Este artículo fue originalmente publicado en la sección Luces Rojas de InfoLibre el pasado 17 de diciembre de 2015.
Esteban Cruz Hidalgo y Stuart Medina Miltimore
Esteban Cruz Hidalgo y Stuart Medina Miltimore
Podemos surgió como la reacción de quienes han visto como su
estabilidad, aspiraciones e ilusiones se desvanecían con la crisis. Hoy se
erige como la instrumentalización de la indignación, una herramienta que aspira
a restituir y apuntalar los derechos individuales y colectivos que quienes
han gobernado hasta ahora no dudan en desmantelar en cuanto la economía se
tambalea. Tras leer su programa no tenemos dudas sobre los efectos multiplicadores
del gasto público que postulan con su “Plan
de Bienestar Social y Modernización Económica”. Supone un giro radical con
respecto a la afrenta de la austeridad impuesta al común de los ciudadanos. Pero
para salir de la “japonización” hace falta un “Plan
Marshall” que elevaría el déficit público al 8% del PIB si hiciere falta.
Podemos propone que nos quedemos a medio camino.
El partido morado nos inspira al
comienzo de su programa al sugerir que «solo
con más democracia podremos superar las crisis económica, social, institucional
y territorial que atraviesa España», pero esta afirmación nos parece débil
en cuanto vemos que el programa se ha construido siguiendo los principios de
finanzas saneadas. Celebramos que propongan eliminar los rígidos objetivos
cuantitativos de equilibrio presupuestario. A la derogación de la reforma del
artículo 135 de la Constitución Española añaden la negociación de la «flexibilización
de los objetivos de deuda y déficit para adaptarlos mejor a las necesidades de
cada país», un acuerdo que les permitiría disminuir más lentamente el déficit.
Pero, ¿por qué ajustarse a tales
objetivos presupuestarios dado que carecen de soporte científico, y son
absolutamente contraproducentes e inoperantes? A diferencia del debate público que
gira en torno a la arquitectura del euro allende los Pirineos, en España parece
que éste es un tema tabú, por lo que mentiríamos si dijésemos que nos extraña
tal fijación por el volumen de déficit incluso en un partido radical.
Nuestra primera objeción
es clara, ¿con la desviación del objetivo de déficit no se estaría abriendo la
puerta al chantaje de los mercados que, mediante el aumento de los tipos de
interés y del riesgo país, neutralizarían la voluntad democrática de las
naciones mientras el BCE asiste al linchamiento complacido y callado? En
Podemos parecen ser conscientes de ello, pues incluyen en su programa iniciativas
para democratizar la gobernanza de las instituciones europeas. Junto con la
reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ya mencionada, plantean avanzar
en una política fiscal común que garantice en todo el territorio europeo el
acceso a la sanidad, a la educación, a una vivienda social y a un seguro de
desempleo que complemente los sistemas nacionales; así como en la aplicación
estricta de la Carta Social Europea que logre erradicar la pobreza y la
exclusión infantil en Europa.
Desconocemos cómo pretenden financiar
el aumento del presupuesto de la Unión Europea que sugieren – del actual 1% del
PIB europeo a un 5% –, si bien se proponen cuestiones interesantes: la
introducción de un nivel garantizado de inversión pública para cada país que no
sea incluido en el cómputo del déficit nacional; la reforma de los estatutos
del Banco Central Europeo para que pueda actuar como prestamista en última
instancia de las autoridades fiscales; y
la compra por el BCE de toda la
deuda pública que exceda del 60% del PIB correspondiente a cada Estado,
sustituyendo los viejos títulos por otros nuevos al 0% de interés nominal, y
con el objetivo de mantenerlos a perpetuidad en su balance. Pero de nuevo,
nos preguntamos ¿por qué se ciñen a ese límite arbitrariamente fijado por el
Tratado de Maastricht en el 60?
Estas propuestas, que aplaudimos, distan
de poder enmarcarse dentro de unos principios de finanzas saneadas, pues
introducen – con evidentes rodeos – la posibilidad de los países de financiarse
a través del BCE directamente. Con un Banco Central Europeo al servicio
de los Estados el déficit público – y el pago de las pensiones – debería dejar
de ser una preocupación. Éste mantendría volúmenes de deuda en su balance que no
necesitarían ser redimidos. Permitiría a los gobiernos liberarse de las
restricciones financieras y no seguir las directrices impuestas por los
mercados, por una disciplina antidemocrática derivada de decisiones que tomaron
nuestros políticos antaño consciente o inconscientemente. Lamentablemente, esto
no es lo que proponen desde Podemos. El dominio ideológico del neoliberalismo aun
atenaza intelectualmente a los autores de los programas progresistas. La
izquierda europea ha olvidado – quizás por ser ignorados en las facultades de
economía – a economistas keynesianos como Abba Lerner, quien definió los principios de las finanzas funcionales
que prescriben que el déficit del Estado
debe ser tan amplio como sea necesario para asegurar el pleno empleo y la
estabilidad de precios.
Oprimidos por el actual orden
institucional de la Eurozona, el espacio fiscal en el cual operar para alcanzar
los objetivos propuestos se hace inevitablemente dependiente de la capacidad de
obtener los ingresos que estiman en su memoria económica. La confianza en la
capacidad del Estado para ganar la lucha contra el fraude y la elusión fiscal
nos parece excesiva, aunque no negamos que haya margen para mejorar en estos
aspectos. El programa de Podemos contiene medidas destinadas a ampliar los
recursos humanos y materiales para combatir la evasión fiscal, así como para acabar
con los diversos mecanismos existentes para pagar menos impuestos. Sin embargo no creemos que en la Europa de la libertad
de los movimientos de capitales sea posible tener éxito, al menos en un grado
importante, en propuestas encaminadas a limitar las pérdidas de tributación
asociadas a los precios de transferencia o las vinculadas al secreto bancario
que caracterizan a los paraísos fiscales. Esto disminuirá el espacio fiscal esbozado
por Podemos para las diversas actuaciones de su programa que quedaría en manos,
fundamentalmente, de su reforma tributaria.
Pese a todo, agradecemos
que Podemos haya hecho una reflexión sobre el proyecto de la moneda común más
profunda que la de otros partidos, exceptuando a Izquierda Unida. Si
consiguen convencer a los demás dirigentes europeos de financiar las diversas
áreas que buscan garantizar a través de una política fiscal común y poner a
funcionar al BCE, daríamos un gran paso adelante en la superación de una
arquitectura institucional que mantiene las políticas fiscal y monetaria
separadas. Pero nos preguntamos cómo van a conseguir tales reformas de
los Tratados en una Unión Monetaria integrada por 18 Estados, algunos de cuyos
gobernantes han prometido a sus electores que no habrá ni transferencias ni
mutualización de deuda. Cuando Merkel y
Schäuble digan “Nein” ¿cuál será el
plan B que evite la humillación que ya sufrió Syriza?
En cuanto a la modernización
económica, Podemos acierta al proponer
el abandono de la política de devaluación salarial como vía para promover una
mejora de la competitividad. Es el único de los cuatro partidos que llega
con opciones de gobernar al 20 de diciembre que no basa su análisis del
desempleo en consecuencias del mal funcionamiento del mercado laboral, sino en
el mercado de bienes y servicios por una demanda anémica que la bajada de
salarios contribuye a agudizar. Podemos plantea, junto a la derogación de las
dos reformas laborales de los últimos años, introducir un nuevo marco laboral
que desincentive el empleo a tiempo parcial, incrementar los recursos
destinados a acabar con el fraude en la contratación, y reequilibrar la
negociación colectiva agrupando todas las empresas que tengan un alto grado de
dependencia sobre la empresa principal en una misma unidad de negociación.
Además incluyen dos medidas que tendrán una implantación progresiva: una
jornada laboral máxima de 35 horas semanales y
un aumento del salario mínimo interprofesional hasta 14 pagas de 800
euros al mes.
No nos convence el programa de renta
complementaria a trabajadores con baja remuneración que incluye también el
programa de Ciudadanos, analizado en este mismo espacio hace unos días. Una empresa que no puede soportar salarios
dignos probablemente no aporte valor añadido a la sociedad y debería
desaparecer. Las políticas deben ir
orientadas a la creación de empleo de calidad y no a la perpetuación de “trampas de pobreza”. Por parecidas
razones tampoco nos entusiasman, salvo que se plantearan como medidas de muy
corta duración,
los mecanismos para impulsar la flexibilidad interna de las empresas
ante cambios en la demanda, básicamente mediante la reducción de jornadas de
trabajo que se verían compensadas en términos salariales por el Estado. También
tememos que el programa de Renta
Garantizada perpetúe situaciones de pobreza y marginación con una mísera ayuda
de 600 € al mes. Creemos que mantendría los efectos individuales perniciosos a
los que se enfrenta una persona que no encuentra trabajo: desmotivación,
ansiedad y pérdida de capacitación profesional o cuanto menos, del potencial
uso de sus capacidades para contribuir con su esfuerzo a la riqueza social y su
realización personal.
Hay un sector que Podemos sí propone
liderar creando empleo en los diferentes ámbitos que ocupa, un más que
necesario cambio de modelo productivo fundamentado principalmente en la
transición energética a las energías renovables y el impulso a la investigación
y a la innovación. Destacamos aquí el
Plan Nacional de Ahorro Energético y el Plan Nacional de Energías Renovables,
con importantes efectos en el resto de sectores productivos y actividades.
También creemos importante la iniciativa de negociar una reforma de la Política
Agraria Común para una orientación estratégica hacia la soberanía alimentaria
basada en criterios de diversificación, sostenibilidad, economía social y
familia.
En el aspecto del fomento y apoyo a la
innovación consideramos muy positivo que el Estado sea el facilitador de redes,
clusters y espacios para dinamizar el
emprendimiento, la transmisión del conocimiento y la mutualización de recursos,
siguiendo la línea de programas que ya existen. Sin embargo, las PYMES son
empresas que cuentan con recursos muy limitados para el objetivo que se les
atribuye, por lo que creemos conveniente desmitificar el papel de éstas en la
economía como dinamizadoras de la misma y demás palabrería. Dado que el
elemento fundamental de la innovación es la incertidumbre, creemos que el Estado
puede y debe adoptar un papel más activo siendo el promotor de estos sistemas
de innovación, asumiendo los riegos que las innovaciones radicales necesitan
y que los agentes privados evitan mientras no aparezcan los mercados que les
aporten la rentabilidad esperada para llevarlas a cabo.
Por último, no podemos dejar sin
mención otras propuestas que valoramos favorablemente como: el etiquetado ético con el fin de identificar las huellas
ecológica y social de los productos y la compra pública ética; el fomento de
las cooperativas facilitando los procesos de transformación de empresas en
crisis; las sanciones reales y efectivas a quienes incumplan la Ley de
Morosidad; el establecimiento de cuotas justas para los autónomos en función de
su rendimiento neto para quienes facturen por encima del SMI y un alta gratuita
para aquellos que lo hagan por debajo; la separación plena de la banca comercial
y la banca de inversión; la creación de una banca pública dedicada a fomentar
el desarrollo y servir de un banco seguro de depósitos; la conversión del
llamado banco malo en un parque público de viviendas en alquiler; o la apuesta
por las cláusulas sociales para el acceso a los concursos públicos.
En definitiva, tenemos una limitada
confianza sobre el poder de la administración para obtener los recursos que Podemos
destinaría a financiar las diferentes medidas de gasto que se incluyen en el
programa. Tal preocupación por el lado de los ingresos se podría evitar con
cambios en la arquitectura del euro que tímidamente abordan, pero que dependen
de actores externos y en gran medida, de las articulaciones entre el poder
económico y político. Por otro lado, —en el ámbito de la innovación lo pequeño
no es hermoso— debemos ser conscientes del papel del Estado para hacer que las
cosas ocurran. Desarrollar y llevar al debate público tales cuestiones requiere
una importante pedagogía que nivele la balanza de la hegemonía cultural e
ideológica. No vale solo con sacar a los representantes de las grandes empresas
de las instituciones democráticas. Como bien advirtió el célebre economista
Paul Samuelson alguna vez: “No me importa
quién escriba las leyes de una nación o conciba sus tratados complejos mientras
a mí me dejen escribir sus manuales de economía”. La batalla electoral del
20D solo es un comienzo, el cambio no puede venir desprovisto de firmes
convicciones en materia económica. Hace falta algo más que sonrisas.
Esteban
Cruz Hidalgo es Licenciado en
Economía y Máster en Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas,
especialidad Economía, Empresa y Trabajo. Miembro da ATTAC Extremadura, del
Instituto de Economía Política y Humana y de La Asociación por el Pleno Empleo
y la Estabilidad de Precios.
Stuart
Medina Miltimore es
vicepresidente de la Asociación por el Pleno Empleo y la Estabilidad de
Precios. Además es economista y MBA por la Darden School de la Unversidad de
Virginia. Acumula más de 30 años de experiencia profesional en los sectores de
material eléctrico, TIC y biotecnología. Fundó en 2003 la consultora MetasBio
desde la que ha asesorado a numerosas empresas de diversos sectores.
