El error Habermas

25 de junio de 2016

Publicado originalmente en el Blog Alternativas.

El economista austriaco Friedrich August von Hayek, uno de los padres del neoliberalismo, escribió en 1939, más de veinte años antes de la creación de las Comunidades Económicas Europeas, un ensayo en el que defendía una unión federal europea porque avanzaría el programa liberal. En una federación con un mercado único de bienes, sin barreras al libre movimiento de capitales y trabajadores, las diferencias de precios solo reflejarían los costes de transporte. La movilidad de los factores mermaría la capacidad de los estados para imponer impuestos ya que, si estos fueran más elevados que en países vecinos, provocarían la fuga de capitales y trabajadores. Esta presión competitiva limitaría la capacidad recaudatoria del estado y por tanto la de aplicar políticas proteccionistas y de bienestar social. Hayek se oponía al estado nación porque sabía que solo éste podría desarrollar políticas de bienestar social que requieren de consensos y sacrificios que los ciudadanos de una nación están dispuestos a hacer en beneficio de otros grupos de su propia colectividad pero no a favor de los individuos o colectivos de otra nación.

«En el estado nacional, las ideologías actuales hacen que sea comparativamente sencillo persuadir al resto de la comunidad de que le interesa proteger “su” industria o “su” producción de trigo… La consideración decisiva es que su sacrificio beneficia a compatriotas cuya posición les resulta familiar (Hayek 1948).»

En el caso de una federación interestatal Hayek pensaba que este tipo de lazos afectivos y sentimientos de pertenencia no existirían y por tanto sería más difícil avanzar una agenda de políticas proteccionistas y sociales.

En un interesante ensayo, Glyn Morgan, Profesor de la Harvard University[i], contrasta la visión de Hayek con la del filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas, un pensador asociado a la socialdemocracia. Habermas reconoce los logros del estado-nación, siendo el más positivo la creación del estado de bienestar que garantiza a todos los ciudadanos unos derechos sociales y somete a la economía capitalista a los intereses generales. Pero Habermas busca una justificación para el proyecto europeo. El proceso de integración europea logró poner punto y final a una sangrienta historia bélica que culminó en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, pretender que los ciudadanos sigan entusiasmándose con un proyecto europeo limitado a acabar con viejas rencillas nacionales resulta ilusorio. Por eso Habermas introduce un argumento que la izquierda ha asumido como un mantra: el proceso de globalización estaría dejando inerme y obsoleto al estado-nación, erosionando el estado social y la democracia. El estado se vería compelido a reducir sus impuestos sobre un capital cada vez más móvil debilitando su capacidad de ejecutar políticas sociales. Para atraer capital los estados se verían obligados a reducciones competitivas de sus tipos impositivos. El mantenimiento de la competitividad en mercados abiertos estaría obligando a imponer devaluaciones salariales.

«La globalización del comercio y la comunicación, de la producción económica y las finanzas, la difusión de la tecnología y las armas y, sobre todo, los riesgos ecológicos y militares, presentan problemas que ya no pueden ser resueltos dentro del marco de los estados nación o mediante los métodos tradicionales de acuerdos entre estados soberanos.[ii]»

Para enfrentarse a estas amenazas los distintos estados responden de forma descoordinada y poco cooperativa.  Por eso, Habermas cree encontrar una justificación del proyecto europeo en la conservación de los valores del estado social.

Hayek y Habermas llegan a conclusiones diametralmente opuestas sobre las consecuencias de un proceso de integración europea. El primero cree que la federación acabará con el estado social, el segundo cree que lo salvará. Pese a Habermas, el estado nación sigue vigente y ha mostrado mayor capacidad de ofrecer prosperidad, crecimiento económico y equidad social que el fallido proyecto europeo. Si Habermas tuviese razón la crisis del estado nación sería un fenómeno global pero extrañamente parece solo circunscribirse a Europa. En los demás continentes esta vieja institución parece estar viviendo sus mejores momentos. Países como Corea del Sur, Chile, Canadá, Nueva Zelanda, Australia o Uruguay ofrecen niveles de prosperidad crecientes a sus ciudadanos. Las grandes naciones como China o EEUU no parecen estar en riesgo de integrarse en federaciones mayores. Dentro de la propia Europa, los países que más rápidamente se recuperaron de la crisis financiera global y que mantienen mayores niveles de felicidad entre la población, encuesta tras encuesta, son los que no se integraron en el proyecto europeo: Suiza, Islandia, Noruega. Dentro de la UE los países que no participan en la unión monetaria como Suecia, Dinamarca, el Reino Unido o Polonia también han tenido un rendimiento económico superior tras el inicio de la crisis financiera global.

La evidencia apunta a que la Unión Europea es una federación ‘hayekiana’. El proyecto europeo es elitista y sus tratados tienen una inspiración neoliberal al servicio del gran capital. La Unión Europea, lejos de consolidar un estado social avanzado, ha estado minándolo, sistemáticamente. Blandiendo la amenaza de la globalización prometió a la clase media y trabajadora un mundo mejor para el que nos prepararían con formación e inversiones en I+D haciéndonos supercompetitivos. La utopía prometida se ha convertido en una distopía para la clase trabajadora y la juventud, sobre todo la del sur de Europa.

Por eso desconcierta la entrega de los tradicionales partidos socialdemócratas que han caído en lo que podríamos llamar el “error Habermas”: mantener ilusoriamente que Europa fortalecería el estado social pese a que los hechos indican tercamente lo contrario. Esta miopía de los socialdemócratas quizás se explique porque estos viejos partidos fueron cooptados por el neoliberalismo –desde luego éste parece ser el caso de políticos como Felipe González que renegaron tempranamente del marxismo—; o quizás porque confundieron la federación hayekiana con un proyecto internacionalista. En este caso los socialdemócratas quizás tengan una definición demasiado imprecisa de internacionalista porque el capitalismo también lo es, probablemente con mayor entusiasmo y convicción.

El descontento de las clases populares, sin un referente progresista que supiera explicarlo y encauzarlo, traicionadas por unos partidos entregados, de forma incoherente con los postulados que dicen defender, al proyecto europeísta, se ha canalizado en algunos países hacia formaciones de extrema derecha. Con mensajes más simples y enarbolando las banderas identitarias estos han sabido captar al votante iracundo.

Esta semana una mayoría del pueblo británico ha votado por salir de la UE. Los medios del establishment han destacado que el voto por el Brexit fue mayoritario entre los mayores y minoritario entre los jóvenes. Parecen haber prestado menos atención al hecho de que el apoyo al Brexit fue mayoritario entre personas de renta baja. Para la élite biempensante votar Brexit sería cosa de viejos reaccionarios e indocumentados. Uno de los mayores defensores del proyecto europeo, Xavier Vidal Folch escribía ayer que “sin acritud, consideramos que la decisión de los votantes igual no era la más lógica, racional ni conveniente,” —para sus intereses de clase, añadiría yo— “pero quizás sí la más obvia, tras cuadro decenios de infatigable propaganda contra Europa”. Se olvida al parecer del sistemático bombardeo desde los medios, el mundo empresarial y los políticos “respetables” con campañas tremebundas acerca de los infinitos males que acaecerán si Gran Bretaña decidiere salir de la UE.

A los partidos que desde la izquierda o la derecha osan cuestionar el proyecto europeo despectivamente se los tilda con el remoquete de “nacionalistas”, “retrógrados”, “xenófobos” o, peor aún, “populistas”. Sus humildes votantes podrán expresarlo mejor o peor, acompañados o no de los acobardados partidos socialdemócratas, pero, en realidad, solo quieren recuperar su estado nación para que les devuelvan unas condiciones de vida dignas. Los británicos de clase trabajadora, “esos paletos”, no votaron el pasado jueves con el corazón; votaron con la razón.

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[i] Morgan G., Hayek, Habermas, and European Integration. (2003)

[ii] Habermas, J. La Inclusión del Otro: Estudios de Teoría Política (1999). Paidos Ibérica.

El Tributo de los Incas

Un texto extraído del libro Quinto de Comentarios Reales que tratan del Origen de los Incas, escrito por Garcilaso Inca de la Vega y publicado en 1609. Describe un sistema de tributación en una economía no monetaria.

El principal tributo era el labrar y beneficiar las tierras del Sol y del Inca, y coger los frutos, qualesquiera que fuesen y encerrarlos en sus Orones y ponerlos en los Pósitos Reales, que avía en cada Pueblo, para recoger los frutos y uno de los principales frutos era el Uchu, que los Españoles llaman Axi y por otro nombre Pimiento.

(…) 

La cosecha del Sol y la del Inca se encerraba cada una de por sí, a parte, aunque en unos mismos Pósitos: la semilla para sembrar, la dava el dueño de la tierra, que es el Sol o el Rey; y lo mismo era el sustento de los Indios que trabajavan, porque los mantenían de la Hacienda de cada uno dellos, quando labraban y beneficiaban sus tierras: de manera que los Indios no ponían mas del trabajo personal. De la cosecha de sus tierras particulares, no pagavan los Vasallos cosa alguna al Inca.

(…)

La tercera parte de las tierras dava el Inca para la Comunidad. Desta tercera parte ningún Particular poseía cosa propia ni jamás poseieron los Indios cosa propia, si no era por Merced especial del Inca y aquello no se podía enagenar ni aun dividir entre los herederos. Estas tierras de Comunidad, se repartían cada año y a cada uno se le señalava el pedaço que avía menester para sustentar su persona y la de su Muger, e hijos, y assí era unos años más y otros menos, según era la Familia; para lo qual avía ya sus medidas determinadas. Desto, que a cada uno se le repartía, no dava jamás Tributo, porque todo su Tributo era labrar y beneficiar las tierras del Inga y de las Guacas y ponerles en sus Depósitos los frutos etc.

(…) 

Si el tributo principal, que era sembrar las tierras, coger y beneficiar los frutos del Sol y del Inca daban otro segundo tributo, que era hacer de vestir y calçar y armas para el gasto de la Guerra y para la Gente pobre, que eran los que no podían trabajar por vejez o por enfermedad. En repartir y dar este segundo tributo, avía el misma orden y concierto que en todas las demás cosas.

En suma, cada Provincia y Nación dava de lo que tenía de su cosecha sin ir a buscar a Tierra agena lo que en la suia no avía, que no le obligaban a más: en fin pagavan su tributo, sin salir de sus casas, que era Ley universal para todo el Imperio que ningún Indio saliese fuera de su Tierra a buscar lo que hubiese de dar en tributo, porque decían los Incas que no era justo pedir a los Vasallos lo que no tenían de cosecha y que era abriles la puerta para que, en achaque de tributo, anduviesen vagando de tierra en tierra, hechos holgaçanes. De manera que eran quatro las cosas que, de obligación, daban al Inca, que eran bastimentos de las proprias tierras del Rey, Ropa de Lana de su Ganado Real, Armas y Calçado de lo que avía en cada Provincia. Repartían estas cosas por gran orden y concierto. Las Provincias, que en el Repartimiento cargavan de Ropa, por el buen aliño que en ellas avía para hacerla, descargaban de las Armas y del Calçado; y por el semejante a las que daban más de una cosa, descargavan de otras y en todas cosa de contribución avía el mismo respecto. De manera que ni en común ni en particular, nadie se diese por agraviado.

(…) 

Otra manera de tributo daban los impedidos, que llamamos pobres, y era que, de tantos a tantos días, eran obligados a dar a los Governadores de sus Pueblos, ciertos cañutos de piojos. Dicen que los Incas pedían aquel tributo porque nadie (fuera de los libres de tributo) se esentase de pagar pecho, por pobre que fuese y que a esto se lo pedían de piojos porque, como pobres impedidos, no podían hacer servicio personal que era el tributo que todos pagavan. Pero también decían que la principal intención era Celo amoroso de los pobres Impedidos por obligarles a que se despiojasen y limpiasen, porque como gente desastrada no perecieren comidos por piojos.

(…)

El Oro y Plata y las Piedras preciosos, que los Reyes Incas tuvieron en tanta cantidad, como es notorio, no era de tributo obligatorio que fuesen los Indios obligados a darlo, ni los Reyes lo pedían porque no lo tuvieron por cosa necesaria para la Guerra ni para la Paz y todo esto no estimaron por Hacienda ni Tesoro, porque como se sabe, no vendían ni compravan cosa alguna por Plata ni por Oro ni con ello pagavan la Gente de Guerra ni lo gastaban en socorro de alguna necesidad que se les ofreciese; y por tanto lo tenían por cosa superflua, porque ni era de comer, ni para comprar de comer: Solamente lo estimavan por su hermosura y resplandor para ornato y servicio de las Casas Reales y Templos del Sol.

Presentación del libro "Librarse del Euro"

Abandonar la histeria por el déficit público para cambiar Europa

Artículo publicado por el compañero Esteban Cruz en la sección Luces Rojas de Infolibre el pasado 6 de junio de 2016.

El irreversible proceso de globalización conducido por el progreso tecnológico y la desregulación de los mercados ha provocado una creciente interdependencia entre las economías nacionales y, sin embargo, las instituciones no están acompañando a semejante fenómeno de integración económica. El ejemplo más claro lo tenemos en la zona euro, donde la existencia de un mercado común no ha llevado consigo la creación de una autoridad fiscal federal que coordine las políticas fiscal y monetaria, compensando las dinámicas asimétricas surgidas de la interrelación de participantes con diferentes estructuras productivas y culturas. Tampoco la evolución del sistema monetario ha ido conforme a la de un régimen de acumulación capitalista basado en dinero fiduciario-crédito, una convención social no respaldada por mercancía alguna y que no debería ser susceptible de concentración en manos privadas ni marcar los límites a la circulación de bienes y servicios por su escasez. La captura de los bancos centrales por el pensamiento gregario que caracteriza a estas instituciones, y que ha mantenido las restricciones ligadas a un sistema patrón-oro anacrónico, ha impedido a los Gobiernos disponer del espacio fiscal adecuado para alcanzar sus objetivos económicos y sociales.

Ante el estricto impedimento del Banco Central Europeo de financiar a los Estados miembro, éstos tienen la obligación de ceñirse a una restricción presupuestaria delimitada por su capacidad de recaudación, debiendo ir a los mercados a pedir todo lo que la sobrepase y quedando con ello rehenes de las condiciones que les sean impuestas, despojándolos de su soberanía. Esta camisa de fuerza impide desarrollar políticas progresistas en el actual marco de la Unión Monetaria o, cuanto menos, hacerlo con un margen de maniobra muy reducido. La posición de dependencia de los Estados con respecto a los mercados es insalvable en esta Europa de los mercaderes cuyo pilar fundamental es la libertad de movimientos de capitales.

La soberanía popular debe ser canalizada a través de un marco institucional que custodie un espacio operativo adecuado mediante la coordinación de las políticas monetaria y fiscal. En base a ello, rechazamos las imposiciones en materia de déficit. Existiendo recursos humanos no movilizados por la iniciativa privada y disponibles para contribuir al proceso de aprovisionamiento social, creando riqueza y satisfaciendo así una serie de necesidades que no son cubiertas, el uso del déficit no debe comprenderse más que como la herramienta que permite ponerlos en marcha, no una restricción. Desde este planteamiento la existencia de desempleo significa que el déficit no es el suficiente, apoyándose tal aseveración en un principio contable básico: que el gasto de un agente económico es el ingreso de otro. Por tanto, las políticas de austeridad que recortan el gasto inevitablemente deben tener de forma automática el mismo efecto en los superávits privados, es decir, reducen los fondos de empresas y familias, los ahorros y beneficios que determinan su consumo e inversión y por tanto, la producción y el empleo, agravando la depresión económica. De hecho, el déficit es lo que ha permitido al Partido Popular llegar a esta doble sesión de comicios maquillando los datos macroeconómicos de su pésima gestión.

La soberanía monetaria, esto es, la posibilidad de financiarnos directamente del Banco Central, nos proveería de los fondos necesarios para llevar a cabo una serie de objetivos económicos y sociales elegidos democráticamente a todos los niveles, desde lo local a lo regional y estatal, y que a día de hoy quedan como metas secundarias ante la histeria que acarrea el incumplimiento de los compromisos de déficit en el actual marco institucional, donde los Estados operan con una moneda extranjera que es el euro. Además de limitar los efectos perjudiciales del ciclo económico estabilizando las expectativas privadas, disponer de soberanía monetaria nos posibilitaría buscar objetivos sociales diferentes al lucro capitalista. Entre estos fines se incluyen la inversión necesaria para el cambio de modelo productivo y el avance hacia las energías renovables, la visibilización y dignificación del trabajo de cuidados, o el apuntalamiento de los servicios públicos.

La arquitectura del euro ata de pies y manos a los Estados estableciendo mecanismos perversos y eficaces para hacer a Gobiernos electos retroceder en sus demandas conforme los empujan a la posibilidad de suspensión de pagos, siendo así obligados a ajustarse a un nuevo equilibrio presupuestario en una peor situación. Es por ello que desde la Asociación por el Pleno Empleo y la Estabilidad de Precios (APEEP) rechazamos las demandas hechas en el actual marco institucional que se ciñen a la restricción presupuestaria, ya sea por el lado de los gastos como por el de los ingresos, mareando la perdiz con plazos y velocidades de reducción del déficit y quitas o mutualizaciones de la deuda.

Necesitamos un Plan B para Europa, el cual pasa por el cuestionamiento directo del diseño del euro y la puesta en marcha de un conjunto de decisiones emprendidas de manera unilateral por los Estados, a poder ser, en coordinación con otros Gobiernos desobedientes. La unanimidad exigida para reformar los Tratados hace exiguas las posibilidades de afrontar una modificación de las políticas económicas dentro de la eurozona. Una re-edición del Plan A con la aspiración de conseguir ciertas concesiones, confiando en el mayor tamaño de nuestro país para obtener unos resultados diferentes a Grecia en unas hipotéticas negociaciones con las autoridades europeas, tal y como se desprende de los 50 puntos del acuerdo programático de Unidos Podemos para las elecciones del próximo 26 de junio, acabaría disciplinando las exigencias de un potencial gobierno de cambio conforme progresivamente se debilita su posición financiera, con lo cual la rebeldía mostrada sería efímera.

Las instituciones importan y en su papel está tanto el restringir como el liberar la capacidad de actuación de la acción colectiva. Es esencial cambiar las reglas de juego para devolver a manos de la soberanía popular herramientas que le han sido quitadas y sin las cuales está a merced de los vaivenes de los mercados, equilibrando con ello las articulaciones de poder que hoy están claramente desbalanceadas en favor de agentes trasnacionales. El primer paso para hacer políticas progresistas es abandonar el discurso del equilibrio presupuestario y la reducción del déficit, y centrarse en objetivos reales como son acabar con la lacra individual y social que es el desempleo y avanzar en la justicia social en diversos aspectos, con los que transformar esta Europa en la Europa de los pueblos. Una Europa solidaria, verde, feminista y ante todo, democrática.

_____________________Esteban Cruz Hidalgo es economista y vicepresidente de la Asociación por el Pleno Empleo y la Estabilidad de Precios

La irresponsabilidad fiscal

Artículo publicado originalmente en la sección Luces Rojas de InfoLibre





30 de mayo de 2016


En 2010 el Gobierno del Presidente Zapatero propuso una enmienda a la Constitución Española que modificaba su artículo 135. Fue aprobada con el apoyo del Partido Popular de forma urgente por las Cortes, hurtándose a la ciudadanía el debate sobre las consecuencias o la necesidad de tal reforma. En su nueva redacción, el artículo obliga al estado a mantener un déficit público estructural dentro de los márgenes establecidos por la Unión Europea. Este compromiso se concretó en la Ley 2/2012 de Estabilidad presupuestaria que limitaba el déficit estructural al 0,4% del PIB y creaba una nueva entidad, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).


El déficit público se puede desagregar en un componente derivado del ciclo económico y en otro estructural. El primero se explica por las oscilaciones coyunturales que pueden aumentar el déficit en una recesión debido a la actuación de los ‘estabilizadores automáticos’, mecanismos incorporados a la estructura fiscal que elevan los gastos sociales cuando aumenta el paro o reducen la recaudación cuando caen los ingresos de hogares y empresas. El ‘déficit estructural’ sería aquél que correspondería a una situación de pleno empleo. También reflejaría de algún modo el posicionamiento fiscal del gobierno: la intención expansiva o contractiva de su política macroeconómica.


Esta reforma ha sido muy criticada por numerosos economistas que consideramos que es contraproducente porque fija un límite arbitrario al déficit del estado, porque impone un sesgo recesivo a la economía española y porque es inútil. Es arbitrario porque no hay justificación científica para decidir que el déficit estructural deba ser del 0,4 en porcentaje del PIB. No se encontrará en la bibliografía un estudio mínimamente serio que pueda justificar ese guarismo y por tanto solo se explica por haber sido seleccionado por un halcón del déficit.


Un límite tan bajo, de aplicarse en la práctica, llevaría a la economía española a una depresión perpetua. Sin una instancia federal europea con una capacidad de gasto significativa que pueda relevar a los estados nacionales de la responsabilidad de dirigir los ciclos económicos, le toca al gobierno español rellenar las brechas que periódicamente deja el sector privado en la demanda agregada. La reforma además crea inseguridad jurídica porque el propio concepto de déficit estructural es difícil de precisar. Depende de estimaciones que pueden variar según la metodología que se aplique para su cálculo, de tal forma que podrían existir tantas estimaciones como economistas se encuentren en la sala. Para empezar, los economistas “ortodoxos” toman como referencia del pleno empleo la NAIRU, la tasa no aceleradora de la inflación. La evidencia empírica sugiere que el vínculo entre inflación y empleo no es tan sencillo como pretenden estos economistas ortodoxos. ¡Pero la última revisión de la CE rebajó en 2015 la NAIRU española del 26,6% al 20,7% de la población activa! El empleo de tal criterio implicaría una sobreestimación del déficit estructural que aconsejaría a los policy makers la aplicación de medidas de consolidación fiscal fuertemente contractivas. Aspirar a alcanzar un déficit estructural del 0,4% —seguramente sobrestimado— abortaría prematuramente nuestra magra recuperación económica.


En tercer lugar, este concepto es inútil porque el déficit del estado depende de múltiples factores que escapan al control del gobierno. Por ejemplo, en la crisis iniciada en 2008 el sector privado español decidió reducir su endeudamiento para mejorar su posición financiera neta. Ante una dinámica de este tipo, que depende de la voluntad del sector privado, los empeños del sector público en equilibrar las cuentas públicas pueden acabar con una profundización perniciosa de la recesión. Porfiar en recortar el gasto público y aumentar los impuestos coincidiendo con una caída en la demanda del sector privado puede tener el efecto paradójico de que la recaudación caiga aún más y de que el déficit aumente en lugar de reducirse, como ocurrió durante la primera mitad del mandato de Rajoy.

Ilustración 1. Evolución de la capacidad (+) o necesidad (-) de financiación de las administraciones públicas, déficit estructural y crecimiento del PIB en volumen encadenado. El déficit creció durante la primera parte del mandato de Rajoy pese al empeño de reducir el déficit estructural causando una recaída en la recesión (en 2010 el PIB no varió tras dos años de caídas gracias al crecimiento del déficit público).  A partir de 2014 el gobierno empezó tímidamente a aumentar el déficit estructural lo que permitió una incipiente recuperación del PIB y una caída del componente cíclico del déficit. Fuente: elaboración propia a partir de datos publicados por el INE y la Comisión Europea.

Existe una percepción extendida de que la democracia está siendo anulada por la supremacía de las instituciones financieras y el sometimiento de la política a los “mercados”, instituciones que, lejos del modelo de competencia perfecta de la utopía librecambista, han creado una distopía dominada por grandes oligopolios y monopolios. Sin embargo existe menos conciencia de que, bajo una apariencia de proyecto supranacional democrático, la Unión Europea se está transformando en una ‘posdemocracia’ debido a la proliferación de agencias y autoridades no elegidas directamente, como la Comisión Europea o el Banco Central Europeo, que imponen límites a la soberanía popular tradicionalmente expresada y representada a través de los parlamentos.

El artículo 135 es una de las manifestaciones más extremas de la abolición de la voluntad popular porque impone límites irracionales y absurdos a la soberanía fiscal agravando la previa y todavía más grave pérdida de la soberanía monetaria. Menos conocido es que además ha creado una nueva entidad: la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Según su propia página web, la AIReF «tiene por objeto velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas como vía para asegurar el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad española a medio y largo plazo.» Esta afirmación resulta radicalmente falsa para muchos economistas y revela el credo ideológico de este ente. Un dogma neoliberal caracterizado por la fobia al gasto público, al que falsamente se le asignan los males de la inflación y fantasiosos efectos de ‘crowding out’ o desplazamiento del gasto e inversión del sector privado, inspira la creación de este nuevo e inútil ente cuyo coste podríamos ahorrarnos.

La AIReF está presidida actualmente por José Luis Escrivá Belmonte, que anteriormente ha sido consultor en organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o las Naciones Unidas y, además, ha sido director de la Oficina para las Américas, responsable de la División de Política Monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y director del Servicio de Estudios de BBVA, todas ellas instituciones conocidas por su sesgo neoliberal, su incapacidad manifiesta de prever la crisis económica y su reiterado compromiso con propuestas lesivas para el bienestar social de los países que han tenido la desgracia de verse sometidas a sus recomendaciones y dictámenes. Es imposible que una entidad presidida por alguien con este currículum actúe de forma “independiente”.

La web de la AIReF continúa explicando que «su misión es garantizar el cumplimiento efectivo por las Administraciones Públicas del principio de estabilidad presupuestaria previsto en el artículo 135 de la Constitución Española, mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario y del endeudamiento público.» Por ahora la labor de la AIReF se limita a «una evaluación continua del ciclo presupuestario, del endeudamiento público y un análisis de las previsiones económicas», es decir, a realizar tendenciosos informes sobre las cuentas públicas y el cumplimiento de los Programas de Estabilidad. Uno de sus primeros informes anunciaba que “la deuda de las administraciones públicas podría ser casi 30 puntos inferior de haberse aplicado la regla de gasto”, un contrafactual difícil de contrastar e improbable pues de haberse seguido esa política se habría abortado toda recuperación económica. Resulta perturbador y alarmante saber que una entidad dirigida por tecnócratas con un claro sesgo ideológico deban tenerse en cuenta para elaborar la legislación más importante en una democracia: los presupuestos generales del estado. Los primeros parlamentos europeos se crearon en la Edad Media y entre sus principales cometidos históricamente estaba la aprobación de nuevos impuestos, un hito en el camino hacia la democracia moderna. Son los parlamentos los que aprueban la estructura impositiva y validan las políticas fiscales del gobierno cuando aprueban los presupuestos del estado. Si una agencia “independiente” dirigida por tecnócratas puede condicionar este proceso entonces la pregunta que debemos hacernos es para qué queremos un parlamento. Sin darnos cuenta, pasito a pasito, las Cortes españolas se han convertido en una institución tan simbólica, costosa y ceremonial como la Corona.

Desde la Asociación para el Pleno Empleo y la Estabilidad de Precios tratamos de hacer comprender a la opinión pública que la política responsable, ante la grave situación que padece nuestro mercado laboral y el empobrecimiento de un tercio de la población, es aumentar el déficit y no entrar en una senda para reducirlo suavemente como nos piden desde Bruselas. La existencia de desempleo elevado es un síntoma de que el gasto agregado es demasiado pequeño. Si el sector privado no quiere gastar más entonces el desempleo es un síntoma de que el déficit fiscal es demasiado estrecho. El hecho de que el crecimiento económico experimentado en 2015 coincidiera con un incumplimiento flagrante del objetivo de déficit debería ser suficiente prueba empírica de cómo se ejecuta una política fiscal responsable. La “histeria de déficit” que se ha apoderado de las instituciones comunitarias y de gran parte de los dirigentes políticos en las últimas semanas se disfraza de política responsable. Vistos los catastróficos resultados sobre el empleo tras años de “virtuoso” comportamiento fiscal del estado español afirmamos que la reforma del artículo 135 y la creación de la AIReF son actos irresponsables. La reforma debe ser repelida y la autoridad suprimida a la mayor brevedad.

Vídeo de la presentación de Bill Mitchell en Badajoz

El economista australiano Bill Mitchell visita España

07 de mayo de 2016

Bill Mitchell, uno de los principales proponentes de la Teoría Monetaria Moderna (TMM), está realizando una gira por varias capitales españolas para presentar la versión en castellano de su libro, la Distopía del Euro: Pensamiento Gregario y Negación. El libro ha sido publicado en España por la editorial Lola Books fundada por el compañero de la Asociación por el Pleno Empleo y la Estabilidad de Precios (APEEP), Carlos García.

Esta obra describe con erudición el proceso que llevó a la integración monetaria europea a partir de la crisis del sistema fundado en Bretton Woods. Repasa los sucesivos intentos de crear mecanismos de tipos de cambio fijos que siempre acabaron fracasando. Mitchell describe cómo el proceso de integración monetaria, marcado por la intensa rivalidad franco alemana, fue evolucionando gradualmente desde un proyecto de inspiración keynesiana a otro monetarista. Los primeros estudios encargados por las Comunidades Económicas Europeas, recogidos en los informes Werner (1970) y McDougall (1977), consideraban que una unión monetaria sin unión fiscal no era viable. Sin embargo, el proyecto europeo se enfrentaba a la realidad de que los franceses no estaban dispuestos a renunciar a su soberanía fiscal y los alemanes tenían serias reticencias a renunciar a su moneda pues desconfiaban de los países del sur. Bajo la Comisión Delors, se ignoraron las conclusiones de los primeros informes y se propuso una unión monetaria sin unión fiscal. El desprecio de la función fiscal es uno de los rasgos más característicos del monetarismo. Los estados conservarían su poder fiscal y, para aplacar las inquietudes alemanas, se impusieron unas arbitrarias reglas fiscales que de facto incapacitarían a los estados para responder a una crisis. Mitchell analiza la senda que llevó a la crisis financiera global agudizada en la periferia europea por el fallido diseño de la moneda común y la inicua respuesta de la troika —la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Europeo— ante la crisis de deuda griega. Mitchell plantea tres soluciones a la situación de la zona euro: crear una unión fiscal plena, financiación monetaria directa del BCE a los estados o ruptura de la unión monetaria y concluye que solo ésta última es viable. El editor español ha reordenado los capítulos de forma que el lector se encuentra al principio del libro con las soluciones.

Bill Mitchell en la Universidad de Badajoz acompañado de activistas de la APEEP, profesores y estudiantes.

Bill Mitchell ha realizado sendas charlas en la sede del Club de Amigos de la UNESCO de Madrid (CAUM) y en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Badajoz donde fue presentado al público por representantes de la APEEP. En el acto de Madrid participó también el economista Eduardo Garzón. Estaba prevista también la participación de su hermano Alberto Garzón, dirigente de Unidad Popular, pero se interpuso el proceso de confluencia de su partido con PODEMOS para configurar una única candidatura de la izquierda que concurrirá a las elecciones de junio. En la Universidad de Badajoz el acto contó con las intervenciones del miembro de APEEP Esteban Cruz y del profesor José Manual Parejo, profesor de Historia del Pensamiento Económico.

Mitchell viaja ahora a Barcelona donde será presentado por Antoni Soy, profesor de Economía Aplicada de la Universitat de Barcelona. La siguiente parada es Valencia donde lo acompañarán Jorge Amar, presidente de la APEEP y Raúl de Arriba, profesor en la Facultad de Economía de la Universitat de València. Los madrileños tendrán una última oportunidad de conocer al autor en un acto en la sede de Attac España acompañado de Ricardo Zaldívar, presidente de Attac España, y Juan Laborda, profesor de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid.

En las presentaciones que realizó en Madrid y Badajoz Mitchell describe cómo en la élite europea se impuso una forma de pensamiento gregario impregnado de ideología neoliberal. Desmonta el mito tan querido por los neoliberales de que la austeridad puede producir crecimiento. Antes al contrario, la austeridad fiscal en una situación de caída del gasto privado solo puede resultar en una profundización de la recesión. Mitchell demuestra que ha sido la política fiscal expansiva del gobierno de Madrid, consentida hipócritamente por la Comisión Europea, la que explica el crecimiento del PIB a partir de 2013.

A continuación narra cómo el triunfo ideológico del monetarismo a partir de los años 70 del siglo pasado llevó al abandono de las políticas de pleno empleo ya que el desempleo pasó a ser una herramienta de la política macroeconómica al servicio de la redistribución de las rentas del trabajo al capital. El autor explicó como el BCE salvó al euro gracias a su programa de compra de títulos de deuda emitidos por los estados de la periferia europea. Sin embargo, las restricciones al espacio fiscal de los estados impiden una reactivación decidida de nuestras economías. Si bien una unión fiscal plena, con una instancia federal capaz de ejecutar decisiones de gasto que compensaran las caídas de la demanda privada en los territorios de la zona euro afectadas por un shock asimétrico, sería una solución teóricamente deseable y posible, considera que ésta no es viable en la Europa actual. Existen rivalidades nacionales, barreras idiomáticas y diferencias culturales que impiden hacer realidad esta opción. Por eso considera que la solución para estados como España es realizar una salida unilateral del euro. Aunque la salida tiene costes, el crecimiento económico se recuperaría muy rápidamente.

Desde sus primeras formulaciones monetaristas engendradas en guaridas académicas hasta el triunfo ideológico del paradigma neoliberal a lomos de la crisis petrolera pasaron tres décadas. El neoliberalismo ha agotado su recorrido al causar una grave crisis que ha erosionado la cohesión de nuestras sociedades. La TMM está formulando la respuesta urgente para reparar los daños que ha causado a nuestra sociedad. Lenta pero inexorablemente el mensaje de la TMM está calando en una sociedad castigada por la crisis que necesita otro paradigma.