez. Se trata de alegar que el Estado es básicamente impotente al carecer de los recursos necesarios para desarrollar las políticas sociales y de inversión que exige la mayoría democrática. La consecuencia es la deflación permanente en el continente europeo, el estancamiento económico y el auge de los fascismos.

Contra una política social avanzada

Entre los partidos socialdemócratas el equilibrio presupuestario se asocia con una medida deseable de equidad social. Los ricos deben contribuir solidariamente al mantenimiento del bienestar social y equilibrar las cuentas públicas sería la consecuencia virtuosa de una política fiscal más equitativa. ¿Cómo no podría ser algo deseable para una sensibilidad progresista? Lamentablemente, lo que suele ocurrir, debido a una actitud de complacencia de la UE respecto a los paraísos fiscales, es que las grandes fortunas encontrarán nuevos recovecos para escabullirse, dejando la factura en manos de las clases medias y bajas. Lo curioso es que el equilibrio presupuestario es un evento históricamente extraordinario que suele anteceder a las recesiones económicas. Pero los intereses de clase predominan sobre el bien común.

Alegar que subidas en tipos impositivos del 0,5% van a mejorar el reparto de la renta no es realista; es una declaración de que no se quiere trastocar el orden social vigente

Michal Kalecki ya lo explicaba sucintamente allá por 1943 en Political Aspects of Full Employment. El enorme economista post-keynesiano exponía tres razones por las que a las élites no les gustaba, y sigue sin gustarles, la idea de utilizar la política fiscal como instrumento de política económica. Un sistema sin una política fiscal activa significativa supone colocar en el asiento del conductor a los hombres de negocios. “Esto le da a los capitalistas un poderoso control indirecto sobre la política del gobierno”. Además, en segundo lugar, el gasto público pone en tela de juicio un principio moral de la mayor importancia para la élite: “Los fundamentos de la ética capitalista requieren que te ganarás el pan con el sudor -a menos que tengas los medios privados suficientes-”. Pero sin duda alguna la razón más importante es que a las élites no les gustan las consecuencias del mantenimiento del pleno empleo a largo plazo. “Bajo un régimen de pleno empleo permanente, el miedo dejaría de desempeñar su papel como medida disciplinaria… La disciplina en las fábricas y la estabilidad política son más apreciadas que los beneficios por los líderes empresariales. Su instinto de clase les dice que el pleno empleo duradero es poco sólido... y que el desempleo es una parte integral del sistema capitalista normal".

El rechazo a las políticas de pleno empleo keynesianas de posguerra fue el resultado de la reacción neoliberal, a través de sus think-tanks, y que acabó atrapando a las élites políticas, incluyendo a las de los partidos socialdemócratas. Alegar que subidas en tipos impositivos del 0,5% van a mejorar el reparto de la renta no es realista; es una declaración de que no se quiere trastocar el orden social vigente. Estamos de acuerdo en que es preocupante que las grandes fortunas acumulen tanto renta y riqueza. Pero la solución no está en quitársela cuando ya lo han conseguido, algo que resulta harto complicado, sino en evitar, en realidad, que les entre tantísima pasta. Para ello debemos frenar el desarrollo de clases rentistas beneficiarias de monopolios otorgados por el estado, establecer una política permanente de tipos de interés cero, reforzar el poder negociador de las clases trabajadores mediante una política de pleno empleo permanente; y, a largo plazo, asegurar que los medios de producción no queden en manos de una minoría exigua.

El declive de Europa

La Unión Europea intenta el férreo cumplimento de dos mandamientos sacro-sagrados para los hooligans ordo-liberales: amarás la sostenibilidad presupuestaria sobre todas las cosas; y a la actual arquitectura de la zona Euro como a ti mismo. Pero este ordo-liberalismo genera un efecto colateral todavía más demoledor. Supone la decadencia y declive de Europa.

Mientras que las dos grandes superpotencias, Estados Unidos y China, invierten cantidades ingentes de dinero en inteligencia artificial, big data, biotecnología, ordenador quanto, coche eléctrico, energías renovables… Con un papel destacadísimo en todo momento del Estado, en Europa el equilibrio presupuestario hace que los proyectos de inversión pública pan-europeos sean ridículos. Aquí, en Europa, se fía todo a un sector privado que es incapaz de asumir los riesgos inherentes a esos procesos de inversión. Digámoslo claramente; un New Deal verde es imposible sin la participación del Estado.

En respuesta a Joseph Huber

Artículo publicado originalmente en Infolibre el 8 de mayo de 2019

Una vez más, el diario El País regala a sus lectores otra crítica de la teoría monetaria moderna (TMM). Uno esperaría que, ante el surgimiento de una escuela de pensamiento económico novedosa, los periodistas inquirieran directamente a sus proponentes en primera instancia. Sin embargo, El País parece preferir las presentaciones distorsionadas de enemigos ideológicos, tales como la del economista de la escuela austríaca Juan Ramón Rallo hace unas semanas, aun a riesgo de exponerse al ridículo.

En esta ocasión el periodista Miguel Yasuyuki nos deleita en La Teoría Monetaria Moderna, ¿sinónimo del Dinero Soberano? con un refrito de un post publicado por el alemán Joseph Huber. Dicho autor, representante de una versión vintage de la olvidada escuela monetarista impulsada en los años 70 por Milton Friedman, delata una pasmosa ignorancia de la TMM, lo cual no le impide lanzar una desafortunada crítica. Su texto está cuajado de afirmaciones asombrosas que, de ningún modo, corresponden a postulados emitidos por nuestra escuela de pensamiento. De hecho es difícil encontrar un solo aserto que sea correcto.

Huber nos atribuye creencias como la de que "el gobierno crea dinero como bonos soberanos". Esto no es cierto. Lo que decimos es que los bonos soberanos son un instrumento para retirar reservas del sistema bancario para regular los tipos de interés. El dinero se ha creado en una fase anterior cuando el gobierno ha ejecutado el gasto público, proceso que inyecta reservas en el sistema bancario. Es comprensible su confusión pues, para nuestro anti apologeta, el gobierno no tendría capacidad de crear dinero. Solo lo crearían los bancos cuando compran los bonos emitidos por el gobierno. Es decir, Huber invierte el orden de la operativa. Los bancos primero crearían el dinero y luego comprarían los bonos soberanos con él. De esta forma el estado se vería obligado a obtener financiación de los bancos.

Pero esa afirmación es contraria a lo que nos dice la empírica. Antes de la operación de emisión de deuda los gobiernos han ejecutado sus políticas de gasto y recaudado los impuestos. No hay ningún misterio, es un proceso documentado mediante meros apuntes contables generados con un ordenador ubicado en el Tesoro. El acto de gastar origina una transferencia de la cuenta del Tesoro en el banco central hacia la cuenta de reservas de alguna entidad bancaria en la que el beneficiario del gasto mantiene sus cuentas corrientes. Posteriormente, los gobiernos retiran parte de esas nuevas reservas, al cobrar los impuestos. Esta fase de reflujo consiste de nuevo en un apunte contable que adeuda la cuenta corriente del contribuyente y, simultáneamente, la cuenta de reservas que mantiene su banco comercial en el banco central.

Los gobiernos emiten títulos de deuda una vez que conocen cuál es su saldo presupuestario. Incluso en el tortuoso diseño institucional contemporáneo, que prohíbe la financiación directa de los gobiernos por el banco central, el Tesoro necesita conocer su saldo antes de decidir el tamaño de su emisión de bonos. Los bancos y otras instituciones compran la deuda emitida por el Tesoro, pero para ello utilizan cuentas de reservas, es decir, cuentas abiertas en el banco central.

Aceptemos por un momento que la hipótesis de Huber sea cierta y que el gobierno solo puede realizar gasto deficitario si emite títulos de deuda a cambio de transferencias desde las cuentas de reservas de los bancos a la cuenta del Tesoro. Tendría que existir algún mecanismo que obligase a los bancos centrales a crear esas cuentas de reservas a favor de los bancos comerciales de forma previa o simultánea a su operación de compra de deuda pública. Si los gobiernos emiten deuda pública precisamente para retirar reservas del sistema ¿cuál es la lógica de la propuesta de Huber que implica crear y destruir reservas de forma inmediata? Por otra parte, ¿cómo se compadece esta hipótesis de Huber con la realidad observada en los últimos años cuando los bancos centrales han inyectado reservas al sistema bancario, sin esfuerzo y porque les ha dado la gana, sin necesidad de vender productos ni servicios, en los últimos años, a un ritmo superior a 80 mil millones al mes? ¿Considera Huber que los bancos centrales no son parte del estado?

Por algún motivo Huber piensa que los proponentes de la TMM consideramos que «la deuda del gobierno no es realmente deuda». Nos gustaría saber de dónde ha podido sacar tan peregrina idea. Continuamos citando a Huber: «Así sería sólo si el gobierno no tuviera que pagar tasas de interés, lo que no es cierto» ¿Entonces, de acuerdo con este criterio, las emisiones a tipo de interés cero o negativo como las de las más recientes subastas del Tesoro de España no son deuda?

Fiel a su visión del gobierno como una entidad sometida a restricciones presupuestarias como las de cualquier hogar, expresa su preocupación por que «la tasa de interés agrava el balance de los gobiernos». Sin embargo la realidad es que casi todos los estados han mantenido un déficit durante casi todos los años de su existencia y la tierra no parece haberse abierto bajo sus pies. Por cierto, la experiencia reciente de las economías avanzadas demuestra que los bancos centrales pueden llevar tipos interés a 0%. Añadamos que muchos proponentes de la TMM defendemos una política de tipos de interés 0 permanente (ZIRP).

Huber demuestra su perplejidad cuando afirma que «no podemos aceptar este argumento confuso de la TMM que no reconoce la obligación financiera del gobierno». Estamos igualmente perplejos. Agradeceríamos que citara la fuente donde haya podido leer semejante planteamiento.

El bloguero alemán recoge la impresión prevalente entre los críticos de la TMM de que abogamos por una capacidad infinita de gasto pública. La realidad es que todos los autores de la TMM han establecido los límites al gasto público en el agotamiento de los recursos reales que pueden ser adquiridos por el estado a cambio de su dinero. Por ejemplo, en su libro, Los siete fraudes inocentes capitales de política económica, Warren Mosler dice:

«El hecho de que el gasto público no esté limitado operativamente en forma alguna por los ingresos significa que no existe “riesgo de solvencia”. Dicho de otra forma, el gobierno siempre puede hacer frente a todos los pagos, cualesquiera que estos sean, en su propia moneda. No importa cuán grande sea el déficit o cuán exiguos sean los impuestos recaudados. Esto, sin embargo, no significa que el gobierno pueda gastar todo lo que quiera sin consecuencias. El exceso de gasto puede hacer subir los precios y aumentar la inflación.»
 

Huber cae aquí de nuevo en el ardid de la hiperinflación, repetido por otros críticos contra la TMM, para prevenir a la gente. Obviamente que la TMM haya desarrollado una teoría completa de la inflación se ignora. Hemos propuesto que la inflación se puede controlar con subidas de impuestos, sí, pero también con bajadas de gasto público, un plan de trabajo garantizado que estabilice los salarios, políticas de gasto dirigido que eviten la formación de cuellos de botella, políticas de rentas, etc. La simplificación solo se puede explicar en alguien que no se ha molestado en leer a los autores. Podemos facilitarle su trabajo remitiéndolo al reciente artículo de Nathan Tankus y Rohan Grey publicado en el Financial Times An MMT response on what causes inflation.

Joseph Huber es un proponente de la teoría del ‘dinero soberano’, heredero de la simplista teoría cuantitativa del dinero que pretende que la masa monetaria se puede controlar si el gobierno emite soberanamente su dinero. Tenemos malas noticias para Huber: eso ya lo intentaron los monetaristas y fracasaron porque no entendieron que el dinero es una variable endógena que no depende sólo de decisiones de gasto del gobierno sino también de las preferencias de ahorro y gasto de los agentes del sector privado. Si lo que pretende es cercenar la capacidad de los bancos de crear dinero esperemos que tenga una buena alternativa de intermediación de crédito si no quiere conseguir un colapso total de la economía.

El blog concluye con un argumento de dudosa solvencia técnica: rechacemos la TMM porque procede de EEUU. No parece un buen motivo. También cae en otro clásico de los críticos: la teoría solo sería aplicable a la nación norteamericana porque puede emitir todos los dólares que le da la gana; momento que aprovechamos para recordar que el Banco Central Europeo también ha creado una gran cantidad de euros al ritmo decidido por esa institución.

No tenemos ninguna duda de que la TMM se va a convertir en la escuela de pensamiento macroeconómico dominante porque su descripción de nuestras instituciones monetarias y fiscales es la que más se ajusta a nuestra realidad contemporánea. Es solo cuestión de tiempo que se acepte en el ámbito académico y en la opinión pública. El proceso requiere un doloroso proceso de adaptación de los economistas formados en un paradigma obsoleto. Ayudemos a Huber a transitar por esta fase de aceptación.

Las reivindicaciones de Red MMT para las elecciones generales de 2019 – Parte II: las exigencias de Red MMT

El diagnóstico que realizamos sobre el panorama político y económico actual es lóbrego (http://www.redmmt.es/las-reivindicaciones-red-mmt-las-elecciones-generales-201-parte-i-gran-vacio/). Pero eso no quiere decir que nos resignemos a no ofrecerles propuestas valiosas y potentes recomendaciones a nuestros apocados partidos políticos. La capacidad descriptiva de la TMM es mucho más cercana a la realidad institucional contemporánea y su registro de aciertos predictivos es superior al de un mainstream intelectualmente amortizado que no supo avizorar la inminente crisis financiera de 2007. Por ello podemos aportar una renovación de los programas económicos desde una óptica progresista que ayude tanto a cercenar el auge de las ultraderechas como a arrestar la decadencia de los partidos de izquierda europea.

No por casualidad, desde el éxito electoral de Alexandria Ocasio-Cortez, en los EEUU, hemos recibido una furibunda andanada de críticas desde los economistas mainstream. No nos preocupa; es la confirmación de que empiezan a tomarnos en serio y de que ya no pueden permitirse ignorarnos. Sabemos que en España el escrutinio al que se nos someterá no será tan atento como en los EEUU. Aun así Red MMT cree importante dar a conocer nuestras exigencias para un programa de gobierno; aquél que merecería nuestro apoyo. Aclaramos que actualmente no lo asume ningún partido entre los contendientes. Pero es importante abordar un incipiente debate público con una alternativa radical. Parte de las propuestas aquí avanzadas se recogen con mayor detalle en el libro El Leviatán Desencadenado (Medina Miltimore, 2016).

Nuestra primera reivindicación es someter la política económica al control de instituciones democráticamente elegidas. Esto significa que España debería recuperar su soberanía monetaria. Además, la independencia del Banco de España sería revertida y su gobernador debería responder ante las Cortes. Sus objetivos se limitarán a asegurar el correcto funcionamiento del sistema de pagos, establecer permanentemente los tipos de interés en el 0% y supervisar el sistema bancario. Nada más. La capacidad de la política monetaria de influir en el nivel de precios y del empleo es tan solo una fantasía mainstream.

Asimismo repudiamos las censuras previas a los presupuestos generales del Estado de ninguna Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal que ni es independiente ni es responsable. El gobierno debe ser el único competente de ejecutar un presupuesto que debe ser sometido a la aprobación exclusiva de las Cortes, sede de la soberanía nacional, sin interferencias de organismos multilaterales cuyos intereses están más alineados con oligarquías capitalistas.

El objetivo de la política presupuestaria no sería equilibrar el saldo entre el dinero introducido en la economía española mediante el gasto público y el destruido mediante impuestos. Los impuestos en un estado que disfruta de soberanía monetaria desempeñan una función distinta a la comúnmente imaginada. El estado emisor de moneda no necesita nuestro dinero para financiarse. La función de los impuestos no es financiar a un estado que siempre puede crear dinero de la nada sino crear demanda por la moneda emitida por el estado. Esto obliga a revisar la forma en que entendemos la responsabilidad fiscal. Desde una aproximación funcional de la hacienda pública la política fiscal debe juzgarse por sus efectos en el empleo y la estabilidad de precios y los saldos de las cuentas del estado central pierden la relevancia que se le ha asignado en los tratados europeos que han establecido un límite de déficit fiscal.

Esta intuición fundamental nos permite replantar nuestro modelo tributario para perseguir otros fines socialmente deseables. Nos repugna que el peso de la recaudación recaiga desproporcionadamente sobre las rentas del trabajo desincentivando una actividad fundamental para el ser humano. Debido a que el mayor problema actual de la economía española es la elevada tasa de desempleo el estado debería reducir drásticamente el impuesto sobre la renta del trabajo y las cotizaciones a la Seguridad Social. Advertimos también cómo la imposición directa se ha hecho menos progresiva en las últimas décadas privilegiando en exceso las rentas del ahorro en detrimento de las rentas del trabajo, sobre todo las de las clases populares. Por este motivo propondremos un impuesto más progresivo, más alto para las rentas más elevadas y para las rentas del ahorro y significativamente reducido para las rentas más bajas. Creemos que el IVA, la figura tributaria más regresiva, debería ser suprimido y sustituido por impuestos sobre el suelo que desincentiven la malsana tradición de especulación inmobiliaria.

La perspectiva de la hacienda funcional permite poner el énfasis del diseño de las figuras tributarias en el desincentivo de determinadas actividades consideradas perjudiciales o negativas para la sociedad o el medio ambiente. Ejemplos de tales actividades son la compra y tenencia de vehículos de gran cilindrada, la ocupación del espacio ostentosa y el deterioro de los paisajes y el medio ambiente. Asimismo el estado debe introducir un sistema de imposición que capture parte del valor creado por él mismo. Numerosas actividades privadas se benefician de inversiones del estado o de decisiones administrativas. Estas entidades y personas están obteniendo beneficios extraordinarios gracias al esfuerzo colectivo y parece justo exigir que una parte sea retornada a la colectividad. Ejemplos de tales actividades beneficiadas por el estado podrían ser los incrementos del valor de propiedades inmobiliarias provocados por las inversiones públicas en infraestructura o los beneficios extraordinarios obtenidos por los monopolios facilitados o consentidos por el estado tales como los que se derivan de la concesión de patentes farmacéuticas o la explotación de fichas bancarias.

Reiteramos que no queremos equilibrar el presupuesto sino la economía española. Reclamamos un plan de trabajo garantizado para que todas las personas, sin exclusiones de clase, género, edad o nivel educativo, puedan obtener un ingreso digno en lugar de limosnas producto de redistribuciones ex post. El plan debe reconocer el valor para la sociedad de los cuidados personales y potenciar actividades que reviertan los efectos del cambio climático.

En la primera década del siglo XXI España hizo un esfuerzo para desarrollar un sistema nacional de investigación y desarrollo (I+D) que le ha permitido convertirse en una potencia científica. Fue el estado quien realizó la mayor parte de este esfuerzo que no ha sido acompañado en la misma medida por el sector privado. La dificultad en rentabilizar estas inversiones explica en parte que, cuando se produce una recesión, el gobierno tiene pocos reparos en recortar las inversiones en ciencia tal como ha ocurrido durante el mandato del Sr. Rajoy.

La economía española necesita cambiar su modelo productivo hacia otro de mayor creación de valor basado en el conocimiento. Sin embargo el modelo de fomento de la innovación europeo se limita a crear condiciones favorables al desarrollo de empresas innovadoras con la esperanza de que el mercado elegirá los proyectos ganadores. Esta estrategia es poco eficaz porque las empresas no consiguen acceder al tipo de capital paciente necesario para financiar los proyectos disruptivos que se caracterizan por su elevado riesgo, largos plazos de desarrollo y elevadas necesidades de financiación.

Proponemos que el Estado desempeñe un papel transformador que oriente al sector privado en sus apuestas tecnológicas. Por una parte, este Estado emprendedor puede introducir programas de financiación más ambiciosos que aporten el capital paciente que es necesario para acometer proyectos innovadores. Por otra parte, el Estado debe destinar una parte del gasto público a compra pública innovadora lo cual crea una salida comercial a los productos de estas empresas innovadoras y reduce el riesgo de sus proyectos haciéndolos más atractivas para los inversores privados.

El Estado emprendedor debe identificar grandes misiones nacionales como hizo en el pasado con el desarrollo de la alta velocidad ferroviaria. Estas apuestas deben servir para resolver problemas como el envejecimiento y la salud de la población, los retos medioambientales como la contaminación y el calentamiento global, o los de la falta de empleo.

Para dar respuesta a la acelerada desindustrialización de España promoveríamos instrumentos de inversión pública que llevaran nuestra inversión en I+D al menos hasta el nivel del 3% sobre el PIB. Estos podrían ser un banco público, un fondo de capital riesgo y subvenciones directas a la I+D empresarial y académica.

Un Green New Deal ibérico contribuiría a reducir las emisiones de efecto invernadero, transformaría nuestro modelo energético para reducir nuestra dependencia de combustibles fósiles importados, reactivaría la industria nacional y contribuiría a la repoblación de zonas castigadas por la decadencia demográfica. Este nuevo trato verde también modificaría nuestras redes de transporte para mejorar su capilaridad y sustituir al vehículo privado, dar mejor servicios a las zonas rurales y potenciar nuevas oportunidades de desarrollo industrial.

El intenso proceso de liberalización del sector bancario experimentado en todos los países avanzados a partir de los años 80 del siglo pasado permitió un desarrollo excesivo de las actividades financieras e introdujo incentivos para que los gerentes de las entidades financieras incurrieran en prácticas crediticias arriesgadas. Un proceso de financiarización, por el cual las entidades financieras invierten en actividades financieras, especulativas e inmobiliarias en lugar de la economía real, frecuentemente a través de instrumentos financieros cada vez más opacos y difíciles de entender, incrementó la inestabilidad del sector bancario. La crisis financiera global fue desencadenada por grandes bancos de inversiones que habían inundado los mercados de productos de inversión “tóxicos”.

La experiencia reciente ha desacreditado las políticas de autorregulación del sector bancario y ha producido una reacción a favor de un fortalecimiento de las normas de supervisión bancaria. En este sentido las normas de Basilea III han reforzado los requisitos de capitalización y han introducido normas de preservación del capital de los bancos. España debería contar con normas de supervisión bancaria que impidieran en el futuro la formación de nuevas burbujas inmobiliarias. Pero estas iniciativas bienintencionadas deberían acompañarse por un desmantelamiento de las llamadas entidades sistémicas en España. El grado de concentración bancaria en España ha alcanzado niveles de oligopolio lo cual, además de perjudicar la competencia, expone la economía española una fuerte crisis financiera en el caso de que alguna de ellas tuviera problemas de solvencia.

En cualquier caso el sistema bancario no resulta útil para el objetivo de transformar nuestro modelo económico. La función de los bancos privados es atender las necesidades de financiación del tráfico ordinario. La financiación de proyectos de I+D disruptivos dentro de un programa de grandes misiones definidos por un estado emprendedor tiene un respaldo insuficiente de las ayudas públicas que actualmente conceden el CDTI o la Empresa Nacional de Innovación. Por esto motivo creemos que España necesita un banco de desarrollo al estilo de los que ya existen en Alemania, China o la propia UE.

La política de tipos de cambio fijos empleada por los gobernantes españoles hasta la creación de la moneda común como consecuencia de sus compromisos con los socios europeos solo pudo sostenerse mediante costosas operaciones del Banco de España en el mercado de divisas y elevados tipos de interés. La salida del euro nos da una oportunidad de no repetir el error. Dejaríamos que una nueva moneda española cotizara libremente en los mercados para evitar que la soberanía democrática quedare comprometida por la subordinación de la política económica a los caprichos de los mercados de divisas y las políticas monetarias de Alemania u otra potencia.

Pese a todo, voten

No recomendaremos el voto a ningún partido concreto. Esa elección queda a la conciencia de cada ciudadano. Solo pedimos que contribuyan a exigir a los partidos políticos mayor responsabilidad. Nuestra contribución debe ser educar a la población en el conocimiento de la TMM. Si lo conseguimos, podremos con el tiempo cambiar las posiciones de algunos partidos. Hay que ser realistas y ajustar las expectativas, aunque, como diría Gramsci: somos pesimistas por inteligencia pero somos optimistas por voluntad.

Referencias

Medina Miltimore, S. (2016). El Leviatán desencadenado. Siete propuestas para el pleno empleo y la estabilidad de precios. Veintiuna razones para salir del euro. Berlín: Lola Books.